Presentamos algunas anomalías que se han hecho públicas y otras que se han denunciado en relación a actos de corrupción. Se incluyen el millonario subsidio al transporte público de pasajeros que presta un pésimo servicio, el Sistema Penitenciario que beneficia a reos y extorsiona, los fideicomisos que son concebidos para no ser fiscalizables, compras por excepción evadiendo la Ley de Compras y Contrataciones que harían más transparente las adquisiciones, entre otros, son verdaderos focos de corrupción por el sistema que han utilizado para estafar al Estado.
Los últimos meses han sido diferentes en Guatemala, la exigencia popular y la labor de instituciones de la cadena de justicia han evidenciado el grado de corrupción que abarca a altos funcionarios. El caso emblema y que más ha impactado es el conocido como “La Línea”, que ha involucrado al expresidente Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti que se vieron obligados a renunciar a sus cargos, perder su inmunidad y someterse a la justicia.
Seleccionamos, entre muchos, diez ejemplos de corrupción que las autoridades de justicia deben investigar o profundizar en la investigación, para castigar a los funcionarios y particulares que resulten responsables del saqueo al Estado.
Obra gris
En el presupuesto 2015, el CIV dispone de Q 3 mil 072 millones administrados por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). El 87 por ciento del presupuesto total, unos Q 2 mil 929 millones, son para la construcción de carreteras y cualquier otra clase de obras que se programen para el año. El resto es para equipamiento. Una denuncia de la diputada Nineth Montenegro indica que se pierde un 20% en corrupción en sobreprecio y mala ejecución.
Una de las acciones más difíciles de auditar es el dragado de ríos, situación considerada como fuente de corrupción con contratos onerosos que, por lo regular, son adjudicados a los financistas de los gobiernos de turno.
En 2013 Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, describió que se trata de contratos atractivos ante la falta de supervisión independiente y confiable. Opinión que coincide con la del analista Phillip Chicola quien manifestó que existe la “sobrevaloración de obra gris y la contratación de dragados sin auditoría”. Lo anterior se debe a que las empresas que supervisan las obras en mención carecen de imparcialidad porque responden en varias ocasiones a los intereses de las mismas empresas.
Fideicomisos
En el país no existe una ley específica para regular una figura legal (proveniente del ámbito mercantil), por lo que las entidades estatales comenzaron a utilizar un mecanismo paralelo de gasto público y que se conoce como fideicomiso, lo que origina falta de transparencia. La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha solicitado su supresión o que se utilice apegado a lo que establece la ley, es decir para los fondos sociales.
Lo anterior es el uso que hacen de esta figura por parte de las municipalidades, por ejemplo la Metropolitana y la de Chinautla, cuyo ingreso a dichas cuentas no es permitido debido a que los recursos están en manos de la banca privada. Razón por la cual la CGC ha solicitado eliminar los fideicomisos porque el manejo de los recursos públicos no son discrecionales por la falta de fiscalización.
Subsidio al transporte público
Para nadie es un secreto que el subsidio al transporte de pasajeros urbanos es un foco de corrupción, sin una fiscalización profunda de los fondos que se le otorgan año con año a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU). En el presupuesto aprobado para ejercicio fiscal del 2015 se establece que el subsidio para el transporte urbano es de Q35 millones. Sin embargo también se establece una partida presupuestaria adicional de Q1.9 millardos del Ministerio de Comunicaciones, de los cuales se trasladarán Q400 millones para transportistas, en total serán Q435 millones. Para el 2012 se aprobó un aporte de Q210 millones a los empresarios del transporte y en 2013 fueron Q245 millones, que también estuvieron vigentes este año. Millones otorgados a un servicio deficiente y obsoleto.
Trata de personas
De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estado Unidos el Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, sobre todo la ilegal que entra a su territorio.
Si bien las autoridades reportaron la identificación este año de 570 posibles víctimas, no informaron cuántas fueron utilizados para explotación sexual, cuántas para el tráfico de mano de obra, o cuántas fueron víctimas de adopciones ilegales. La mayoría son mujeres y niños.
