EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En las entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la República, Alejandro
Giammattei, del partido Fuerza, expone sobre el tema de seguridad.
¿Cuáles son sus planes en materia de seguridad?
A los problemas hay que entrarles de fondo. Este Gobierno, al igual que muchos, ha apostado que la seguridad se combate con más policías. ¿Cuántos van por la noche y los para una radiopatrulla y se sienten contentos de haber sido detenidos? ¿Cuántos no miran al agente y se preguntan qué les sacará? La estructura de la Policía Nacional Civil (PNC) está mal porque se ha ido degenerando con el tiempo, no hay concepto de servir a la ciudadanía. Únicamente se busca llenar una necesidad.
Para cambiar el concepto que se ha ganado dicha institución no hay soluciones mágicas, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Como todo en este país, para lograr reformas, debemos iniciar procesos que tengan lógica.
No se trata de militarizar la policía, sino de darle una estructura para mantener la disciplina y control de la institución. Además, lograríamos oficiales de carrera que, si desean llegar a un mando, deben cumplir con los requisitos necesarios.
¿Le daría seguimiento a la reforma policial?
No, porque nos costado Q40 millones anuales en los últimos cuatro Gobiernos. ¿Qué hemos reformado? Nada. Con la reforma policial tratamos de hacer lo mismo con una estructura que no funciona. Además, no tenemos siquiera definido el perfil del policía, mucho menos el de un oficial.
Para que una fuerza policial pueda funcionar adecuadamente, se necesita personal administrativo y, este, no debe conformarse por agentes, como sucede actualmente: más de 4 mil – que deberían estar en la calle – ejercen este tipo de labores. Además, debe haber personal operativo, las fuerzas especiales, que deben ser los comandos dedicados a perseguir los ocho crímenes que más padecemos los guatemaltecos, y – finalmente – una policía regional.
¿Qué es lo primero que le pasa a un policía de Jutiapa cuando llega de servicio a Totonicapán? Diarrea, porque la comida es totalmente distinta; problemas idiomáticos, porque el lenguaje es distinto. Tenemos que regionalizar a la policía. Ahora podemos aprovechar el momento para que la población sea la garante y vigilante para que los procesos que inicien no den marcha atrás.
¿Cómo se logra todo esto cuando hay un déficit en el presupuesto de Gobernación?
Seamos honestos, Q1 mil 400 millones en unas cámaras que están sobrevaloradas en un 75 por ciento; pretender hacer una cárcel en la Granja Penal Canadá de Q1 mil millones para 5 mil presos, cuando se dice que cada plancha cuesta Q5 mil es un precio de una casa por preso: con ese tipo de negocios el presupuesto nunca va alcanzar. Gastamos Q365 millones en contratos de asesoría en el Ministerio de Gobernación, el ministro tiene 40 asesores. Nunca va alcanzar el dinero, menos si se lo “clavan” o no lo utilizan en lo que se debería.
Por eso, al privilegiar la carrera, se les permite que tengan una vida digna y que hagan su trabajo de forma correcta. Ahora vemos a los policías como personas de segunda categoría, por la falta de credibilidad, pero con esto podría cambiarse por completo el concepto de seguridad pública.
¿Cuál es su opinión de las fuerzas combinadas?
Desvestir un santo para vestir a otro. Terminamos viendo policías que chupan a la par de los soldados, y llevamos 15 años de fuerzas combinadas. ¿Han servido? Son cuatro gobiernos. El papel del Ejército está completamente delimitado en la Constitución.
El tema aquí es cuánto nos cuesta la seguridad ciudadana, cuánto nos cuestan las fuerzas combinadas; el Ejército no se menea si el Ministerio de Gobernación no le da. La lógica con la que se ha gobernado no es la correcta. Para salir adelante, se debe planificar.
¿Qué harán en el tema del narcotráfico y crimen organizado?
Algo que nadie se atrevería hacer: no ser parte de la estructura desde la campaña, porque de lo contrario sucede lo mismo que con los Gobiernos pasados. Ellos llevan una lista de a quiénes deben proteger y otra de a quiénes perseguir, para consolidar estructuras. De frente, se combatirá al narcotráfico con tareas de las fuerzas especiales.
Por otro lado, yo no le llamaría guerra: vamos a perseguirlos, como se debe perseguir a los extorsionadores. Tenemos la capacidad de solicitar asistencia para combatir un trasiego. Guatemala exporta armas, drogas y gente. Hay combatir al crimen organizado en todas sus expresiones, ese es un deber del Estado. Además, el Gobierno no debe ser parte del crimen ni recibir financiamiento de este; no hay soluciones mágicas, lo que se debe es hacer un trabajo constante y sin temor.
