EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La figura del Presidente Otto Pérez Molina sigue en el ojo del huracán. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron por unanimidad dar trámite a la solicitud de antejuicio contra el mandatario. Esta fue presentada por el diputado Amílcar Pop, por el caso del contrato anómalo del Seguro Social con la farmacéutica PISA, así como el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.
Sin embargo, a consideración de abogados, analistas y empresarios este proceso debería de fortalecer y no afectar la institucionalidad del país, y tampoco debería permitir, en ningún momento, el rompimiento constitucional que puede ser aprovechado por algún grupo interesado a provocar dicha ruptura.
El diputado Amílcar Pop, quien interpuso el retiro de la inmunidad del mandatario, indica que la Corte Suprema de Justicia actuó adecuadamente como corresponde según la Ley, por lo que saluda la resolución de los magistrados. “Le he apostado a la institucionalidad de la justicia, hemos luchado por la independencia judicial”, dice Pop.
El legislador indica que la denuncia está calificada. La ley exige a la Corte que califique la denuncia si es política o espuria no le dé tramite y la Corte la acepto, por lo que el Congreso de la República deberá de nombrar a la comisión pesquisidora y está a su vez presentar un informe para retirarle la inmunidad al Presidente de la República.
“Estamos en un caso de paradigmas importantes en la historia del país, nunca antes un Presidente había estado al cuestionamiento y la pesquisa del Congreso de la República”, afirma Pop.
Además, refiere que los delitos por los que acusó a Pérez Molina fueron: encubrimiento propio, porque en el ejercicio de sus facultades encubrió a Roxana Baldetti y a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón. De tal manera que hay hechos notorios, como aquella conferencia de prensa donde le mintió al pueblo de Guatemala. Él –presidente- cometió este delito, lo que permitió la fuga de Monzón.
También lo acusa de asociación ilícita, porque nombró a sus amigos y personal de confianza que más tarde serían señalados de serios delitos y pertenecer a estructuras criminales, como el caso del IGSS y de la Línea.
Y el tercer delito es por incumplimiento de deberes, porque teniendo la norma vigente y los mecanismos para designar a funcionarios probos, evadió los procedimientos nombrando a personal de su confianza garantizando estas estructuras criminales. Según Pop, la suma de estas tres circunstancias determina el riesgo del enriquecimiento ilícito, por lo que el Ministerio Público y el Organismo Judicial deben toma el control de lo que como diputado me toca hacer.
Sobre el caso, el legislador vislumbra que de integrarse la comisión pesquisidora, el presidente no va a responder ante la dicha instancia, ya que no ha podido ni responder a los informes de Gobierno, menos lo va hacer a una pesquisidora que pueda señalarlo de haber incurrido en delitos, por lo tanto podría considerar la renuncia en los próximos días, predice.
Fortalecimiento Institucional
Al ser consultado, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, quien se encuentra en el extanjero, señala que desconocen detalles tanto de la solicitud del diputado Pop, pero enfatiza que son respetuosos de la ley y el debido proceso.
Zepeda, junto al sector empresarial, cree que es importante fortalecer la institucionalidad del país y espera a que este procedimiento pase por el Congreso. Lo más importante para ellos es que esto sea visto como una oportunidad de ir fortaleciendo la institucionalidad del país, así como parte del combate contra la corrupción de manera frontal, indica.
Acerca de si esto significa la inminente salida de Pérez del puesto, Zepeda dice que prefiere no especular. Pero hace ver que si sucediera, sería una decisión que respetarían. Recalca, además, que se debe reconstituir el tejido social en Guatemala y combatir el contrabando y la corrupción.
Positivo que se lleve el debido proceso
Sobre el caso, Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, indica que es bueno respetar el debido proceso y si hay indicios, como los que considera la Corte Suprema de Justicia, que da lugar al antejuicio planteado contra el presidente Otto Pérez Molina, es positivo.
Explica que ahora corresponde al Congreso formar una comisión pesquisidora. Indica que, según la ley de antejuicio, al estar en receso el Legislativo debería de conformarla con tres miembros de la comisión permanente y comenzar a trabajar en dicho proceso, que de una recomendación y posteriormente convocar al pleno para que las dos terceras partes decidan si dan lugar o no el antejuicio.
Hay que recordar que, aunque se le dé o no el tramite al antejuicio, es equivalente a quitarle la inmunidad al presidente. Si se le quitara la inmunidad regresa a la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal del caso siga con las investigaciones.
El abogado enfatiza que “el presidente será el presidente con inmunidad o sin ella, a menos que ocurran dos cosas: que un tribunal penal le dicte prisión preventiva, en ese momento deja de ser presidente o la otra posibilidad, es que renuncie como sucedió con la vicepresidenta”.
El jurista indica que si se evalúa el desempeño de este Gobierno, los casos de corrupción develados por el Ministerio Público son los que tienen mayor peso. Sin embargo, en este caso el proceso de antejuicio proviene de un diputado del Congreso, no proviene de las autoridades que están investigando los casos que refiere el parlamentario.