Este negocio es muy rentable ya que cobran miles de dólares a cada persona para trasladarlas de forma ilegal desde países centroamericanos hacia Estados Unidos. También se evidencia la participación de la autoridades de migración ya que se sabe del trasiego de ciudadanos chinos y árabes que cuentan con documentación guatemalteca.
Contratos por excepción
Durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina se hicieron numerosos contratos por excepción, recibiendo severas críticas por la falta de transparencia de estas contrataciones. El Ministerio de Gobernación (Mingob) fue el que más contratos por excepción realizó en la compra de armamento para la Policía Nacional Civil (PNC), comida para los privados de libertad, la construcción de las cárceles, entre otros. Sin embargo no fue el único ministerio que utilizó esta figura.
En el terremoto y el sismo de mayor magnitud que afectó el occidente del país en 2013 también fue utilizada la compra por excepción. Durante el primer Estado de Calamidad el Gobierno invirtió Q1,138.1 millones, sin que aún se termine la reconstrucción de los daños.
Mientras que para atender la emergencia suscitada por la prolongada sequía el Gobierno ha solicitado Q110 millones mensuales para seis meses; tres de este año y tres del próximo, lo que suma Q660 millones. De esa cuenta el gobierno del Partido Patriota (PP) estaría invirtiendo en los estados de calamidad Q1,798.1 millones sin fiscalización .
El negocio de las videocámaras
El arrendamiento por excepción, con opción a compra, de sistemas de vigilancia fue contratado para el departamento de Guatemala y sus municipios, así como la cabecera de Escuintla por Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años.
Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Migración
Otra dependencia del Mingob que podría tener actos de corrupción es la Dirección General de Migración. Un contrato que se pidió cancelar por parte de la CGC es el adjudicado el año pasado por Migracion a favor de Security Assistance Group, S.A. por US$109.7 millones (unos Q878 millones) para optimizar el sistema de control migratorio, entre otros contratos que han puesto en duda la transparencia.
Presidios
Oliva es acusado por el MP y la CICIG de dirigir una red que ganaba dinero por medio del traslado ilegal de reos en cárceles del país. Actualmente guarda prisión y por este caso se le sumaron los delitos de asociación ilícita, uso de terminales móviles, tráfico de influencias y lavado de dinero. Junto al militar retirado también se encuentran procesados otras ocho personas, entre ellas el exsubdirector del Sistema Penitenciario Eddy Fischer y la conviviente de Lima Oliva, Alejandra Reyes.
Medicinas
Se ha evidenciado la vigencia del contrato abierto que le da al Estado la opción de adquirir medicamentos a un precio más alto que el del mercado, según denunció la diputada Nineth Montenegro. Por el momento aún no se hace efectiva una renegociación de dicho convenio, ya que solamente se prolonga con las mismas condiciones y con las mismas empresas proveedoras de medicamentos para el Estado. Este tipo de contratación ha favorecido a financistas de gobiernos, tal como lo denunció en uno de sus informes la CICIG que pone de ejemplo a Gustavo Alejos, socio de la Droguería J I Cohen.
Además de las denuncias de medicamentos sobrevalorados en el sistema en mención más la subcontratación de servicios médicos de mala calidad, se ejemplifica también en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la contratación del servicio de la Droguería PISA, S.A., para atender a enfermos renales que costó la vida de 17 personas por la mala atención. Estos son algunos de los aspectos que empañan el sistema de salud guatemalteco.
Deportes
El uso discrecional de recursos en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) para sus directivos para viajes y dietas en contraposición con la escasez de apoyo a los deportistas y el impulso a las disciplinas respectivas también preocupa a un sector de la población.
Recientemente se reportó la presencia de algunos delitos en la rama deportiva y la fiscal Thelma Aldana anunció que solicitará una auditoría a la CGC para investigar las denuncias presentadas en la Federación Nacional de Fútbol.
En el Ministerio de Cultura y Deportes también se denunciaron compras consideradas anómalas en pelotas, zapatos y uniformes, situación que valió un proceso en contra del exministro Carlos Batzín.
