EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Los Juzgados de Mayor Riesgo están a cargo de procesos que, según la Ley, “presentan mayores riesgos para la seguridad de los jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en los casos”.
Los procesos que llevan estas judicaturas, por mediáticos y de impacto que resultan para los Jueces, voltean la mirada de la ciudadanía y dependiendo de la forma de actuar del juzgador se vuelven cada vez más importantes.
En la justicia guatemalteca se han constituido hasta este año tres Juzgados de Mayor Riesgo, con el recién creado Juzgado de Mayor Riesgo “C”, el cual estará a cargo de Víctor Hugo Herrera. Mientras que el presidente del tribunal es Pablo Xitimul de Paz, quien aseguró que sus resoluciones serán apegadas a derecho.
El Juzgado de Mayor Riesgo “A” está a cargo de la jueza Carol Patricia Flores, quien ha sido señalada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser propietaria de un inmueble, supuestamente de lujo, ubicado en Santa Catarina Pínula y el cual no corresponde a sus ingresos económicos. Esta denuncia pone a prueba la depuración en el sistema de justicia, que alcanza estos juzgadores que llevan casos de alto impacto
De tal manera que la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A” está acusada por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. En contraste con la polémica jueza señalada, se encuentra el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”: el Juez Miguel Ángel Gálvez.
Gálvez ha tomado en estos últimos meses protagonismo por los casos de alto impacto que actualmente lleva, como el denominado “La Línea”. Como es de conocimiento público, se encuentran acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los presuntos cabecillas de la estructura criminal.
La ciudadanía ha detectado la importancia de estos juzgados y juzgadores a partir de la cobertura de los medios de comunicación en casos de corrupción y alto impacto. Al ser de interés de la población han sido difundidos en directo, en especial el proceso relacionado con “La Línea” por ser un caso emblemático que involucra a altos funcionarios del Estado.
Sin embargo estos juzgados también conocen otro tipo de procesos judiciales como genocidio, los delitos contra personas protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio, femicidio, delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley contra la Narcoactividad.
Así como los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
Procesos con garantías judiciales
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que en una jerarquía los juzgados mencionados estarían como los más importantes, porque al calificarlos de Mayor Riesgo lo que se entiende es que en estos juzgados se llevarán a cabo procesos trascendentales, refiriéndose no sólo a la peligrosidad sino a los riesgos que tendría el mismo Sistema de Justicia de que el proceso no se lleve a cabo de la manera más correcta.
Por su lado el abogado constitucionalista Stuardo Ralón indica que los Juzgados de Mayor Riesgo están teniendo una tarea más que relevante en los últimos meses, porque han conocido señalamientos de corrupción que han involucrado a los más altos funcionarios del Ejecutivo y en algunos casos miembros del Organismo Judicial, del MP y personajes que se les ha señalado del funcionamiento mismo del Estado.
“Este tipo de señalamientos que se han presentado por parte del MP y algunos con la cooperación de la CICIG lo que han hecho es que el juzgado tome una relevancia mayor. Es decir que uno espere que esos procesos legales sean tramitados de una manera implacable y siente precedentes importantes para funcionarios que se desenvuelven en la administración pública”, dice Ralón.
Según Fuentes la primera cualidad que debe tener un Juzgado de Alto Impacto es la independencia y una segunda igual de importante sería la eficiencia. “Un juzgado de Alto Riesgo no puede ser negligente, sino que tiene que marcar la diferencia y llevar procesos impecables y no tengan duda posteriormente de que se actuó de la mejor manera posible”.
Además refiere que es importante que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema de Justicia, pero es muy delicado que con la exposición de algunos casos que se llevan en los Juzgados de Mayor Riesgo puedan contaminarse hasta cierto punto, “lo que no quisiéramos es que la contaminación de afuera pueda perjudicar el proceso para llegar a la verdad”.
Ralón indica que la idea que cuando el sistema de justicia funciona correctamente y se respetan las garantías del proceso, es cuando son oportunas las resoluciones. Esto ayuda a que haya una “estabilidad jurídica” en el país, así como una certeza jurídica, algo que es necesario para que una sociedad se desarrolle.
Contrario cuando no se da un proceso oportuno y se violentan garantías, lejos de fortalecer la estabilidad se puede debilitar y por lo tanto es ahí donde el sistema de Justicia debe ser fiel en la balanza y empujarnos a una mejor sociedad.
Entonces “hasta el momento la ciudadanía ha visto esperanzada que el funcionamiento de esos tribunales ha sido eficiente en la fase que le corresponde de manera ágil, oportuna y transparente en las resoluciones que ha emitido”, dice el abogado.
