La demanda fue planteada por la defensa del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en contra de quienes dirigieron el video difamatorio donde se le atribuye al exfuncionario “la creación de un aparato represivo clandestino y al margen de las autoridades del Estado de Guatemala (…) haber ordenado ejecuciones extrajudiciales masivas e indiscriminadas de personas de determinada condición social como campesinos, indígenas o presos”.
En un comunicado difundido por los abogados del exfuncionario indican que solicitaron que se declare la existencia de intromisión ilegítima en el honor de Carlos Vielmann, y que se condene a los demandados a una indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales causados con la divulgación del vídeo difamatorio, señalándose de un modo provisional una cuantía de 200 mil euros.
Entre los demandados se encuentra, además del Director, el Productor y la Editora del reportaje, varios responsables o exresponsables de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como su anterior Comisionado, Francisco Dall’Anese, el que fuera Consejero Político de CICIG, Aníbal Gutiérrez, el jefe de Información y Análisis de CICIG, Cristian Gamboa o el fiscal Chrystian Ulate.
En la demanda también aparecen acusados Héctor Rosada-Granados, exsecretario de la Paz; Claudia Paz, exfiscal General, la periodista Marielos Monzón y el recluso Carlos Bendfelt.
Según la demanda, en dicho trabajo audiovisual también se atribuye al exministro “haber planeado y ordenado el asesinato de 10 presos guatemaltecos”, en referencia a los sucesos de El Infiernito y el penal de Pavón, y se vincula a su familia. Según la defensa, las acusaciones contra Vielmann son “de manera totalmente falsas”.
Según los abogados del exfuncionario, Alfonso Trallero y Enrique Molina en el momento de la publicación, a través de su difusión mundial y repercusión mediática, fue público en el portal Youtube el 21 de mayo de 2014 pese a estar finalizado desde el año 2012. “De este modo, estando pendientes las causas de Erwin Sperisen (exdirector de la PNC) y de Vielmann, es evidente que la intención de los demandados era influir en los órganos judiciales y aumentar la presión sobre estos al objeto de evitar un nuevo fallo absolutorio”, señala la defensa.
De tal manera que se solicita que se declare la existencia de intromisión ilegítima de CICIG en el honor de Carlos Vielmann y que se condene a los demandados por los daños y perjuicios morales y materiales.
Finalmente la demanda pide que se ordene la publicación del texto de la sentencia que se dicte en su día. Los demandados serán emplazados en Guatemala en los próximos días al objeto de que comparezcan en el Juzgado de Madrid dentro del plazo de 20 días. Si no lo hicieran serían declarados en rebeldía y el procedimiento seguiría contra ellos en todo caso, puntualiza el comunicado.
La demanda fue planteada por la defensa del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en contra de quienes dirigieron el video difamatorio donde se le atribuye al exfuncionario “la creación de un aparato represivo clandestino y al margen de las autoridades del Estado de Guatemala (…) haber ordenado ejecuciones extrajudiciales masivas e indiscriminadas de personas de determinada condición social como campesinos, indígenas o presos”.
En un comunicado difundido por los abogados del exfuncionario indican que solicitaron que se declare la existencia de intromisión ilegítima en el honor de Carlos Vielmann, y que se condene a los demandados a una indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales causados con la divulgación del vídeo difamatorio, señalándose de un modo provisional una cuantía de 200 mil euros.
Entre los demandados se encuentra, además del Director, el Productor y la Editora del reportaje, varios responsables o exresponsables de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como su anterior Comisionado, Francisco Dall’Anese, el que fuera Consejero Político de CICIG, Aníbal Gutiérrez, el jefe de Información y Análisis de CICIG, Cristian Gamboa o el fiscal Chrystian Ulate.
En la demanda también aparecen acusados Héctor Rosada-Granados, exsecretario de la Paz; Claudia Paz, exfiscal General, la periodista Marielos Monzón y el recluso Carlos Bendfelt.
Según la demanda, en dicho trabajo audiovisual también se atribuye al exministro “haber planeado y ordenado el asesinato de 10 presos guatemaltecos”, en referencia a los sucesos de El Infiernito y el penal de Pavón, y se vincula a su familia. Según la defensa, las acusaciones contra Vielmann son “de manera totalmente falsas”.
Según los abogados del exfuncionario, Alfonso Trallero y Enrique Molina en el momento de la publicación, a través de su difusión mundial y repercusión mediática, fue público en el portal Youtube el 21 de mayo de 2014 pese a estar finalizado desde el año 2012. “De este modo, estando pendientes las causas de Erwin Sperisen (exdirector de la PNC) y de Vielmann, es evidente que la intención de los demandados era influir en los órganos judiciales y aumentar la presión sobre estos al objeto de evitar un nuevo fallo absolutorio”, señala la defensa.
De tal manera que se solicita que se declare la existencia de intromisión ilegítima de CICIG en el honor de Carlos Vielmann y que se condene a los demandados por los daños y perjuicios morales y materiales.
Finalmente la demanda pide que se ordene la publicación del texto de la sentencia que se dicte en su día. Los demandados serán emplazados en Guatemala en los próximos días al objeto de que comparezcan en el Juzgado de Madrid dentro del plazo de 20 días. Si no lo hicieran serían declarados en rebeldía y el procedimiento seguiría contra ellos en todo caso, puntualiza el comunicado.