EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los contratos de servicios son negocios millonarios que en varias ocasiones pueden estar vinculados con funcionarios de gobierno quienes usan su posición para beneficiarse de los recursos del Estado.
Ese es el caso de la empresa de seguridad privada Grupo Escorpión S.A., vinculada a Miguel Ángel Martínez, subsecretario de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), que en tan solo cuatro años del Gobierno del Partido Patriota (PP) ha obtenido contratos millonarios por la prestación del servicio de sus servicios.
En varias notas de prensa se vincula a Martínez con la empresa en mención, tras haber dirigido dicha compañía entre 2002 y 2008, fungiendo como administrador único y se reporta que también es el principal accionista de la entidad. Republica.gt buscó la versión del subsecretario al respecto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. En su oficina su secretaria informó que devolverían la llamada, algo que al cierre de esta nota no ocurrió.
[quote_box_center]De acuerdo con el portal de compras del Estado, Guatecompras, Grupo Escorpión, se ha beneficiado desde el 2005 con 98 contratos para la prestación del servicio de seguridad privada a dependencias del Estado por un total de Q120.2 millones, sin embargo, es en el Gobierno actual en donde obtiene la mayor cantidad de contratos adjudicados.[/quote_box_center]
Renzo Rosal, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL) señaló que el tráfico de influencias no es nada nuevo, pero queda claro que en esta gestión de gobierno, en ciertas áreas, se incrementó de manera escandalosa.
El entrevistado manifestó que la seguridad está entre estos temas, y allí hay diversos puntos de convergencia, “por una lado, este gobierno fue el que planteó la oferta de seguridad que al amparo de esa prioridad se vale hacer de todo incluyendo ese tipo de anomalías, que contraviene el espíritu de querer fortalecer la institucionalidad”, indicó.
Desde 2012, a Grupo Escorpión se le adjudicó 72 contratos con un valor total de Q82.2 millones. Mientras que durante seis años que también ha prestado el servicio a las dependencias del Estado solamente obtuvo la adjudicación de 26 contratos con un total de Q38.03 millones.
[quote_box_center]Según Rosal estos servicios no se justifican, los montos y las formas en las que se llegaron a estos contratos están llenos de anomalías, pudieron haber sido adjudicados por excepción o alterar las bases de licitación y orientarlas hacia cierto nombre y apellido. “Ese tipo de cosas han terminado de enturbiar la gestión del actual presidente” dice el analista.[/quote_box_center]
Grupo Escorpión le ha prestado servicios de seguridad al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), el Registro de Información Catastral (RIC), Crédito Hipotecario Nacional (CHN), la Empresaria Portuaria Quetzal (EPQ) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), entre otros, concursos en donde aparece como el oferente con el precio más elevado y a quien se les ha adjudicado dichos contratos.
En la administración del presidente Álvaro Colom (2008-2011), dicha empresa logró durante los cuatro años de Gobierno contratos por Q36.2 millones, sin embargo durante esta administración ascendió y fue favorecido hasta el momento con más de Q82.2 millones según el portal Guatecompras.
De acuerdo con Rosal, las empresas de seguridad privada se han convertido por lo general en reductos de mafias y estructuras criminales, que no solamente es para socavar los recursos del Estado sino para poder incrementar las acciones criminales.
Lo mismo ocurre con la prestación de servicios de limpieza a entidades públicas, donde figura la empresa Cleanomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, vinculada al diputado del Partido Patriota (PP), Édgar Cristiani, la cual se ha beneficiado con 407 contratos adjudicados por un monto de Q81.3 millones.
[quote_box_center]Al igual que el Grupo Escorpión, según Guatecompras, Cleonomatic durante los cuatro años de este Gobierno se le han adjudicado 247 contratos con un valor total de Q50.1 millones. Mientras que en cinco años desde el 2007 le fueron adjudicados 160 contratos por un total de Q31.2 millones.[/quote_box_center]
Cleanomatic le ha prestado servicio mayormente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social( IGSS) y a los Ministerios de Educación (Mineduc), Economía, Cultura y Deportes, Finanzas y Relaciones Exteriores.
En declaraciones anteriores el legislador indicó que lo vinculan con esta compañía debido a que fue Gerente General de la entidad hasta el 2010, cuando renunció. “No tengo ninguna vinculación con esa empresa, renuncié hace cuatro años. Me están vinculando porque no tienen cómo generar noticia”, dijo el congresista.
“Queda claro que en estos casos no solamente es hacer negocios con el Estado, sino además de cumplir con funciones públicas, como subsecretario y diputado, por lo tanto operar desde el propio Estado. Son dos ejemplos concretos aunque no los únicos, del tipo de descalabro que este Gobierno ha planteado” agregó Rosal.
