EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La nueva solicitud de antejuicio contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue interpuesta anta la Corte Suprema de Justicia por la fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Publico por incumplimiento de deberes, contaminación y contravención de medidas sanitarias.
De acuerdo con el ente investigador, el proceso inició en el 2013 por una denuncia presentada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), entidad que recomendaba el cierre del rastro municipal ubicado en la finca San Rafael, en la 28 calle “B”, lote 13 de Jocotales, Chinautla, el cual no cumple con las condiciones de higiene básicas para el procesamiento de carne y por ende los productos allí procesados no eran aptos para el consumo humano.
Luego del análisis jurídico los fiscales determinaron que el alcalde Medrano incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, contaminación y contravención de medidas sanitarias.
Ese mismo año, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió un dictamen que recomendaba el cierre de dicho rastro, sin embargo, el mismo no se hizo efectivo por otro dictamen del Ministerio de Salud, que no permitió la clausura.
La petición de este martes de un antejuicio contra Medrano se suma a la planteada ayer por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que acusan al jefe edil de asociación ilícita, frauda, concusión y lavado de dinero y otros activos. Según la investigación, la familia de Medrano se habría beneficiado de fondos de la municipalidad por unos Q40 millones.
La nueva solicitud de antejuicio contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, fue interpuesta anta la Corte Suprema de Justicia por la fiscalía de Delitos Contra el Ambiente del Ministerio Publico por incumplimiento de deberes, contaminación y contravención de medidas sanitarias.
De acuerdo con el ente investigador, el proceso inició en el 2013 por una denuncia presentada por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), entidad que recomendaba el cierre del rastro municipal ubicado en la finca San Rafael, en la 28 calle “B”, lote 13 de Jocotales, Chinautla, el cual no cumple con las condiciones de higiene básicas para el procesamiento de carne y por ende los productos allí procesados no eran aptos para el consumo humano.
Luego del análisis jurídico los fiscales determinaron que el alcalde Medrano incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes, contaminación y contravención de medidas sanitarias.
Ese mismo año, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación emitió un dictamen que recomendaba el cierre de dicho rastro, sin embargo, el mismo no se hizo efectivo por otro dictamen del Ministerio de Salud, que no permitió la clausura.
La petición de este martes de un antejuicio contra Medrano se suma a la planteada ayer por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que acusan al jefe edil de asociación ilícita, frauda, concusión y lavado de dinero y otros activos. Según la investigación, la familia de Medrano se habría beneficiado de fondos de la municipalidad por unos Q40 millones.
