Fueron varios los casos que le siguieron al de La Línea que hicieron tambalear a toda la clase política tradicional en los tres Organismos del Estado, que significó el inicio de un combate frontal a la corrupción y la impunidad que se gestaba en el país.
Las circunstancias en las que se presentaron los procesos penales hicieron que la ciudadanía guatemalteca empezara a interesarse en conocer cuál era el procedimiento en las cortes penales y poner la atención en cada audiencia que se llevaba en contra de los implicados. Incluso seguían en vivo las transmisiones desde la torre de tribunales.
Mirza Arriaga y Luis Chavez diputados de Lider, hablan con periodistas.
Otro de los casos presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue el de tráfico de influencias en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que provocó una serie de solicitudes de antejuicio en contra de varios diputados del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) que en ese entonces se perfilaba como el favorito en las encuestas para ser el próximo partido de Gobierno, algo que no sucedió.
En julio de 2015 la FECI y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio en contra de los diputados Luis Adolfo Chávez Pérez, Mirza Judith Arreaga Meza y Mario Yanes Guerra de Lider. Por el comportamiento de los diputados al ejercer presión sobre el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, para obtener beneficios personales.
Los diputados fueron denunciados por el propio ministro de Desarrollo Social, por presiones que recibió de los diputados para que otorgara varios contratos del Fondo de Desarrollo Social (FODES) a empresas seleccionadas por ellos y que les permitiría recibir una millonaria cantidad de dinero para sus actividades del 2014, lo cual se expone en las conversaciones que fueron grabadas por el entonces ministro y que aportó para la investigación. Aunque se presume que los contratos no fueron adjudicados, los dos diputados pudieron haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.
Al diputado Mario Yanes Guerra se le señala de pedir plazas bajo el renglón 029 a Rodríguez; el diputado pretendía entregarle una lista con los nombres de las personas, quienes no llegarían a trabajar y ellos se “arreglarían” directamente con el diputado. Además, él solicitó que le proporcionara materiales de construcción y escritorios, los cuales entregaría a sus seguidores.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a los antejuicios planteados sin embargo una serie de amparos interpuestos por los legisladores han impedido que se les sea retirada la inmunidad que gozan. Acciones que deberán ser resueltas en los primeros meses del próximo año.
Lavado y Política
Otro proceso que hizo sucumbir al partido Lider y a otros legisladores fue el caso denominado Lavado y Política que motivó la solicitud del retiro del antejuicio de los parlamentarios Manuel Barquín, Jaime Martínez Lohayza y del entonces candidato vicepresidencial del partido Líder, Edgar Barquín.
Los motivos que llevaron a solicitar el antejuicio se debieron a que existían suficientes elementos para determinar que los tres colaboraban con una red de lavado de dinero, cuyo cabecilla principal era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, y por lo cual en su calidad de dirigentes del partido Gran Alianza Nacional (GANA), los diputados Barquín y Martínez Lohayza recibieron financiamiento para su organización política a cambio de protección por parte de Edgar Barquín, quien ocupaba el cargo del presidente del Banco de Guatemala cuando ocurrieron los hechos.
Actualmente el legislador Jaime Martínez Lohayza se encuentra a la espera que la CSJ lo ampare para que le sea adjudicada la curul que ganó durante las elecciones generales de septiembre último, mientras que Manuel Barquín espera que concluya la actual legislatura para enfrentar a la justicia. Por su lado Edgar Barquín se encuentra ligado a proceso penal y a la espera de la fase de investigación y acusación formal por parte del MP, goza de medidas sustitutivas con arresto domiciliar.
Otro legislador que es conocido como el Cacique de Chiquimula y también tiene solicitud de antejuicio es Baudilio Hichos. Acusado por los entes de investigación de beneficiarse con un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) al arrendar un edificio de su propiedad. Por el momento la CSJ no lo ha amparado y su solicitud de retirarle la inmunidad sigue en proceso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la adjudicación de su curul ganada en las pasadas elecciones.
Drogas, dinero y poder local
el último informe de labores de la CICIG señala la presencia de grupos de narcotráfico en toda la región como factor de desestabilización y corrupción. Lo que llevó a una investigación denominada Drogas, dinero y poder local, que involucró al alcalde del puerto de San José en Escuintla, Jorge Rizzo y su familia, presuntamente por participar en ilícitos relacionados con el narcotráfico, por lo que se solicitó el antejuicio contra el jefe edil.
