EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó su VIII informe de labores correspondiente al 2015, evidenciando la urgencia de incrementar la inversión para el sector justicia y reformar leyes prioritarias para la lucha contra la impunidad.
Según el informe la actividad de la CICIG durante este año ha provocado la necesidad urgente de reformar leyes para la lucha contra la impunidad y la corrupción, especialmente la Ley electoral y de partidos políticos, la Ley de la carrera judicial, Ley de compras y contrataciones, Ley de servicio civil, la Ley de procedimientos de antejuicio y la Ley orgánica del ministerio público.
Asimismo indica que las lecciones aprendidas en el devenir de cada una de las investigaciones y los procesos de transferencia de capacidades y fortalecimiento institucional, permiten afirmar que es absolutamente necesario cambiar las reglas que determinan el quehacer del Estado y su forma de relacionarse con los proveedores de bienes y servicios.
Para el titular de la CICIG, Iván Velásquez, es importante fortalecer el sistema de justicia o de lo contrario los casos investigados por la entidad serán siempre ilustrativos pero insuficientes para una modificación real y sostenible del sistema. “Estos cambios no son suficientes, si no van acompañados de una indispensable y urgente inversión en el sector justicia”, dijo. Asimismo, resaltó la urgencia de modificar las reformas legales necesarias.
Velásquez dejó claro que “con las actuales condiciones del sistema de justicia no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país”. Remarcó que resolver los crímenes impunes tomaría al Estado hasta año 2031.
En consecuencia una serie de reformas robustas, al menos en las mencionadas leyes, “es un requisito indispensable para lograr un impacto duradero en la lucha contra la impunidad y la corrupción que su vez son elementos fundamentales en la construcción del Estado democrático de Derecho”.
El Comisionado anunció que firmará un convenio con el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, para crear una Unidad especializada de auditoría. Asimismo, adelantó que buscará investigar a algunas municipalidades para crear una matriz de investigación para los 338 municipios.
Los resultados de CICIG
Durante la presentación del VIII informe de la gestión de CICIG se detalló que han presentado alrededor de 21 investigaciones en contra de estructuras criminales, de esas hay 184 personas imputadas, 183 se encuentran ligados a proceso penal y además se han presentado 20 acciones de antejuicio.
Según el jefe de la CICIG, las investigaciones involucran a funcionarios de alto nivel de Estado, pero también hay particulares que de manera independiente o en colusión con los primeros se han constituido en una red político económica ilícita.
Los casos por corrupción administrativa presentados ante los tribunales de justicia, debido a la profundidad de los esquemas utilizados para cometer los delitos y la relevancia institucional de los autores, “permiten afirmar que la corrupción es el denominador común de las relaciones político institucionales y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos cuando estos actúan como proveedores de servicio o bienes; en otras palabras, la corrupción ha moldeado todas las relaciones del Estado”, refiere el informe.
Además establece que las investigaciones relacionadas con ilícitos cometidos por jueces y otros operadores del sistema de justicia merecen especial atención, ya que se trata de la perversión del sistema de aplicación de la ley y control del poder político.
La existencia de evidencia de enriquecimiento ilícito o de participación directa en redes ocultas de procuración de impunidad es una de las alertas más grandes que una democracia puede tener, debido a que el sistema de justicia es la última línea de defensa con que la sociedad cuenta frente a los abusos de poder y el delito señala, establece la CICIG.
Investigaciones en coordinación con el MP
Las investigaciones realizadas por la CICIG fueron hechas en coordinación con la Fiscal General Thelma Aldana, al frente del Ministerio Público, han sido reconocida nacional e internacionalmente por la labor de la lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha comprometido realizar durante su gestión.
De acuerdo con Aldana el 2015 ha marcado el avance de la lucha contra la impunidad y “el pueblo de Guatemala merece una verdadera democracia y para ello se debe velar por continuar la referida lucha”.