¿Cuál es su opinión de la legalización de las drogas como una alternativa de combate al narcotráfico?
Debe ser “chilero” para un drogadicto vivir en Holanda. En Amsterdam puede comprar lo que quiera, pero Holanda ocupa el tercer lugar en desarrollo humano. El grado de escolaridad de un holandés es de 14.6 años, en Guatemala es de tres en los hombres y dos en las mujeres. ¿Legalizar las drogas disminuirá la violencia? No lo creo.
Para esto deberíamos contar con centros de salud, lugares que funcionen como un “spa para drogadictos”, con música ambiental, su liga y su jeringa, “chilero”. Pero aquí la gente aún muere de diarrea, no hay sales suficientes para tratarlos. Legalizar nos costaría dinero y, hablemos de realidad, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Los niveles de ignorancia y falta de cultura de nuestra población provocarían problemas de seguridad y no contamos con los recursos necesarios.
Hablar de lagalización sin ver los otros problemas es una irresponsabilidad.
¿Cómo ve la ampliación del mandato de la CICIG?
La CICIG debe cumplir con su papel y esto no es la denuncia, sino los resultados de la investigación y de un proceso de judicialización. Si cumple con ese proceso de investigación y judicialización, se demostrará que tiene una razón de ser.
¿Cómo retomar el control de las cárceles?
Es más fácil que sea parte del negocio. Se dice que en este país quien no salpica, se hunde. Y el Sistema Penitenciario es un clásico: usted está en contra o es parte del sistema, no hay medias tintas. Han pasado ocho ministros de Gobernación y el reglamento que le da vida a la Ley todavía no ha sido aprobado, está hecho desde el 2007.
Al sistema no le conviene porque es una ley que persigue la discrecionalidad en el manejo de los presos y de los jueces de ejecución. Esta obliga a que el Estado estudie el perfil criminal de cada uno y de esta cuenta, sea ubicado en la cárcel. Hay gente que cae por un delito y cuando uno hace los estudios psicológicos, los niveles de psicopatías son altísimos.
En las notas adjuntas, la postura de Alejandro Giammattei, en las áreas de política y economía.
En las entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la República, Alejandro
Giammattei, del partido Fuerza, expone sobre el tema de seguridad.
¿Cuáles son sus planes en materia de seguridad?
A los problemas hay que entrarles de fondo. Este Gobierno, al igual que muchos, ha apostado que la seguridad se combate con más policías. ¿Cuántos van por la noche y los para una radiopatrulla y se sienten contentos de haber sido detenidos? ¿Cuántos no miran al agente y se preguntan qué les sacará? La estructura de la Policía Nacional Civil (PNC) está mal porque se ha ido degenerando con el tiempo, no hay concepto de servir a la ciudadanía. Únicamente se busca llenar una necesidad.
Para cambiar el concepto que se ha ganado dicha institución no hay soluciones mágicas, no es algo que se pueda resolver de la noche a la mañana. Como todo en este país, para lograr reformas, debemos iniciar procesos que tengan lógica.
No se trata de militarizar la policía, sino de darle una estructura para mantener la disciplina y control de la institución. Además, lograríamos oficiales de carrera que, si desean llegar a un mando, deben cumplir con los requisitos necesarios.
¿Le daría seguimiento a la reforma policial?
No, porque nos costado Q40 millones anuales en los últimos cuatro Gobiernos. ¿Qué hemos reformado? Nada. Con la reforma policial tratamos de hacer lo mismo con una estructura que no funciona. Además, no tenemos siquiera definido el perfil del policía, mucho menos el de un oficial.
Para que una fuerza policial pueda funcionar adecuadamente, se necesita personal administrativo y, este, no debe conformarse por agentes, como sucede actualmente: más de 4 mil – que deberían estar en la calle – ejercen este tipo de labores. Además, debe haber personal operativo, las fuerzas especiales, que deben ser los comandos dedicados a perseguir los ocho crímenes que más padecemos los guatemaltecos, y – finalmente – una policía regional.
¿Qué es lo primero que le pasa a un policía de Jutiapa cuando llega de servicio a Totonicapán? Diarrea, porque la comida es totalmente distinta; problemas idiomáticos, porque el lenguaje es distinto. Tenemos que regionalizar a la policía. Ahora podemos aprovechar el momento para que la población sea la garante y vigilante para que los procesos que inicien no den marcha atrás.