Jorge Rizzo, Aristides y Pérez Molina
La investigación inició al encontrar ecibos y documentos al presunto narcotraficante Ramón Yañez, capturado en septiembre del año pasado y quien se encuentra procesado. En la investigación se estableció que entre 2008 y 2011 Rizzo recibió de Yañez dinero de procedencia ilícita. Una de las pruebas presentadas es un papel firmado por el alcalde donde asegura que recibe el dinero de Yañez.
En dictámenes financieros del alcalde se estableció que sus cuentas tuvieron movimiento por Q23 millones sin justificar. En evidencias obtenidas durante el proceso contra Yañez, se efectuaron diligencias para establecer su vinculación con Rizzo.
Esposa de Jorge Rizzo
Los delitos que se le imputarían al alcalde son asociación ilícita y lavado de activos, se presume que el alcalde Rizzo habría facilitado trasiego de químicos utilizados para fabricación de anfetaminas (drogas sintéticas). En la actualidad no se le ha retirado la inmunidad al alcalde, mientras que su esposa y cuñados se encuentra procesados y en prisión preventiva por este caso; a la espera de la acusación formal del ente investigador.
Antejuicios a operadores de Justicia
A todos estos casos le siguieron los antejuicios planteados a integrantes del Sistema de Justicia, se presentó la solicitud contra la Jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, la extitular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala pues está sindicada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento al deber por no presentar su declaración jurada patrimonial.
La jueza es investigada por el presunto incremento de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como funcionaria pública y docente. En la audiencia de primera declaración llevada a cabo el 24 de septiembre de 2015, el juez Undécimo de Instancia Penal, resolvió ligarla a proceso, enviándola a prisión preventiva. La CSJ suspendió a la jueza en sus funciones a raíz de haber sido ligada a proceso penal, la jueza apeló a dicha resolución y le fueron otorgadas medidas sustitutivas por lo que actualmente se encuentra en prisión domiciliar.
Asimismo fue acusado el magistrado Erick Santiago de León, sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar una suma millonaria a cambio de una resolución favorable para una empresa que había sido sentenciada a pagar Q93 millones de dentro de una causa civil, cuando fungía como magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil.
Santiago de León habría realizado el negocio con la intermediación de los particulares Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz quienes se encuentran ligados a proceso por tráfico de influencias. El juez décimo de Instancia Penal, resolvió ligar a proceso al magistrado por la existencia de indicios racionales para sospechar que cometió el delito de cohecho pasivo. El juez dictó medidas sustitutivas por considerar que no hay peligro de fuga, ni de obstaculización a la averiguación de la verdad. A su vez, la CSJ suspendió al magistrado de sus funciones como presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Quiché.
En mayo de 2015, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco, para retirarle la inmunidad e investigarla por los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber por no presentar declaración jurada patrimonial.
La jueza ha sido señalada de haber adquirido un lujoso inmueble que sobrepasaría la capacidad adquisitiva de un juez de primera instancia. Así también, la jueza Flores Polanco no habría actualizado su Declaración Jurada Patrimonial en más de quince años, faltando a la obligación que como funcionaria pública le corresponde, y ocultando de esta manera su incremento patrimonial.
El 30 de julio de 2015, la Corte Suprema de Justicia despojó a la jueza de su inmunidad. El 22 de octubre, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que había otorgado a la juzgadora por lo que el proceso continúa.
Otro legislador con antejuicio
En octubre de 2014, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó un antejuicio contra el diputado Gudy Rivera Estrada, después de analizar en conjunto con esta Comisión, la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre posibles presiones para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo a favor de la entonces vicepresidente Roxana Baldetti, a cambio de resultar reelecta magistrada en Sala de Apelaciones.
Por este caso fue capturado el abogado del Partido Patriota, Vernon González, quien fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias. En octubre de 2015, el juez Séptimo de Instancia Penal resolvió que Vernon González deberá enfrentar juicio.
Los casos presentados son emblemáticos para la sociedad guatemalteca que se encontraba cansada de la corrupción y la impunidad, ya que muchos funcionarios, empresarios, juzgadores y particulares, por su situación de poder eran intocables. La sociedad hoy exige justicia y espera sentencias condenatorias para todos los procesos penales y de esta forma establecer un precedente. Los guatemaltecos están sedientos de justicia; por lo que el 2016 será un año que cambiará la historia y crucial para el sistema de justicia con estos casos de alto impacto que se encuentran en la palestra pública. La exigencia es por resultados.
