EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La presión social que recibió el Ejecutivo hace algunos meses ahora se ha trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo que los magistrados agilicen los procesos de antejuicios en contra de la clase política involucrada en actos ilícitos. La ciudadanía espera respuestas prontas de quienes administran la justicia en Guatemala.
Muchos han sido los actores que solicitan a las autoridades de la administración de justicia, la celeridad de los procesos en que se encuentran involucrados, diputados, alcaldes, vicepresidencianles y otros.
Ante estas presiones, la CSJ emitió un comunicado y advirtió que “no tolerará injerencias directas o indirectas de ningún otro Organismo de Estado o autoridad nacional o internacional”, sobre su obligación de administrar justicia, tal como lo garantizan los artículos 141 y 203 de la Constitución Política.
Los magistrados aseguran que resolverán de forma imparcial y objetiva, bajo ningún tipo de presión, por lo que “el soberano pueblo de Guatemala puede tener la certeza de que se está trabajando por la justicia, base fundamental del Estado Derecho”.
Además, indica que el OJ y la CSJ apoyan los esfuerzos de la Asociación de Jueces y Magistrados y “de todas aquellas instituciones que luchan contra la corrupción”.
Sin embargo, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, dice que la experiencia ha demostrado que tanto la Corte de Constitucionalidad (CC) y CSJ manipulan políticamente los tiempos procesales, de tal manera que no sería de extrañar que resuelvan casos de candidaturas en algunos casos procedentes y otras improcedentes fuera del tiempo. “Es decir, cuando ya es irreversible el resultado de las elecciones”.
Según Orellana, cabe analizar dos circunstancias: la primera de ellas es el incumplimiento del tribunal por el retardo de la administración de justicia, en este caso electoral. La segunda de tipo político, porque ellos (CSJ) estarían contribuyendo a que los candidatos que tienen esos procesos abiertos y que eventualmente resulten electos prácticamente carezcan de legitimidad.
Por su parte, Juan Carlos Carrera, de la Asociación de Investigaciones de Estudios Sociales (Asies), también contempla dos planteamientos; por un lado el jurídico, con los antejuicios planteados y el lado político, que afecta la imagen de los candidatos cuestionados y que puede repercutir en el resultado de las elecciones.
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, indica que existe una gran preocupación sobre el actuar de los magistrados de la CSJ. La ciudadanía confía en que las autoridades responsables de los procesos judiciales cumplan su responsabilidad pronta, principalmente en los antejuicios de candidatos a elección popular.
Según la activista, esto significa que los candidatos a elección popular no cumplen con las características básicas que establece la Constitución Política de la República, como requisitos mínimos para optar a un cargo público establecido en el artículo 113.
Fuentes respeta que toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, y las personas pueden ser acusadas sin haber sido declaradas culpables y para ese efecto se esperaría que la CSJ abra cuanto antes los procesos de antejuicio y que los candidatos señalados sean investigados de manera rápida para que los guatemaltecos no vayan a las urnas con la incertidumbre sobre las denuncias.
Orellana refiere que los magistrados de las dos cortes deberían tener la “consciencia” que si van a jugar políticamente con los tiempos procesales, “estarán sembrando la estaca donde después los puedan sentar”.
Magistrados deben cumplir con su deber
En relación a la presión social que se trasladó a la CSJ, el constitucionalista dice que no se trata de imponer al tribunal que deba resolver en determinada forma, porque para eso “los botamos a sombrerazos y nos vamos a la justicia popular”.
El punto es hacer presión para que los magistrados entiendan que ellos deben cumplir con su deber y resolver conforme a y en tiempo conforme a derecho. “De qué nos sirve si resuelven que un candidato si puede ser inscrito cuando ya pasó la fecha de las elecciones. Eso, en realidad, es un fraude procesal, porque están limpiando su responsabilidad pero en el fondo políticamente están favoreciendo a una corriente que ellos propician”, puntualiza.
De acuerdo con Fuentes, si todos los miembros de las cortes han manifestado que resolverán de manera independiente, se esperaría que den con lugar a los procesos de antejuicios planteados a todos los candidatos de los partidos mayoritarios que los eligieron cuando se realizó la elección de magistrados en el pleno de Congreso de la República.
“Los magistrados al momento de ser juramentados ya no tienen ninguna relación con los diputados que los eligieron, ellos se deben a la Constitución y al Organismo Judicial, debiendo cumplir con independencia el trabajo que se les ha encomendado”, agrega la activista.
Carrera refiere que la CSJ está obligada a fundamentar todos sus fallos y que estos sean resueltos en el ejercicio de la independencia judicial. En ese sentido, la obligación que tienen es el valorar las pruebas que han sido presentadas y con base a esto, valorar si proceden o no los procesos de antejuicios.