En su momentom Roxana Baldetti no fue señala por las autoridades. Y en los dos casos, hasta el momento, ni el Ministerio Público ni las autoridades internacionales los han acusado. El golpe de perder la credibilidad y deslegitimar este Gobierno son los actos de corrupción, señala Ralón.
Demanda Ciudadana
Por su parte, Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC), dice que haberle dado lugar al antejuicio contra el presidente, es haber premiado la demanda de la ciudadanía.
“Aquí se le da prioridad a la demanda de calle, obviamente se está identificando que la presión ciudadana ha premiado inclusive en el Organismo Judicial y lo que podría estarse dando es una estrategia para desviar la atención de otros procesos como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el proceso electoral en su conjunto”, afirma Castillo.
Además, refiere que la figura del presidente en estos momentos es irrelevante para el país y qué mejor si se le da a la plaza lo que pide. “Se convierte en una acción de plazocracia, de responder a la voz unificada de la renuncia del presidente y puede descompresionar la presión política que ha generado la crisis en el sistema guatemalteco”.
La renuncia es uno de los escenarios que se prevén, si el objetivo es contraer la tensión política que hay de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Agrega que la caída de Pérez Molina es eminente porque ya es irrelevante para el país, lo más importante es el papel que jugará el presidente en la distracción de la demanda ciudadana, señala Castillo.
Para Estuardo Rodríguez, del Centro para la Investigación y Análisis Político (CPI), el escenario político es similar a lo que pasó con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que primero la Corte aceptó el antejuicio en su contra, luego se conformó la comisión pesquisidora y posteriormente se presentó la renuncia.
Sin embargo, considera que, a diferencia de la pronta renuncia de Baldetti, en esta ocasión pasará “más agua por ese problema”; es decir, que llegará al Congreso pero esta vez con mucha presión popular, para darle cabida al proceso y que el movimiento social pase del Ejecutivo al Legislativo.
Rodríguez predice que la presión social con las manifestaciones será ahora frente al Congreso de la República, para que deje el cargo el presidente, quien constitucionalmente ya lo puede hacer, pues existe ya una figura vicepresidencial. Algo importante que establece la Constitución es la salida del presidente, aún cuando haya un proceso de antejuicio en su contra.
La reacción del Ejecutivo sobre el proceso de antejuicio contra el presidente, la dio em declaraciones a la prensa el vocero presidencial, Jorge Ortega. Dijo que es un proceso legal que luego va a una segunda instancia, que es el Congreso de la República. También indicó que estarán a la espera de la resolución de dicho organismo.
La figura del Presidente Otto Pérez Molina sigue en el ojo del huracán. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron por unanimidad dar trámite a la solicitud de antejuicio contra el mandatario. Esta fue presentada por el diputado Amílcar Pop, por el caso del contrato anómalo del Seguro Social con la farmacéutica PISA, así como el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.
Sin embargo, a consideración de abogados, analistas y empresarios este proceso debería de fortalecer y no afectar la institucionalidad del país, y tampoco debería permitir, en ningún momento, el rompimiento constitucional que puede ser aprovechado por algún grupo interesado a provocar dicha ruptura.
El diputado Amílcar Pop, quien interpuso el retiro de la inmunidad del mandatario, indica que la Corte Suprema de Justicia actuó adecuadamente como corresponde según la Ley, por lo que saluda la resolución de los magistrados. “Le he apostado a la institucionalidad de la justicia, hemos luchado por la independencia judicial”, dice Pop.
El legislador indica que la denuncia está calificada. La ley exige a la Corte que califique la denuncia si es política o espuria no le dé tramite y la Corte la acepto, por lo que el Congreso de la República deberá de nombrar a la comisión pesquisidora y está a su vez presentar un informe para retirarle la inmunidad al Presidente de la República.
“Estamos en un caso de paradigmas importantes en la historia del país, nunca antes un Presidente había estado al cuestionamiento y la pesquisa del Congreso de la República”, afirma Pop.
Además, refiere que los delitos por los que acusó a Pérez Molina fueron: encubrimiento propio, porque en el ejercicio de sus facultades encubrió a Roxana Baldetti y a su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón. De tal manera que hay hechos notorios, como aquella conferencia de prensa donde le mintió al pueblo de Guatemala. Él –presidente- cometió este delito, lo que permitió la fuga de Monzón.
También lo acusa de asociación ilícita, porque nombró a sus amigos y personal de confianza que más tarde serían señalados de serios delitos y pertenecer a estructuras criminales, como el caso del IGSS y de la Línea.
Y el tercer delito es por incumplimiento de deberes, porque teniendo la norma vigente y los mecanismos para designar a funcionarios probos, evadió los procedimientos nombrando a personal de su confianza garantizando estas estructuras criminales. Según Pop, la suma de estas tres circunstancias determina el riesgo del enriquecimiento ilícito, por lo que el Ministerio Público y el Organismo Judicial deben toma el control de lo que como diputado me toca hacer.