Fueron varios los casos que le siguieron al de La Línea que hicieron tambalear a toda la clase política tradicional en los tres Organismos del Estado, que significó el inicio de un combate frontal a la corrupción y la impunidad que se gestaba en el país.
Las circunstancias en las que se presentaron los procesos penales hicieron que la ciudadanía guatemalteca empezara a interesarse en conocer cuál era el procedimiento en las cortes penales y poner la atención en cada audiencia que se llevaba en contra de los implicados. Incluso seguían en vivo las transmisiones desde la torre de tribunales.
Mirza Arriaga y Luis Chavez diputados de Lider, hablan con periodistas.
Otro de los casos presentados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue el de tráfico de influencias en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que provocó una serie de solicitudes de antejuicio en contra de varios diputados del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) que en ese entonces se perfilaba como el favorito en las encuestas para ser el próximo partido de Gobierno, algo que no sucedió.
En julio de 2015 la FECI y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio en contra de los diputados Luis Adolfo Chávez Pérez, Mirza Judith Arreaga Meza y Mario Yanes Guerra de Lider. Por el comportamiento de los diputados al ejercer presión sobre el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, para obtener beneficios personales.
Los diputados fueron denunciados por el propio ministro de Desarrollo Social, por presiones que recibió de los diputados para que otorgara varios contratos del Fondo de Desarrollo Social (FODES) a empresas seleccionadas por ellos y que les permitiría recibir una millonaria cantidad de dinero para sus actividades del 2014, lo cual se expone en las conversaciones que fueron grabadas por el entonces ministro y que aportó para la investigación. Aunque se presume que los contratos no fueron adjudicados, los dos diputados pudieron haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.
Al diputado Mario Yanes Guerra se le señala de pedir plazas bajo el renglón 029 a Rodríguez; el diputado pretendía entregarle una lista con los nombres de las personas, quienes no llegarían a trabajar y ellos se “arreglarían” directamente con el diputado. Además, él solicitó que le proporcionara materiales de construcción y escritorios, los cuales entregaría a sus seguidores.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a los antejuicios planteados sin embargo una serie de amparos interpuestos por los legisladores han impedido que se les sea retirada la inmunidad que gozan. Acciones que deberán ser resueltas en los primeros meses del próximo año.
Lavado y Política
Otro proceso que hizo sucumbir al partido Lider y a otros legisladores fue el caso denominado Lavado y Política que motivó la solicitud del retiro del antejuicio de los parlamentarios Manuel Barquín, Jaime Martínez Lohayza y del entonces candidato vicepresidencial del partido Líder, Edgar Barquín.
Los motivos que llevaron a solicitar el antejuicio se debieron a que existían suficientes elementos para determinar que los tres colaboraban con una red de lavado de dinero, cuyo cabecilla principal era Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, y por lo cual en su calidad de dirigentes del partido Gran Alianza Nacional (GANA), los diputados Barquín y Martínez Lohayza recibieron financiamiento para su organización política a cambio de protección por parte de Edgar Barquín, quien ocupaba el cargo del presidente del Banco de Guatemala cuando ocurrieron los hechos.
Actualmente el legislador Jaime Martínez Lohayza se encuentra a la espera que la CSJ lo ampare para que le sea adjudicada la curul que ganó durante las elecciones generales de septiembre último, mientras que Manuel Barquín espera que concluya la actual legislatura para enfrentar a la justicia. Por su lado Edgar Barquín se encuentra ligado a proceso penal y a la espera de la fase de investigación y acusación formal por parte del MP, goza de medidas sustitutivas con arresto domiciliar.
Otro legislador que es conocido como el Cacique de Chiquimula y también tiene solicitud de antejuicio es Baudilio Hichos. Acusado por los entes de investigación de beneficiarse con un contrato con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) al arrendar un edificio de su propiedad. Por el momento la CSJ no lo ha amparado y su solicitud de retirarle la inmunidad sigue en proceso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó la adjudicación de su curul ganada en las pasadas elecciones.
Drogas, dinero y poder local
el último informe de labores de la CICIG señala la presencia de grupos de narcotráfico en toda la región como factor de desestabilización y corrupción. Lo que llevó a una investigación denominada Drogas, dinero y poder local, que involucró al alcalde del puerto de San José en Escuintla, Jorge Rizzo y su familia, presuntamente por participar en ilícitos relacionados con el narcotráfico, por lo que se solicitó el antejuicio contra el jefe edil.