Además, dice que cuando se habla de independencia, los magistrados de la CSJ están obligados a actuar sin presiones que podrían recibir de otras instituciones y sobre de quienes los eligieron, que hoy en día se encuentran en situaciones comprometedoras, porque se evidenció que fue un proceso de elección que estuvo viciado.
Resta credibilidad
De acuerdo a Orellana, esta situación afecta el proceso de elecciones porque le va restando credibilidad y merma la confianza de la ciudadanía, pero en este momento la responsabilidad recae en los tribunales que tienen la última palabra.
Refiere que todas las Leyes tienen establecido ciertos tiempos en los procesos para que se resuelvan, pero gran parte de las estrategias que siguen los abogados defensores o los propios tribunales es crear incidentes que paralicen el proceso precisamente para consumir el tiempo y en otros casos argumentando que el caso es difícil, “un retraso malicioso de la Ley”.
Fuentes indica que los tiempos de la justicia suelen ser un poco largos, pero que los magistrados deben entender con toda certeza que este momento estos casos son una prioridad y que es algo para lo cual se tiene muy poco tiempo.
Tramitan antejuicios a tres diputados
Recientemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron dar trámite a los antejuicios planteados en contra de los diputados Mario Yanes Guerra, representante del departamento de Petén; Mirza Arreaga y Luis Chávez, del departamento de Huehuetenango.
Los tres parlamentarios del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), son señalados por los entes de investigación por buscar beneficios personales con contratos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como plazas fantasmas. Las pruebas presentadas son los videos grabados por el titular de la cartera del Mides Leonel Rodríguez.
Con relación a estos procesos la activista Helen Mack de la Fundación Mirna Mack refirió que se le está dando trámite a antejuicios a “diputados gatos”, sin embargo a aquellos diputados que tiene un rol importante como ya se evidencio en el caso de “Lavado y Política”, como el proceso en contra de los diputados Mario Rivera, Jaime Martínez Lohayza, los hermanos Edgar y Manuel Barquín siguen sin conocerse.
“La prueba de fuego esta puesta en la CSJ” para resolver los procesos de antejuicio, sin que exista ningún interés de por medio, para que las resoluciones sean apegadas a derecho dice la activista.
La presión social que recibió el Ejecutivo hace algunos meses ahora se ha trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo que los magistrados agilicen los procesos de antejuicios en contra de la clase política involucrada en actos ilícitos. La ciudadanía espera respuestas prontas de quienes administran la justicia en Guatemala.
Muchos han sido los actores que solicitan a las autoridades de la administración de justicia, la celeridad de los procesos en que se encuentran involucrados, diputados, alcaldes, vicepresidencianles y otros.
Ante estas presiones, la CSJ emitió un comunicado y advirtió que “no tolerará injerencias directas o indirectas de ningún otro Organismo de Estado o autoridad nacional o internacional”, sobre su obligación de administrar justicia, tal como lo garantizan los artículos 141 y 203 de la Constitución Política.
Los magistrados aseguran que resolverán de forma imparcial y objetiva, bajo ningún tipo de presión, por lo que “el soberano pueblo de Guatemala puede tener la certeza de que se está trabajando por la justicia, base fundamental del Estado Derecho”.
Además, indica que el OJ y la CSJ apoyan los esfuerzos de la Asociación de Jueces y Magistrados y “de todas aquellas instituciones que luchan contra la corrupción”.
Sin embargo, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, dice que la experiencia ha demostrado que tanto la Corte de Constitucionalidad (CC) y CSJ manipulan políticamente los tiempos procesales, de tal manera que no sería de extrañar que resuelvan casos de candidaturas en algunos casos procedentes y otras improcedentes fuera del tiempo. “Es decir, cuando ya es irreversible el resultado de las elecciones”.
Según Orellana, cabe analizar dos circunstancias: la primera de ellas es el incumplimiento del tribunal por el retardo de la administración de justicia, en este caso electoral. La segunda de tipo político, porque ellos (CSJ) estarían contribuyendo a que los candidatos que tienen esos procesos abiertos y que eventualmente resulten electos prácticamente carezcan de legitimidad.
Por su parte, Juan Carlos Carrera, de la Asociación de Investigaciones de Estudios Sociales (Asies), también contempla dos planteamientos; por un lado el jurídico, con los antejuicios planteados y el lado político, que afecta la imagen de los candidatos cuestionados y que puede repercutir en el resultado de las elecciones.
