Anyely Liseth Hernández Rodríguez fue secuestrada el 3 de noviembre del 2006 en el patio de su vivienda, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa. Luego fue entregada en adopción a una familia extranjera con documentos falsos por la supuesta madre, a través de la Asociación Primavera.
Por este caso, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó en 2011 a la abogada Alma Beatriz Valle Flores a 21 años y cuatro meses de prisión, y a Enriqueta Francisca Noriega Cano a 16 años de cárcel, por participar en la adopción irregular de la niña.
Por el caso, en este nuevo proceso, después de varias semanas de debate, el Tribunal halló culpables a ocho acusados luego de analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y les impuso las siguientes penas y delitos:
A Susana Luarca Saracho, directora de la Asociación Primavera, se le imputaron 18 años y ocho meses de prisión por los delitos de trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsos. Se le inhabilitó para ejercer como abogada.
Mientras que Mario Fernando Peralta Castañeda, exjuez de la Niñez y la Adolescencia del departamento de Escuintla, a cuatro años de prisión por el delito de prevaricato. Se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el cumplimiento de la sentencia.
A Sandra Noemí Maldonado Velásquez de Chajón (supuesta madre), tiene que purgar 16 años y ocho meses de prisión por los delitos de trata de personas, asociación ilícita, supresión y alteración del estado civil, usurpación del estado civil, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
Asimismo, a Raúl Ticún Urías, el mandatario judicial de los padres adoptivos de la niña, a ocho años de cárcel por el delito de trata de personas. Se le inhabilitó para ejercer como notario.
También el notario Saúl Vinicio García Rivera, a cuatro años de prisión conmutable por el delito de trámite irregular de adopción en grado de tentativa. Se le impuso una multa de Q33 mil 303 e inhabilitación para ejercer como notario durante el cumplimiento de la sentencia.
Mairena Liseth Ríos Trujillo, exabogada de la Procuraduría General de la Nación, a tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público.
A César Augusto Galicia Prera, exabogado de la Procuraduría General de la Nación, también tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público.
Por su parte, José Marco Tulio España Sánchez, exabogado de la Procuraduría General de la Nación, a tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público. El abogado César Augusto Trujillo López fue absuelto.
El Tribunal ordenó la activación del sistema de alerta Alba-Keneth internacional para la ubicación de la niña.
Anyely Liseth Hernández Rodríguez fue secuestrada el 3 de noviembre del 2006 en el patio de su vivienda, ubicada en el municipio de San Miguel Petapa. Luego fue entregada en adopción a una familia extranjera con documentos falsos por la supuesta madre, a través de la Asociación Primavera.
Por este caso, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó en 2011 a la abogada Alma Beatriz Valle Flores a 21 años y cuatro meses de prisión, y a Enriqueta Francisca Noriega Cano a 16 años de cárcel, por participar en la adopción irregular de la niña.
Por el caso, en este nuevo proceso, después de varias semanas de debate, el Tribunal halló culpables a ocho acusados luego de analizar las pruebas aportadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y les impuso las siguientes penas y delitos:
A Susana Luarca Saracho, directora de la Asociación Primavera, se le imputaron 18 años y ocho meses de prisión por los delitos de trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsos. Se le inhabilitó para ejercer como abogada.
Mientras que Mario Fernando Peralta Castañeda, exjuez de la Niñez y la Adolescencia del departamento de Escuintla, a cuatro años de prisión por el delito de prevaricato. Se le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el cumplimiento de la sentencia.
A Sandra Noemí Maldonado Velásquez de Chajón (supuesta madre), tiene que purgar 16 años y ocho meses de prisión por los delitos de trata de personas, asociación ilícita, supresión y alteración del estado civil, usurpación del estado civil, falsedad ideológica y uso de documentos falsificados.
Asimismo, a Raúl Ticún Urías, el mandatario judicial de los padres adoptivos de la niña, a ocho años de cárcel por el delito de trata de personas. Se le inhabilitó para ejercer como notario.
También el notario Saúl Vinicio García Rivera, a cuatro años de prisión conmutable por el delito de trámite irregular de adopción en grado de tentativa. Se le impuso una multa de Q33 mil 303 e inhabilitación para ejercer como notario durante el cumplimiento de la sentencia.
Mairena Liseth Ríos Trujillo, exabogada de la Procuraduría General de la Nación, a tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público.
A César Augusto Galicia Prera, exabogado de la Procuraduría General de la Nación, también tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público.
Por su parte, José Marco Tulio España Sánchez, exabogado de la Procuraduría General de la Nación, a tres años de prisión conmutables por el delito de incumplimiento de deberes. Se le inhabilitó para ejercer algún cargo público. El abogado César Augusto Trujillo López fue absuelto.
El Tribunal ordenó la activación del sistema de alerta Alba-Keneth internacional para la ubicación de la niña.