EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, informó este miércoles que existen nuevas fallas en el equipo que debe servir para desactivar la señal de la telefonía en las cárceles del país, esto pese a que la Ley de Telecomunicaciones establece el bloqueo de señal en los centros carcelarios, la cual fue aprobada hace más de un año.
Por su parte Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia, dice que la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada para complacer los intereses solamente a una compañía telefónica, porque en realidad el objetivo era asumir el poder en los municipios para colocar sus instalaciones particularmente las torres sin contar con la autorización municipal.
Ibarra indica que afortunadamente los alcaldes lograron detener esa situación con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, “lo de bloquear la señal era nada más una carnada, porque asumieron que todos íbamos a estar de acuerdo con que las empresas hicieran esa inversión en los centros de privación, sin embargo no fue así y las empresas han incumplido, así como el Sistema Penitenciario y el Estado en General”
Según el Movimiento Projusticia, el bloqueo de señal celular es un mito, porque las empresas no están interesadas en el bloqueo perse, porque los privados de libertad gastan millones de minutos en hablar con familiares o amigos e inclusive para realizar actividades criminales, esos minutos son millones de quetzales que le ingresan a las empresas, entonces es un gran negocio.
“No se necesitan de bloqueadores, es una decisión administrativa la que se necesita. Las autoridades penitenciarias lo que deben cumplir es la Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual prohíbe que ingresen teléfonos celulares a las cárceles, entonces no deberían haber bloqueadores” señala Ibarra.
Además agrega que se han capturado a personas que han cometido ese delito, sin embargo no “le quieren echar el guate a los verdaderos promotores del crimen organizado en las cárceles que son las propias autoridades de los centros penitenciarios” dice Ibarra.
El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, informó este miércoles que existen nuevas fallas en el equipo que debe servir para desactivar la señal de la telefonía en las cárceles del país, esto pese a que la Ley de Telecomunicaciones establece el bloqueo de señal en los centros carcelarios, la cual fue aprobada hace más de un año.
Por su parte Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia, dice que la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada para complacer los intereses solamente a una compañía telefónica, porque en realidad el objetivo era asumir el poder en los municipios para colocar sus instalaciones particularmente las torres sin contar con la autorización municipal.
Ibarra indica que afortunadamente los alcaldes lograron detener esa situación con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, “lo de bloquear la señal era nada más una carnada, porque asumieron que todos íbamos a estar de acuerdo con que las empresas hicieran esa inversión en los centros de privación, sin embargo no fue así y las empresas han incumplido, así como el Sistema Penitenciario y el Estado en General”
Según el Movimiento Projusticia, el bloqueo de señal celular es un mito, porque las empresas no están interesadas en el bloqueo perse, porque los privados de libertad gastan millones de minutos en hablar con familiares o amigos e inclusive para realizar actividades criminales, esos minutos son millones de quetzales que le ingresan a las empresas, entonces es un gran negocio.
“No se necesitan de bloqueadores, es una decisión administrativa la que se necesita. Las autoridades penitenciarias lo que deben cumplir es la Ley de Equipos Terminales Móviles, la cual prohíbe que ingresen teléfonos celulares a las cárceles, entonces no deberían haber bloqueadores” señala Ibarra.
Además agrega que se han capturado a personas que han cometido ese delito, sin embargo no “le quieren echar el guate a los verdaderos promotores del crimen organizado en las cárceles que son las propias autoridades de los centros penitenciarios” dice Ibarra.