Otros casos
Otro ejemplo de cómo se puede vulnerar el presupuesto de algunas dependencias del Estado, son los procedimientos vertidos en acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP en contra del diputado Pedro Muadi, señalado de haberse apropiado de Q630 mil, dinero que estaba destinado para el pago de 15 agentes de seguridad.
Supuestamente, Claudia Bolaños, secretaria de la empresa, endosaba cheques provenientes de los salarios de empleados a nombre de P.S.E., empresa de Muadi, por un monto de Q8 mil. No obstante, los agentes de seguridad únicamente recibían Q2 mil. P.S.E, S.A. cobraba los salarios de los “escoltas contratados”.
De acuerdo con Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el grupo delictivo integrado por funcionarios del Congreso estaba organizado con el fin de sustraer fondos públicos y por este caso fueron capturados Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi Meléndez, y José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad del diputado, por los delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita.
Según Thelma Aldana, fiscal general, se abrieron 15 cuentas para los agentes de seguridad, quienes ganaban Q5 mil mensuales más Q3 mil de fondos del Congreso. Esta investigación se llevó a cabo luego de una denuncia presentada por la organización Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
Rosal finalizó con que el contubernio de las autoridades públicas es enorme, y de esto no ha dicho nada la Contraloría General de Cuentas (CGC), las instituciones a las que se les prestó el servicio o el Partido Patriota (PP) como estructura partidaria responsable de esto.
En el caso de Libertad Democrática Renovada (Lider), principal partido opositor y con probabilidades de ganar las elecciones presidenciales, recibió Q6.9 millones de empresas ligadas con financistas vinculados al Estado, entre estos, la empresa Pisa que tenía contratos con el Seguro Social.
El diputado Baudilio Hichos, quien perteneciera a las filas de Lider, también se benefició de un contrato con el Estado, al rentar un edificio de su propiedad al IGSS y se benefició de esos contratos con Q24 mil mensuales durante dos años y tres meses, razón por la que también es investigado a raíz de denuncias presentadas por el MP y la CICIG.
Rosal finalizó con que el contubernio de las autoridades públicas es enorme. “Son ejemplos concretos aunque no los únicos, del tipo de descalabro que este Gobierno ha planteado”, concluyó.
Los contratos de servicios son negocios millonarios que en varias ocasiones pueden estar vinculados con funcionarios de gobierno quienes usan su posición para beneficiarse de los recursos del Estado.
Ese es el caso de la empresa de seguridad privada Grupo Escorpión S.A., vinculada a Miguel Ángel Martínez, subsecretario de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), que en tan solo cuatro años del Gobierno del Partido Patriota (PP) ha obtenido contratos millonarios por la prestación del servicio de sus servicios.
En varias notas de prensa se vincula a Martínez con la empresa en mención, tras haber dirigido dicha compañía entre 2002 y 2008, fungiendo como administrador único y se reporta que también es el principal accionista de la entidad. Republica.gt buscó la versión del subsecretario al respecto. Sin embargo, no se obtuvo respuesta. En su oficina su secretaria informó que devolverían la llamada, algo que al cierre de esta nota no ocurrió.
[quote_box_center]De acuerdo con el portal de compras del Estado, Guatecompras, Grupo Escorpión, se ha beneficiado desde el 2005 con 98 contratos para la prestación del servicio de seguridad privada a dependencias del Estado por un total de Q120.2 millones, sin embargo, es en el Gobierno actual en donde obtiene la mayor cantidad de contratos adjudicados.[/quote_box_center]
Renzo Rosal, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL) señaló que el tráfico de influencias no es nada nuevo, pero queda claro que en esta gestión de gobierno, en ciertas áreas, se incrementó de manera escandalosa.
El entrevistado manifestó que la seguridad está entre estos temas, y allí hay diversos puntos de convergencia, “por una lado, este gobierno fue el que planteó la oferta de seguridad que al amparo de esa prioridad se vale hacer de todo incluyendo ese tipo de anomalías, que contraviene el espíritu de querer fortalecer la institucionalidad”, indicó.
Desde 2012, a Grupo Escorpión se le adjudicó 72 contratos con un valor total de Q82.2 millones. Mientras que durante seis años que también ha prestado el servicio a las dependencias del Estado solamente obtuvo la adjudicación de 26 contratos con un total de Q38.03 millones.
