EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El 2015 marcó algo sin precedentes en la historia reciente del país, año en que la corrupción y la impunidad tuvieron rostros y apellidos, con casos emblemáticos que han arrastrado a altos funcionarios del gobierno de turno, empresarios y particulares.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destaparon el 16 de abril el caso más emblemático de corrupción que llevó a prisión a los entonces gobernantes de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes enfrentan a la justicia señalados de ser los cabecillas de la estructura criminal denominada “La Línea”.
Este caso se convirtió en un cataclismo para la clase política guatemalteca, puesto que junto al binomio presidencial, también eran capturados altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el entonces jefe de la SAT, Omar Franco, EL exsuperintendente Carlos Muñoz y Claudia Méndez Asencio, exintendente de Aduanas quienes se presumen operaban a lo interno de la SAT favor de la organización criminal.
Y con ellos también cayeron operadores externos a las instituciones del Estado, entre ellos Salvador Estuardo González alias “Eco”; Osama Ezzat Aziz Aranki; Byron Antonio Izquierdo; Francisco Javier Ortiz Arriaga alias “Teniente jerez”; Julio Estuardo González de León; Herbert Francisco Cabrera y Miguel Ángel Lemus Aldana y el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón.
En las primeras audiencias se presentaron escuchas telefónica y la declaración de cuatro de los 21 capturados inicialmente. Una que impactó es cuando se escucha la voz del presidente Pérez Molina, cuando da directrices a Carlos Muñoz.
“Eco” la pieza clave
Salvador Estuardo González alias “Eco” se convirtió en la pieza clave para evidenciar los ilícitos de la red criminal, puesto que en su computadora se encontraron correos y una serie de documentos que la Fiscalía ha utilizado en el proceso penal en contra de la organización.
Durante los allanamientos realizados en abril fueron incautados aparatos electrónicos que contienen información privilegiada, entre tablas de cómo se repartían el dinero producto de la defraudación, hasta memorándum enviados a altos funcionarios, lo que evidencian la culpabilidad de los ahora procesados, según el MP.
“Eco” era presidente de Corporación de Noticias S.A (Siglo 21 y Al día) y a partir de estos hechos colabora con la Fiscalía y de esa forma se acoge a la figura de colaborador eficaz. Es decir, aporta a la investigación nuevos elementos que ayuden al MP para lograr una sentencia condenatoria contra de los implicados en la red criminal y el busca una reducción.
Por este caso se encuentran procesados 47 personas incluyendo a los exmandatarios. Actualmente el proceso está en la etapa intermedia, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez, que se ha convertido en un gran protagonista de la justicia por los casos de alto impacto que en la actualidad le han tocado llevar.
En fase en la que se encuentra el caso, Gálvez decidirá si los involucrados enfrenten juicio o no. El MP ha presentado la acusación formal para todos los miembros y será a partir de los primeros días del 2016 cuando se tome la decisión.
Otros casos de alto impacto
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate a la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres Organismos del Estado.
El caso “La Línea” no es el único que se ha descubierto y que ha puesto las barbas en remojo a los políticos y operadores de justicia en el país. Luego se conoció la estrategia que utilizaba un grupo de abogados que fueron defensores de implicados en “La Línea” y que la CICIG denominó “El Bufete de la impunidad”; donde se involucra a la jueza Marta Sierra de Stalling.
La juzgadora favoreció a los sindicados con medida sustitutiva y quedó al descubierto la impunidad en las decisiones de los juzgadores. Por este caso la Jueza también se encuentra procesada y fue beneficiada con medidas sustitutivas.
Dichas medidas fueron impugnadas por el MP, por lo que la Sala Primera de Apelaciones resolvió revocar los beneficios para que la Juzgadora regrese a prisión, sin embargo acciones interpuestas por su defensa han evitado que Sierra regrese a prisión tal como resolvió la Sala.
A partir de abril, la primavera en la que vivían varios funcionarios corruptos fue cambiando. El 20 de mayo, la CICIG y el MP hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los miembros de la Junta Directiva del IGSS se encuentran en prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa farmacéutica Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos.
Decenas de pacientes con peritonitis fueron infectados y más de diez de ellos fallecieron como resultado de un negocio que beneficiaba a unos cuantos, siendo uno de los procesados por este hecho el exsecretario privado de la presidencia y expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.
En total hubo 16 capturas; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling, quien también fue involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Entre los miembros de la Junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, en aquel entonces presidente del Banco de Guatemala, y Max Quirin representante del sector privado organizado y quienes son acusado por el delito de fraude.