¿Cómo se logra todo esto cuando hay un déficit en el presupuesto de Gobernación?
Seamos honestos, Q1 mil 400 millones en unas cámaras que están sobrevaloradas en un 75 por ciento; pretender hacer una cárcel en la Granja Penal Canadá de Q1 mil millones para 5 mil presos, cuando se dice que cada plancha cuesta Q5 mil es un precio de una casa por preso: con ese tipo de negocios el presupuesto nunca va alcanzar. Gastamos Q365 millones en contratos de asesoría en el Ministerio de Gobernación, el ministro tiene 40 asesores. Nunca va alcanzar el dinero, menos si se lo “clavan” o no lo utilizan en lo que se debería.
Por eso, al privilegiar la carrera, se les permite que tengan una vida digna y que hagan su trabajo de forma correcta. Ahora vemos a los policías como personas de segunda categoría, por la falta de credibilidad, pero con esto podría cambiarse por completo el concepto de seguridad pública.
¿Cuál es su opinión de las fuerzas combinadas?
Desvestir un santo para vestir a otro. Terminamos viendo policías que chupan a la par de los soldados, y llevamos 15 años de fuerzas combinadas. ¿Han servido? Son cuatro gobiernos. El papel del Ejército está completamente delimitado en la Constitución.
El tema aquí es cuánto nos cuesta la seguridad ciudadana, cuánto nos cuestan las fuerzas combinadas; el Ejército no se menea si el Ministerio de Gobernación no le da. La lógica con la que se ha gobernado no es la correcta. Para salir adelante, se debe planificar.
¿Qué harán en el tema del narcotráfico y crimen organizado?
Algo que nadie se atrevería hacer: no ser parte de la estructura desde la campaña, porque de lo contrario sucede lo mismo que con los Gobiernos pasados. Ellos llevan una lista de a quiénes deben proteger y otra de a quiénes perseguir, para consolidar estructuras. De frente, se combatirá al narcotráfico con tareas de las fuerzas especiales.
Por otro lado, yo no le llamaría guerra: vamos a perseguirlos, como se debe perseguir a los extorsionadores. Tenemos la capacidad de solicitar asistencia para combatir un trasiego. Guatemala exporta armas, drogas y gente. Hay combatir al crimen organizado en todas sus expresiones, ese es un deber del Estado. Además, el Gobierno no debe ser parte del crimen ni recibir financiamiento de este; no hay soluciones mágicas, lo que se debe es hacer un trabajo constante y sin temor.
¿Cuál es su opinión de la legalización de las drogas como una alternativa de combate al narcotráfico?
Debe ser “chilero” para un drogadicto vivir en Holanda. En Amsterdam puede comprar lo que quiera, pero Holanda ocupa el tercer lugar en desarrollo humano. El grado de escolaridad de un holandés es de 14.6 años, en Guatemala es de tres en los hombres y dos en las mujeres. ¿Legalizar las drogas disminuirá la violencia? No lo creo.
Para esto deberíamos contar con centros de salud, lugares que funcionen como un “spa para drogadictos”, con música ambiental, su liga y su jeringa, “chilero”. Pero aquí la gente aún muere de diarrea, no hay sales suficientes para tratarlos. Legalizar nos costaría dinero y, hablemos de realidad, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Los niveles de ignorancia y falta de cultura de nuestra población provocarían problemas de seguridad y no contamos con los recursos necesarios.
Hablar de lagalización sin ver los otros problemas es una irresponsabilidad.
¿Cómo ve la ampliación del mandato de la CICIG?
La CICIG debe cumplir con su papel y esto no es la denuncia, sino los resultados de la investigación y de un proceso de judicialización. Si cumple con ese proceso de investigación y judicialización, se demostrará que tiene una razón de ser.
¿Cómo retomar el control de las cárceles?
Es más fácil que sea parte del negocio. Se dice que en este país quien no salpica, se hunde. Y el Sistema Penitenciario es un clásico: usted está en contra o es parte del sistema, no hay medias tintas. Han pasado ocho ministros de Gobernación y el reglamento que le da vida a la Ley todavía no ha sido aprobado, está hecho desde el 2007.
Al sistema no le conviene porque es una ley que persigue la discrecionalidad en el manejo de los presos y de los jueces de ejecución. Esta obliga a que el Estado estudie el perfil criminal de cada uno y de esta cuenta, sea ubicado en la cárcel. Hay gente que cae por un delito y cuando uno hace los estudios psicológicos, los niveles de psicopatías son altísimos.
En las notas adjuntas, la postura de Alejandro Giammattei, en las áreas de política y economía.