Presentamos algunas anomalías que se han hecho públicas y otras que se han denunciado en relación a actos de corrupción. Se incluyen el millonario subsidio al transporte público de pasajeros que presta un pésimo servicio, el Sistema Penitenciario que beneficia a reos y extorsiona, los fideicomisos que son concebidos para no ser fiscalizables, compras por excepción evadiendo la Ley de Compras y Contrataciones que harían más transparente las adquisiciones, entre otros, son verdaderos focos de corrupción por el sistema que han utilizado para estafar al Estado.
Los últimos meses han sido diferentes en Guatemala, la exigencia popular y la labor de instituciones de la cadena de justicia han evidenciado el grado de corrupción que abarca a altos funcionarios. El caso emblema y que más ha impactado es el conocido como “La Línea”, que ha involucrado al expresidente Otto Pérez Molina y la ex Vicepresidenta Roxana Baldetti que se vieron obligados a renunciar a sus cargos, perder su inmunidad y someterse a la justicia.
Seleccionamos, entre muchos, diez ejemplos de corrupción que las autoridades de justicia deben investigar o profundizar en la investigación, para castigar a los funcionarios y particulares que resulten responsables del saqueo al Estado.
Obra gris
En el presupuesto 2015, el CIV dispone de Q 3 mil 072 millones administrados por la Dirección General de Caminos y la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). El 87 por ciento del presupuesto total, unos Q 2 mil 929 millones, son para la construcción de carreteras y cualquier otra clase de obras que se programen para el año. El resto es para equipamiento. Una denuncia de la diputada Nineth Montenegro indica que se pierde un 20% en corrupción en sobreprecio y mala ejecución.
Una de las acciones más difíciles de auditar es el dragado de ríos, situación considerada como fuente de corrupción con contratos onerosos que, por lo regular, son adjudicados a los financistas de los gobiernos de turno.
En 2013 Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, describió que se trata de contratos atractivos ante la falta de supervisión independiente y confiable. Opinión que coincide con la del analista Phillip Chicola quien manifestó que existe la “sobrevaloración de obra gris y la contratación de dragados sin auditoría”. Lo anterior se debe a que las empresas que supervisan las obras en mención carecen de imparcialidad porque responden en varias ocasiones a los intereses de las mismas empresas.
Fideicomisos
En el país no existe una ley específica para regular una figura legal (proveniente del ámbito mercantil), por lo que las entidades estatales comenzaron a utilizar un mecanismo paralelo de gasto público y que se conoce como fideicomiso, lo que origina falta de transparencia. La Contraloría General de Cuentas (CGC) ha solicitado su supresión o que se utilice apegado a lo que establece la ley, es decir para los fondos sociales.
Lo anterior es el uso que hacen de esta figura por parte de las municipalidades, por ejemplo la Metropolitana y la de Chinautla, cuyo ingreso a dichas cuentas no es permitido debido a que los recursos están en manos de la banca privada. Razón por la cual la CGC ha solicitado eliminar los fideicomisos porque el manejo de los recursos públicos no son discrecionales por la falta de fiscalización.
Subsidio al transporte público
Para nadie es un secreto que el subsidio al transporte de pasajeros urbanos es un foco de corrupción, sin una fiscalización profunda de los fondos que se le otorgan año con año a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU). En el presupuesto aprobado para ejercicio fiscal del 2015 se establece que el subsidio para el transporte urbano es de Q35 millones. Sin embargo también se establece una partida presupuestaria adicional de Q1.9 millardos del Ministerio de Comunicaciones, de los cuales se trasladarán Q400 millones para transportistas, en total serán Q435 millones. Para el 2012 se aprobó un aporte de Q210 millones a los empresarios del transporte y en 2013 fueron Q245 millones, que también estuvieron vigentes este año. Millones otorgados a un servicio deficiente y obsoleto.
Trata de personas
De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estado Unidos el Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, sobre todo la ilegal que entra a su territorio.
Si bien las autoridades reportaron la identificación este año de 570 posibles víctimas, no informaron cuántas fueron utilizados para explotación sexual, cuántas para el tráfico de mano de obra, o cuántas fueron víctimas de adopciones ilegales. La mayoría son mujeres y niños.
Este negocio es muy rentable ya que cobran miles de dólares a cada persona para trasladarlas de forma ilegal desde países centroamericanos hacia Estados Unidos. También se evidencia la participación de la autoridades de migración ya que se sabe del trasiego de ciudadanos chinos y árabes que cuentan con documentación guatemalteca.