El proceso penal en contra de los implicados en el caso de corrupción en el IGSS actualmente se encuentra en su fase de apertura a juicio, el cual se conocerá hasta el 2 de febrero del próximo año. En la audiencia intermedia se conocerá si los acusados enfrente juicio o no.
Caso Redes
Otro caso conocido es el “Caso Redes” que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, entre estos Gustavo Martínez exsecretario general de la presidencia y Edwin Rodas, exviceministro de Energía y Minas.
En este caso también fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien estuvo involucrado en el caso de la Conexión Panamá durante el gobierno de Alfonso Portillo y en este caso fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas. Farfán habría fungido como operador en tres casos de corrupción. En el primero, Medina negoció en el 2014 con el entonces jefe de la SAT, Carlos Muñoz, para beneficiar a la empresa Zeta Gas, que quería un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal.
En el segundo caso, Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy, buscó a Medina por su amistad con el Secretario General de la presidencia Gustavo Martínez, para que éste incluyera en la agenda del presidente reuniones con representantes de la empresa Jaguar. A cambio de su ayuda, Martínez habría recibido una remuneración de US$120 mil
En este caso el MP ya presentó la acusación formal para los implicados y se encuentra en su fase de apertura a juicio, tanto Martínez como Rodas han buscado ser beneficiados con medidas sustitutivas para salir de prisión, en el caso de Rodas ya se declaró culpable para que se le otorgará un proceso abreviado sin embargo le fue negado. Será hasta el próximo año que se defina el futuro legal de este caso.
Plazas fantasmas
En junio pasado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio contra el diputado y expresidente del Congreso, Pedro Muadi, por su presunta vinculación con la sustracción de fondos de ese organismo. Los delitos que se le imputan al entonces diputado Muadi son peculado por sustracción y asociación ilícita.
El legislador actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de que el Ministerio Público presente la acusación formal en su contra y entren a la etapa intermedia, este caso como los anteriores se definirán el próximo año.
Conozca mañana otros casos de alto impacto que marcaron la historia de Guatemala…
El 2015 marcó algo sin precedentes en la historia reciente del país, año en que la corrupción y la impunidad tuvieron rostros y apellidos, con casos emblemáticos que han arrastrado a altos funcionarios del gobierno de turno, empresarios y particulares.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destaparon el 16 de abril el caso más emblemático de corrupción que llevó a prisión a los entonces gobernantes de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes enfrentan a la justicia señalados de ser los cabecillas de la estructura criminal denominada “La Línea”.
Este caso se convirtió en un cataclismo para la clase política guatemalteca, puesto que junto al binomio presidencial, también eran capturados altos mandos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el entonces jefe de la SAT, Omar Franco, EL exsuperintendente Carlos Muñoz y Claudia Méndez Asencio, exintendente de Aduanas quienes se presumen operaban a lo interno de la SAT favor de la organización criminal.
Y con ellos también cayeron operadores externos a las instituciones del Estado, entre ellos Salvador Estuardo González alias “Eco”; Osama Ezzat Aziz Aranki; Byron Antonio Izquierdo; Francisco Javier Ortiz Arriaga alias “Teniente jerez”; Julio Estuardo González de León; Herbert Francisco Cabrera y Miguel Ángel Lemus Aldana y el exsecretario privado de la vicepresidencia Juan Carlos Monzón.
En las primeras audiencias se presentaron escuchas telefónica y la declaración de cuatro de los 21 capturados inicialmente. Una que impactó es cuando se escucha la voz del presidente Pérez Molina, cuando da directrices a Carlos Muñoz.
“Eco” la pieza clave
Salvador Estuardo González alias “Eco” se convirtió en la pieza clave para evidenciar los ilícitos de la red criminal, puesto que en su computadora se encontraron correos y una serie de documentos que la Fiscalía ha utilizado en el proceso penal en contra de la organización.
Durante los allanamientos realizados en abril fueron incautados aparatos electrónicos que contienen información privilegiada, entre tablas de cómo se repartían el dinero producto de la defraudación, hasta memorándum enviados a altos funcionarios, lo que evidencian la culpabilidad de los ahora procesados, según el MP.
“Eco” era presidente de Corporación de Noticias S.A (Siglo 21 y Al día) y a partir de estos hechos colabora con la Fiscalía y de esa forma se acoge a la figura de colaborador eficaz. Es decir, aporta a la investigación nuevos elementos que ayuden al MP para lograr una sentencia condenatoria contra de los implicados en la red criminal y el busca una reducción.