Jorge Rizzo, Aristides y Pérez Molina
La investigación inició al encontrar ecibos y documentos al presunto narcotraficante Ramón Yañez, capturado en septiembre del año pasado y quien se encuentra procesado. En la investigación se estableció que entre 2008 y 2011 Rizzo recibió de Yañez dinero de procedencia ilícita. Una de las pruebas presentadas es un papel firmado por el alcalde donde asegura que recibe el dinero de Yañez.
En dictámenes financieros del alcalde se estableció que sus cuentas tuvieron movimiento por Q23 millones sin justificar. En evidencias obtenidas durante el proceso contra Yañez, se efectuaron diligencias para establecer su vinculación con Rizzo.
Esposa de Jorge Rizzo
Los delitos que se le imputarían al alcalde son asociación ilícita y lavado de activos, se presume que el alcalde Rizzo habría facilitado trasiego de químicos utilizados para fabricación de anfetaminas (drogas sintéticas). En la actualidad no se le ha retirado la inmunidad al alcalde, mientras que su esposa y cuñados se encuentra procesados y en prisión preventiva por este caso; a la espera de la acusación formal del ente investigador.
Antejuicios a operadores de Justicia
A todos estos casos le siguieron los antejuicios planteados a integrantes del Sistema de Justicia, se presentó la solicitud contra la Jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, la extitular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala pues está sindicada de los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento al deber por no presentar su declaración jurada patrimonial.
La jueza es investigada por el presunto incremento de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como funcionaria pública y docente. En la audiencia de primera declaración llevada a cabo el 24 de septiembre de 2015, el juez Undécimo de Instancia Penal, resolvió ligarla a proceso, enviándola a prisión preventiva. La CSJ suspendió a la jueza en sus funciones a raíz de haber sido ligada a proceso penal, la jueza apeló a dicha resolución y le fueron otorgadas medidas sustitutivas por lo que actualmente se encuentra en prisión domiciliar.
Asimismo fue acusado el magistrado Erick Santiago de León, sindicado de cohecho pasivo por pretender cobrar una suma millonaria a cambio de una resolución favorable para una empresa que había sido sentenciada a pagar Q93 millones de dentro de una causa civil, cuando fungía como magistrado de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Civil.
Santiago de León habría realizado el negocio con la intermediación de los particulares Samuel Enrique Alvarado López y Eliot Imeri Díaz quienes se encuentran ligados a proceso por tráfico de influencias. El juez décimo de Instancia Penal, resolvió ligar a proceso al magistrado por la existencia de indicios racionales para sospechar que cometió el delito de cohecho pasivo. El juez dictó medidas sustitutivas por considerar que no hay peligro de fuga, ni de obstaculización a la averiguación de la verdad. A su vez, la CSJ suspendió al magistrado de sus funciones como presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil de Quiché.
En mayo de 2015, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Cicig presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco, para retirarle la inmunidad e investigarla por los delitos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber por no presentar declaración jurada patrimonial.
La jueza ha sido señalada de haber adquirido un lujoso inmueble que sobrepasaría la capacidad adquisitiva de un juez de primera instancia. Así también, la jueza Flores Polanco no habría actualizado su Declaración Jurada Patrimonial en más de quince años, faltando a la obligación que como funcionaria pública le corresponde, y ocultando de esta manera su incremento patrimonial.
El 30 de julio de 2015, la Corte Suprema de Justicia despojó a la jueza de su inmunidad. El 22 de octubre, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo provisional que había otorgado a la juzgadora por lo que el proceso continúa.
Otro legislador con antejuicio
En octubre de 2014, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó un antejuicio contra el diputado Gudy Rivera Estrada, después de analizar en conjunto con esta Comisión, la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre posibles presiones para que la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo a favor de la entonces vicepresidente Roxana Baldetti, a cambio de resultar reelecta magistrada en Sala de Apelaciones.
Por este caso fue capturado el abogado del Partido Patriota, Vernon González, quien fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias. En octubre de 2015, el juez Séptimo de Instancia Penal resolvió que Vernon González deberá enfrentar juicio.
Los casos presentados son emblemáticos para la sociedad guatemalteca que se encontraba cansada de la corrupción y la impunidad, ya que muchos funcionarios, empresarios, juzgadores y particulares, por su situación de poder eran intocables. La sociedad hoy exige justicia y espera sentencias condenatorias para todos los procesos penales y de esta forma establecer un precedente. Los guatemaltecos están sedientos de justicia; por lo que el 2016 será un año que cambiará la historia y crucial para el sistema de justicia con estos casos de alto impacto que se encuentran en la palestra pública. La exigencia es por resultados.