Además refiere que el día de mañana ya se verá cómo se desenvuelven los casos en otras instancias, porque pasarán a otros tribunales ya que no se quedaron ahí sino que tienen que continuar en las Tribunales de Sentencia, Corte Suprema de Justicia e inclusive a la Corte de Constitucionalidad. Allí la exigencia debe ser la misma, objetividad, autonomía e imparcialidad, que no se dejen llevar por los clamores populares o temas mediáticos sino que se aplique la Ley.
Fuentes indica que la fiscalización de estos casos pueden tener aristas, por lo que hay que tener una alta responsabilidad en el manejo de la información para no entrar en el campo de la especulación, la cual no contribuye con estos casos, para se lleven con un debido proceso.
El Sistema de Justicia se está fortaleciendo con los Juzgados de Mayor Riesgo y devuelve la credibilidad a la ciudadanía aseguró Fuentes. Mientras que Ralón dice el actuar de los Juzgados ha sido bueno y por ende se fortalece el sistema de justicia, pero deben actuar bajo la Ley y no por la popularidad o agrado de la ciudadanía, porque a veces tendrán que resolver en contra, pero esa será la garantía de que la Ley se está respetando.
Los Jueces de Mayor Riesgo
Sin embargo la juzgadora de un tribunal de impacto, pasa por un momento critico de su carrera. Flores Polanco ha sido señalada por la CICIG y el MP por su supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Miguel Ángel Gálvez Aguilar es abogado y notario, actualmente titular del Juzgado de Mayor Riesgo B. Se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Trabajó como Juez de Alto Impacto en Quiché, Baja Verapaz y Chiquimula.
Ha sido juez de mayor riesgo y ha conocido casos de alto impacto como el asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto, el caso Rosenberg, el proceso contra Eduardo Villatoro Cano por la masacre de Policías en Salcajá, Quetzaltenango, la red de Pavón que era liderada por el reo Byron Lima Oliva, y el caso emblemático de la Linea entre otros.
Victor Hugo Herrera Ríos es abogado y notario, designado como titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, con diez años de ejercicio profesional como Juez de Primera Instancia Suplente, Juez de Primera Instancia, Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente y Juez Vocal del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Chiquimula también conocido como Tribunal de Alto Impacto.
Los Juzgados de Mayor Riesgo están a cargo de procesos que, según la Ley, “presentan mayores riesgos para la seguridad de los jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, así como de los imputados, testigos y demás sujetos procesales que intervengan en los casos”.
Los procesos que llevan estas judicaturas, por mediáticos y de impacto que resultan para los Jueces, voltean la mirada de la ciudadanía y dependiendo de la forma de actuar del juzgador se vuelven cada vez más importantes.
En la justicia guatemalteca se han constituido hasta este año tres Juzgados de Mayor Riesgo, con el recién creado Juzgado de Mayor Riesgo “C”, el cual estará a cargo de Víctor Hugo Herrera. Mientras que el presidente del tribunal es Pablo Xitimul de Paz, quien aseguró que sus resoluciones serán apegadas a derecho.
El Juzgado de Mayor Riesgo “A” está a cargo de la jueza Carol Patricia Flores, quien ha sido señalada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de ser propietaria de un inmueble, supuestamente de lujo, ubicado en Santa Catarina Pínula y el cual no corresponde a sus ingresos económicos. Esta denuncia pone a prueba la depuración en el sistema de justicia, que alcanza estos juzgadores que llevan casos de alto impacto
De tal manera que la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A” está acusada por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial. En contraste con la polémica jueza señalada, se encuentra el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”: el Juez Miguel Ángel Gálvez.
Gálvez ha tomado en estos últimos meses protagonismo por los casos de alto impacto que actualmente lleva, como el denominado “La Línea”. Como es de conocimiento público, se encuentran acusados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los presuntos cabecillas de la estructura criminal.
La ciudadanía ha detectado la importancia de estos juzgados y juzgadores a partir de la cobertura de los medios de comunicación en casos de corrupción y alto impacto. Al ser de interés de la población han sido difundidos en directo, en especial el proceso relacionado con “La Línea” por ser un caso emblemático que involucra a altos funcionarios del Estado.
Sin embargo estos juzgados también conocen otro tipo de procesos judiciales como genocidio, los delitos contra personas protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, tortura, asesinato, trata de personas, plagio o secuestro, parricidio, femicidio, delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley contra la Narcoactividad.
Así como los delitos contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, delitos cuya pena máxima sea superior de 15 años de prisión en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
Procesos con garantías judiciales
Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, dice que en una jerarquía los juzgados mencionados estarían como los más importantes, porque al calificarlos de Mayor Riesgo lo que se entiende es que en estos juzgados se llevarán a cabo procesos trascendentales, refiriéndose no sólo a la peligrosidad sino a los riesgos que tendría el mismo Sistema de Justicia de que el proceso no se lleve a cabo de la manera más correcta.