Por este caso se encuentran procesados 47 personas incluyendo a los exmandatarios. Actualmente el proceso está en la etapa intermedia, en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez, que se ha convertido en un gran protagonista de la justicia por los casos de alto impacto que en la actualidad le han tocado llevar.
En fase en la que se encuentra el caso, Gálvez decidirá si los involucrados enfrenten juicio o no. El MP ha presentado la acusación formal para todos los miembros y será a partir de los primeros días del 2016 cuando se tome la decisión.
Otros casos de alto impacto
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate a la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres Organismos del Estado.
El caso “La Línea” no es el único que se ha descubierto y que ha puesto las barbas en remojo a los políticos y operadores de justicia en el país. Luego se conoció la estrategia que utilizaba un grupo de abogados que fueron defensores de implicados en “La Línea” y que la CICIG denominó “El Bufete de la impunidad”; donde se involucra a la jueza Marta Sierra de Stalling.
La juzgadora favoreció a los sindicados con medida sustitutiva y quedó al descubierto la impunidad en las decisiones de los juzgadores. Por este caso la Jueza también se encuentra procesada y fue beneficiada con medidas sustitutivas.
Dichas medidas fueron impugnadas por el MP, por lo que la Sala Primera de Apelaciones resolvió revocar los beneficios para que la Juzgadora regrese a prisión, sin embargo acciones interpuestas por su defensa han evitado que Sierra regrese a prisión tal como resolvió la Sala.
A partir de abril, la primavera en la que vivían varios funcionarios corruptos fue cambiando. El 20 de mayo, la CICIG y el MP hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los miembros de la Junta Directiva del IGSS se encuentran en prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa farmacéutica Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos.
Decenas de pacientes con peritonitis fueron infectados y más de diez de ellos fallecieron como resultado de un negocio que beneficiaba a unos cuantos, siendo uno de los procesados por este hecho el exsecretario privado de la presidencia y expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.
En total hubo 16 capturas; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling, quien también fue involucrada en las escuchas telefónicas del caso de La Línea. Entre los miembros de la Junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio Roberto Suárez Guerra, en aquel entonces presidente del Banco de Guatemala, y Max Quirin representante del sector privado organizado y quienes son acusado por el delito de fraude.
El proceso penal en contra de los implicados en el caso de corrupción en el IGSS actualmente se encuentra en su fase de apertura a juicio, el cual se conocerá hasta el 2 de febrero del próximo año. En la audiencia intermedia se conocerá si los acusados enfrente juicio o no.
Caso Redes
Otro caso conocido es el “Caso Redes” que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a ex funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina, entre estos Gustavo Martínez exsecretario general de la presidencia y Edwin Rodas, exviceministro de Energía y Minas.
En este caso también fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien estuvo involucrado en el caso de la Conexión Panamá durante el gobierno de Alfonso Portillo y en este caso fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas. Farfán habría fungido como operador en tres casos de corrupción. En el primero, Medina negoció en el 2014 con el entonces jefe de la SAT, Carlos Muñoz, para beneficiar a la empresa Zeta Gas, que quería un depósito aduanero privado en Puerto Quetzal.
En el segundo caso, Ernesto Córdova, representante de Jaguar Energy, buscó a Medina por su amistad con el Secretario General de la presidencia Gustavo Martínez, para que éste incluyera en la agenda del presidente reuniones con representantes de la empresa Jaguar. A cambio de su ayuda, Martínez habría recibido una remuneración de US$120 mil
En este caso el MP ya presentó la acusación formal para los implicados y se encuentra en su fase de apertura a juicio, tanto Martínez como Rodas han buscado ser beneficiados con medidas sustitutivas para salir de prisión, en el caso de Rodas ya se declaró culpable para que se le otorgará un proceso abreviado sin embargo le fue negado. Será hasta el próximo año que se defina el futuro legal de este caso.
Plazas fantasmas
En junio pasado la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la CICIG presentaron la solicitud de antejuicio contra el diputado y expresidente del Congreso, Pedro Muadi, por su presunta vinculación con la sustracción de fondos de ese organismo. Los delitos que se le imputan al entonces diputado Muadi son peculado por sustracción y asociación ilícita.
El legislador actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera de que el Ministerio Público presente la acusación formal en su contra y entren a la etapa intermedia, este caso como los anteriores se definirán el próximo año.
Conozca mañana otros casos de alto impacto que marcaron la historia de Guatemala…