Sobre el caso, el legislador vislumbra que de integrarse la comisión pesquisidora, el presidente no va a responder ante la dicha instancia, ya que no ha podido ni responder a los informes de Gobierno, menos lo va hacer a una pesquisidora que pueda señalarlo de haber incurrido en delitos, por lo tanto podría considerar la renuncia en los próximos días, predice.
Fortalecimiento Institucional
Al ser consultado, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, quien se encuentra en el extanjero, señala que desconocen detalles tanto de la solicitud del diputado Pop, pero enfatiza que son respetuosos de la ley y el debido proceso.
Zepeda, junto al sector empresarial, cree que es importante fortalecer la institucionalidad del país y espera a que este procedimiento pase por el Congreso. Lo más importante para ellos es que esto sea visto como una oportunidad de ir fortaleciendo la institucionalidad del país, así como parte del combate contra la corrupción de manera frontal, indica.
Acerca de si esto significa la inminente salida de Pérez del puesto, Zepeda dice que prefiere no especular. Pero hace ver que si sucediera, sería una decisión que respetarían. Recalca, además, que se debe reconstituir el tejido social en Guatemala y combatir el contrabando y la corrupción.
Positivo que se lleve el debido proceso
Sobre el caso, Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, indica que es bueno respetar el debido proceso y si hay indicios, como los que considera la Corte Suprema de Justicia, que da lugar al antejuicio planteado contra el presidente Otto Pérez Molina, es positivo.
Explica que ahora corresponde al Congreso formar una comisión pesquisidora. Indica que, según la ley de antejuicio, al estar en receso el Legislativo debería de conformarla con tres miembros de la comisión permanente y comenzar a trabajar en dicho proceso, que de una recomendación y posteriormente convocar al pleno para que las dos terceras partes decidan si dan lugar o no el antejuicio.
Hay que recordar que, aunque se le dé o no el tramite al antejuicio, es equivalente a quitarle la inmunidad al presidente. Si se le quitara la inmunidad regresa a la Corte Suprema de Justicia para que el tribunal del caso siga con las investigaciones.
El abogado enfatiza que “el presidente será el presidente con inmunidad o sin ella, a menos que ocurran dos cosas: que un tribunal penal le dicte prisión preventiva, en ese momento deja de ser presidente o la otra posibilidad, es que renuncie como sucedió con la vicepresidenta”.
El jurista indica que si se evalúa el desempeño de este Gobierno, los casos de corrupción develados por el Ministerio Público son los que tienen mayor peso. Sin embargo, en este caso el proceso de antejuicio proviene de un diputado del Congreso, no proviene de las autoridades que están investigando los casos que refiere el parlamentario.
En su momentom Roxana Baldetti no fue señala por las autoridades. Y en los dos casos, hasta el momento, ni el Ministerio Público ni las autoridades internacionales los han acusado. El golpe de perder la credibilidad y deslegitimar este Gobierno son los actos de corrupción, señala Ralón.
Demanda Ciudadana
Por su parte, Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (IPNUSAC), dice que haberle dado lugar al antejuicio contra el presidente, es haber premiado la demanda de la ciudadanía.
“Aquí se le da prioridad a la demanda de calle, obviamente se está identificando que la presión ciudadana ha premiado inclusive en el Organismo Judicial y lo que podría estarse dando es una estrategia para desviar la atención de otros procesos como la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el proceso electoral en su conjunto”, afirma Castillo.
Además, refiere que la figura del presidente en estos momentos es irrelevante para el país y qué mejor si se le da a la plaza lo que pide. “Se convierte en una acción de plazocracia, de responder a la voz unificada de la renuncia del presidente y puede descompresionar la presión política que ha generado la crisis en el sistema guatemalteco”.
La renuncia es uno de los escenarios que se prevén, si el objetivo es contraer la tensión política que hay de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Agrega que la caída de Pérez Molina es eminente porque ya es irrelevante para el país, lo más importante es el papel que jugará el presidente en la distracción de la demanda ciudadana, señala Castillo.
Para Estuardo Rodríguez, del Centro para la Investigación y Análisis Político (CPI), el escenario político es similar a lo que pasó con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, que primero la Corte aceptó el antejuicio en su contra, luego se conformó la comisión pesquisidora y posteriormente se presentó la renuncia.
Sin embargo, considera que, a diferencia de la pronta renuncia de Baldetti, en esta ocasión pasará “más agua por ese problema”; es decir, que llegará al Congreso pero esta vez con mucha presión popular, para darle cabida al proceso y que el movimiento social pase del Ejecutivo al Legislativo.
Rodríguez predice que la presión social con las manifestaciones será ahora frente al Congreso de la República, para que deje el cargo el presidente, quien constitucionalmente ya lo puede hacer, pues existe ya una figura vicepresidencial. Algo importante que establece la Constitución es la salida del presidente, aún cuando haya un proceso de antejuicio en su contra.
La reacción del Ejecutivo sobre el proceso de antejuicio contra el presidente, la dio em declaraciones a la prensa el vocero presidencial, Jorge Ortega. Dijo que es un proceso legal que luego va a una segunda instancia, que es el Congreso de la República. También indicó que estarán a la espera de la resolución de dicho organismo.