Por su lado el abogado constitucionalista Stuardo Ralón indica que los Juzgados de Mayor Riesgo están teniendo una tarea más que relevante en los últimos meses, porque han conocido señalamientos de corrupción que han involucrado a los más altos funcionarios del Ejecutivo y en algunos casos miembros del Organismo Judicial, del MP y personajes que se les ha señalado del funcionamiento mismo del Estado.
“Este tipo de señalamientos que se han presentado por parte del MP y algunos con la cooperación de la CICIG lo que han hecho es que el juzgado tome una relevancia mayor. Es decir que uno espere que esos procesos legales sean tramitados de una manera implacable y siente precedentes importantes para funcionarios que se desenvuelven en la administración pública”, dice Ralón.
Según Fuentes la primera cualidad que debe tener un Juzgado de Alto Impacto es la independencia y una segunda igual de importante sería la eficiencia. “Un juzgado de Alto Riesgo no puede ser negligente, sino que tiene que marcar la diferencia y llevar procesos impecables y no tengan duda posteriormente de que se actuó de la mejor manera posible”.
Además refiere que es importante que la ciudadanía recupere la confianza en el sistema de Justicia, pero es muy delicado que con la exposición de algunos casos que se llevan en los Juzgados de Mayor Riesgo puedan contaminarse hasta cierto punto, “lo que no quisiéramos es que la contaminación de afuera pueda perjudicar el proceso para llegar a la verdad”.
Ralón indica que la idea que cuando el sistema de justicia funciona correctamente y se respetan las garantías del proceso, es cuando son oportunas las resoluciones. Esto ayuda a que haya una “estabilidad jurídica” en el país, así como una certeza jurídica, algo que es necesario para que una sociedad se desarrolle.
Contrario cuando no se da un proceso oportuno y se violentan garantías, lejos de fortalecer la estabilidad se puede debilitar y por lo tanto es ahí donde el sistema de Justicia debe ser fiel en la balanza y empujarnos a una mejor sociedad.
Entonces “hasta el momento la ciudadanía ha visto esperanzada que el funcionamiento de esos tribunales ha sido eficiente en la fase que le corresponde de manera ágil, oportuna y transparente en las resoluciones que ha emitido”, dice el abogado.
Además refiere que el día de mañana ya se verá cómo se desenvuelven los casos en otras instancias, porque pasarán a otros tribunales ya que no se quedaron ahí sino que tienen que continuar en las Tribunales de Sentencia, Corte Suprema de Justicia e inclusive a la Corte de Constitucionalidad. Allí la exigencia debe ser la misma, objetividad, autonomía e imparcialidad, que no se dejen llevar por los clamores populares o temas mediáticos sino que se aplique la Ley.
Fuentes indica que la fiscalización de estos casos pueden tener aristas, por lo que hay que tener una alta responsabilidad en el manejo de la información para no entrar en el campo de la especulación, la cual no contribuye con estos casos, para se lleven con un debido proceso.
El Sistema de Justicia se está fortaleciendo con los Juzgados de Mayor Riesgo y devuelve la credibilidad a la ciudadanía aseguró Fuentes. Mientras que Ralón dice el actuar de los Juzgados ha sido bueno y por ende se fortalece el sistema de justicia, pero deben actuar bajo la Ley y no por la popularidad o agrado de la ciudadanía, porque a veces tendrán que resolver en contra, pero esa será la garantía de que la Ley se está respetando.
Los Jueces de Mayor Riesgo
Sin embargo la juzgadora de un tribunal de impacto, pasa por un momento critico de su carrera. Flores Polanco ha sido señalada por la CICIG y el MP por su supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.
Miguel Ángel Gálvez Aguilar es abogado y notario, actualmente titular del Juzgado de Mayor Riesgo B. Se graduó de abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Trabajó como Juez de Alto Impacto en Quiché, Baja Verapaz y Chiquimula.
Ha sido juez de mayor riesgo y ha conocido casos de alto impacto como el asesinato de los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y su piloto, el caso Rosenberg, el proceso contra Eduardo Villatoro Cano por la masacre de Policías en Salcajá, Quetzaltenango, la red de Pavón que era liderada por el reo Byron Lima Oliva, y el caso emblemático de la Linea entre otros.
Victor Hugo Herrera Ríos es abogado y notario, designado como titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, con diez años de ejercicio profesional como Juez de Primera Instancia Suplente, Juez de Primera Instancia, Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente y Juez Vocal del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Chiquimula también conocido como Tribunal de Alto Impacto.