[quote_box_center]Según Rosal estos servicios no se justifican, los montos y las formas en las que se llegaron a estos contratos están llenos de anomalías, pudieron haber sido adjudicados por excepción o alterar las bases de licitación y orientarlas hacia cierto nombre y apellido. “Ese tipo de cosas han terminado de enturbiar la gestión del actual presidente” dice el analista.[/quote_box_center]
Grupo Escorpión le ha prestado servicios de seguridad al Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), el Registro de Información Catastral (RIC), Crédito Hipotecario Nacional (CHN), la Empresaria Portuaria Quetzal (EPQ) y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), entre otros, concursos en donde aparece como el oferente con el precio más elevado y a quien se les ha adjudicado dichos contratos.
En la administración del presidente Álvaro Colom (2008-2011), dicha empresa logró durante los cuatro años de Gobierno contratos por Q36.2 millones, sin embargo durante esta administración ascendió y fue favorecido hasta el momento con más de Q82.2 millones según el portal Guatecompras.
De acuerdo con Rosal, las empresas de seguridad privada se han convertido por lo general en reductos de mafias y estructuras criminales, que no solamente es para socavar los recursos del Estado sino para poder incrementar las acciones criminales.
Lo mismo ocurre con la prestación de servicios de limpieza a entidades públicas, donde figura la empresa Cleanomatic de Guatemala, Sociedad Anónima, vinculada al diputado del Partido Patriota (PP), Édgar Cristiani, la cual se ha beneficiado con 407 contratos adjudicados por un monto de Q81.3 millones.
[quote_box_center]Al igual que el Grupo Escorpión, según Guatecompras, Cleonomatic durante los cuatro años de este Gobierno se le han adjudicado 247 contratos con un valor total de Q50.1 millones. Mientras que en cinco años desde el 2007 le fueron adjudicados 160 contratos por un total de Q31.2 millones.[/quote_box_center]
Cleanomatic le ha prestado servicio mayormente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social( IGSS) y a los Ministerios de Educación (Mineduc), Economía, Cultura y Deportes, Finanzas y Relaciones Exteriores.
En declaraciones anteriores el legislador indicó que lo vinculan con esta compañía debido a que fue Gerente General de la entidad hasta el 2010, cuando renunció. “No tengo ninguna vinculación con esa empresa, renuncié hace cuatro años. Me están vinculando porque no tienen cómo generar noticia”, dijo el congresista.
“Queda claro que en estos casos no solamente es hacer negocios con el Estado, sino además de cumplir con funciones públicas, como subsecretario y diputado, por lo tanto operar desde el propio Estado. Son dos ejemplos concretos aunque no los únicos, del tipo de descalabro que este Gobierno ha planteado” agregó Rosal.
Otros casos
Otro ejemplo de cómo se puede vulnerar el presupuesto de algunas dependencias del Estado, son los procedimientos vertidos en acusaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP en contra del diputado Pedro Muadi, señalado de haberse apropiado de Q630 mil, dinero que estaba destinado para el pago de 15 agentes de seguridad.
Supuestamente, Claudia Bolaños, secretaria de la empresa, endosaba cheques provenientes de los salarios de empleados a nombre de P.S.E., empresa de Muadi, por un monto de Q8 mil. No obstante, los agentes de seguridad únicamente recibían Q2 mil. P.S.E, S.A. cobraba los salarios de los “escoltas contratados”.
De acuerdo con Iván Velásquez, jefe de la CICIG, el grupo delictivo integrado por funcionarios del Congreso estaba organizado con el fin de sustraer fondos públicos y por este caso fueron capturados Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi Meléndez, y José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad del diputado, por los delitos de peculado por sustracción y asociación ilícita.
Según Thelma Aldana, fiscal general, se abrieron 15 cuentas para los agentes de seguridad, quienes ganaban Q5 mil mensuales más Q3 mil de fondos del Congreso. Esta investigación se llevó a cabo luego de una denuncia presentada por la organización Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
Rosal finalizó con que el contubernio de las autoridades públicas es enorme, y de esto no ha dicho nada la Contraloría General de Cuentas (CGC), las instituciones a las que se les prestó el servicio o el Partido Patriota (PP) como estructura partidaria responsable de esto.
En el caso de Libertad Democrática Renovada (Lider), principal partido opositor y con probabilidades de ganar las elecciones presidenciales, recibió Q6.9 millones de empresas ligadas con financistas vinculados al Estado, entre estos, la empresa Pisa que tenía contratos con el Seguro Social.
El diputado Baudilio Hichos, quien perteneciera a las filas de Lider, también se benefició de un contrato con el Estado, al rentar un edificio de su propiedad al IGSS y se benefició de esos contratos con Q24 mil mensuales durante dos años y tres meses, razón por la que también es investigado a raíz de denuncias presentadas por el MP y la CICIG.
Rosal finalizó con que el contubernio de las autoridades públicas es enorme. “Son ejemplos concretos aunque no los únicos, del tipo de descalabro que este Gobierno ha planteado”, concluyó.