Contratos por excepción
Durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina se hicieron numerosos contratos por excepción, recibiendo severas críticas por la falta de transparencia de estas contrataciones. El Ministerio de Gobernación (Mingob) fue el que más contratos por excepción realizó en la compra de armamento para la Policía Nacional Civil (PNC), comida para los privados de libertad, la construcción de las cárceles, entre otros. Sin embargo no fue el único ministerio que utilizó esta figura.
En el terremoto y el sismo de mayor magnitud que afectó el occidente del país en 2013 también fue utilizada la compra por excepción. Durante el primer Estado de Calamidad el Gobierno invirtió Q1,138.1 millones, sin que aún se termine la reconstrucción de los daños.
Mientras que para atender la emergencia suscitada por la prolongada sequía el Gobierno ha solicitado Q110 millones mensuales para seis meses; tres de este año y tres del próximo, lo que suma Q660 millones. De esa cuenta el gobierno del Partido Patriota (PP) estaría invirtiendo en los estados de calamidad Q1,798.1 millones sin fiscalización .
El negocio de las videocámaras
El arrendamiento por excepción, con opción a compra, de sistemas de vigilancia fue contratado para el departamento de Guatemala y sus municipios, así como la cabecera de Escuintla por Q1,802 millones 992 mil 578 y por un periodo de 5 años.
Del total de los contratos son 7 mil 316 cámaras de video utilizadas para estos sistemas de vigilancia y tienen un precio de Q428.7 millones por arrendamiento de las mismas, en el mismo periodo. Sin embargo, esta cantidad tiene una sobrevaloración de Q184.7 millones lo que significa un 75% del precio real.
Migración
Otra dependencia del Mingob que podría tener actos de corrupción es la Dirección General de Migración. Un contrato que se pidió cancelar por parte de la CGC es el adjudicado el año pasado por Migracion a favor de Security Assistance Group, S.A. por US$109.7 millones (unos Q878 millones) para optimizar el sistema de control migratorio, entre otros contratos que han puesto en duda la transparencia.
Presidios
Oliva es acusado por el MP y la CICIG de dirigir una red que ganaba dinero por medio del traslado ilegal de reos en cárceles del país. Actualmente guarda prisión y por este caso se le sumaron los delitos de asociación ilícita, uso de terminales móviles, tráfico de influencias y lavado de dinero. Junto al militar retirado también se encuentran procesados otras ocho personas, entre ellas el exsubdirector del Sistema Penitenciario Eddy Fischer y la conviviente de Lima Oliva, Alejandra Reyes.
Medicinas
Se ha evidenciado la vigencia del contrato abierto que le da al Estado la opción de adquirir medicamentos a un precio más alto que el del mercado, según denunció la diputada Nineth Montenegro. Por el momento aún no se hace efectiva una renegociación de dicho convenio, ya que solamente se prolonga con las mismas condiciones y con las mismas empresas proveedoras de medicamentos para el Estado. Este tipo de contratación ha favorecido a financistas de gobiernos, tal como lo denunció en uno de sus informes la CICIG que pone de ejemplo a Gustavo Alejos, socio de la Droguería J I Cohen.
Además de las denuncias de medicamentos sobrevalorados en el sistema en mención más la subcontratación de servicios médicos de mala calidad, se ejemplifica también en el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la contratación del servicio de la Droguería PISA, S.A., para atender a enfermos renales que costó la vida de 17 personas por la mala atención. Estos son algunos de los aspectos que empañan el sistema de salud guatemalteco.
Deportes
El uso discrecional de recursos en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) para sus directivos para viajes y dietas en contraposición con la escasez de apoyo a los deportistas y el impulso a las disciplinas respectivas también preocupa a un sector de la población.
Recientemente se reportó la presencia de algunos delitos en la rama deportiva y la fiscal Thelma Aldana anunció que solicitará una auditoría a la CGC para investigar las denuncias presentadas en la Federación Nacional de Fútbol.
En el Ministerio de Cultura y Deportes también se denunciaron compras consideradas anómalas en pelotas, zapatos y uniformes, situación que valió un proceso en contra del exministro Carlos Batzín.