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, indica que existe una gran preocupación sobre el actuar de los magistrados de la CSJ. La ciudadanía confía en que las autoridades responsables de los procesos judiciales cumplan su responsabilidad pronta, principalmente en los antejuicios de candidatos a elección popular.
Según la activista, esto significa que los candidatos a elección popular no cumplen con las características básicas que establece la Constitución Política de la República, como requisitos mínimos para optar a un cargo público establecido en el artículo 113.
Fuentes respeta que toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, y las personas pueden ser acusadas sin haber sido declaradas culpables y para ese efecto se esperaría que la CSJ abra cuanto antes los procesos de antejuicio y que los candidatos señalados sean investigados de manera rápida para que los guatemaltecos no vayan a las urnas con la incertidumbre sobre las denuncias.
Orellana refiere que los magistrados de las dos cortes deberían tener la “consciencia” que si van a jugar políticamente con los tiempos procesales, “estarán sembrando la estaca donde después los puedan sentar”.
Magistrados deben cumplir con su deber
En relación a la presión social que se trasladó a la CSJ, el constitucionalista dice que no se trata de imponer al tribunal que deba resolver en determinada forma, porque para eso “los botamos a sombrerazos y nos vamos a la justicia popular”.
El punto es hacer presión para que los magistrados entiendan que ellos deben cumplir con su deber y resolver conforme a y en tiempo conforme a derecho. “De qué nos sirve si resuelven que un candidato si puede ser inscrito cuando ya pasó la fecha de las elecciones. Eso, en realidad, es un fraude procesal, porque están limpiando su responsabilidad pero en el fondo políticamente están favoreciendo a una corriente que ellos propician”, puntualiza.
De acuerdo con Fuentes, si todos los miembros de las cortes han manifestado que resolverán de manera independiente, se esperaría que den con lugar a los procesos de antejuicios planteados a todos los candidatos de los partidos mayoritarios que los eligieron cuando se realizó la elección de magistrados en el pleno de Congreso de la República.
“Los magistrados al momento de ser juramentados ya no tienen ninguna relación con los diputados que los eligieron, ellos se deben a la Constitución y al Organismo Judicial, debiendo cumplir con independencia el trabajo que se les ha encomendado”, agrega la activista.
Carrera refiere que la CSJ está obligada a fundamentar todos sus fallos y que estos sean resueltos en el ejercicio de la independencia judicial. En ese sentido, la obligación que tienen es el valorar las pruebas que han sido presentadas y con base a esto, valorar si proceden o no los procesos de antejuicios.
Además, dice que cuando se habla de independencia, los magistrados de la CSJ están obligados a actuar sin presiones que podrían recibir de otras instituciones y sobre de quienes los eligieron, que hoy en día se encuentran en situaciones comprometedoras, porque se evidenció que fue un proceso de elección que estuvo viciado.
Resta credibilidad
De acuerdo a Orellana, esta situación afecta el proceso de elecciones porque le va restando credibilidad y merma la confianza de la ciudadanía, pero en este momento la responsabilidad recae en los tribunales que tienen la última palabra.
Refiere que todas las Leyes tienen establecido ciertos tiempos en los procesos para que se resuelvan, pero gran parte de las estrategias que siguen los abogados defensores o los propios tribunales es crear incidentes que paralicen el proceso precisamente para consumir el tiempo y en otros casos argumentando que el caso es difícil, “un retraso malicioso de la Ley”.
Fuentes indica que los tiempos de la justicia suelen ser un poco largos, pero que los magistrados deben entender con toda certeza que este momento estos casos son una prioridad y que es algo para lo cual se tiene muy poco tiempo.
Tramitan antejuicios a tres diputados
Recientemente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron dar trámite a los antejuicios planteados en contra de los diputados Mario Yanes Guerra, representante del departamento de Petén; Mirza Arreaga y Luis Chávez, del departamento de Huehuetenango.
Los tres parlamentarios del partido Libertad Democrática Renovada (Lider), son señalados por los entes de investigación por buscar beneficios personales con contratos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), así como plazas fantasmas. Las pruebas presentadas son los videos grabados por el titular de la cartera del Mides Leonel Rodríguez.
Con relación a estos procesos la activista Helen Mack de la Fundación Mirna Mack refirió que se le está dando trámite a antejuicios a “diputados gatos”, sin embargo a aquellos diputados que tiene un rol importante como ya se evidencio en el caso de “Lavado y Política”, como el proceso en contra de los diputados Mario Rivera, Jaime Martínez Lohayza, los hermanos Edgar y Manuel Barquín siguen sin conocerse.
“La prueba de fuego esta puesta en la CSJ” para resolver los procesos de antejuicio, sin que exista ningún interés de por medio, para que las resoluciones sean apegadas a derecho dice la activista.