La Fiscal General dijo estar agradecida por la labor de la CICIG, la cual contribuye efectivamente a la construcción de un Estado de Derecho propio de una democracia. Por lo que instó a buscar alternativas al sistema de justicia porque es inconcebible que el MP solo esté presente en un 10 por ciento de todo el país, enfatizó.
Las entidades de investigación sacaron a luz este año varios casos de impacto que llevó tras las rejas a altos funcionarios. Entre ellos se encuentra la desarticulación de la red de defraudación aduanera conocido como La Línea que tiene en prisión preventiva a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Los contratos anómalos en el Seguro Social que llevaron a la cárcel a Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez.
Otro caso de impacto fue el de Lavado y Política que ligó a proceso al expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) Edgar Barquín y tiene en proceso la solicitud de antejuicio contra los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez. El último caso fue el de Negociantes de la Salud que sacó a luz la adquisición de contratos, por esta acusación varios médicos, autoridades administrativas del Seguro Social y proveedores guardan prisión.
Según la CICIG las investigaciones han permitido evidenciar la existencia de redes político económicas ilícitas en diversas esferas del aparato del Estado y a su alrededor que históricamente han existido y que a lo largo de al menos 30 años han infiltrado los espacios del poder político para introducir su agenda de intereses legales e ilegales. Hacen ver que de esta forma se moldean las relaciones políticas, la lógica interna y externa de los partidos políticos, las formas de relación comercial y contratación con el gobierno y el Estado mismo.
La CICIG a cargo de Velásquez dio resultados
Sobre el informe de CICIG Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, dice que cuando se estaba discutiendo la renovación o no del mandato de la CICIG, fue uno de los más críticos porque los resultados no avalaban la continuación del mandato de la Comisión. Sin embargo un año después de labores,sin duda la gestión del comisionado Iván Velásquez superó las expectativas y con resultados ha avalado la extensión de este mandato.
Ralón indica que el mandato de la comisión en todos los años que ha estado en Guatemala no ha sufrido ninguna modificación, por lo que se puede observar una diferencia de cómo utilizó el mandato el comisionado Carlos Castresana, cómo la utilizó Francisco Dall’anse y cómo lo ha utilizado Iván Velásquez.
“Sin duda alguna el comisionado actual ha marcado una diferencia que se puede establecer casi en forma simultánea durante este año, con procesos de alto impacto en las esferas más altas de funcionarios públicos que se cuestionan durante la gestión, es un mérito tremendo y esa gestión ha tenido como un papel protagónico la labor del Ministerio Público, es decir la Fiscal Thelma Aldana que ha sido una pieza fundamental en el mandato del comisionado Velásquez”.
Ralón también refiere que hay que evaluar a la Comisión objetivamente, porque en esta fase ha hecho señalamientos probatorios y lo que corresponde ahora es que se diligencie conforme al debido proceso y derecho de defensa y ver cuántas sentencias de culpabilidad hay. Hasta el momento la labor del Comisionado Velásquez por mucho ha sido mejor que en los años anteriores de la CICIG.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó su VIII informe de labores correspondiente al 2015, evidenciando la urgencia de incrementar la inversión para el sector justicia y reformar leyes prioritarias para la lucha contra la impunidad.
Según el informe la actividad de la CICIG durante este año ha provocado la necesidad urgente de reformar leyes para la lucha contra la impunidad y la corrupción, especialmente la Ley electoral y de partidos políticos, la Ley de la carrera judicial, Ley de compras y contrataciones, Ley de servicio civil, la Ley de procedimientos de antejuicio y la Ley orgánica del ministerio público.
Asimismo indica que las lecciones aprendidas en el devenir de cada una de las investigaciones y los procesos de transferencia de capacidades y fortalecimiento institucional, permiten afirmar que es absolutamente necesario cambiar las reglas que determinan el quehacer del Estado y su forma de relacionarse con los proveedores de bienes y servicios.
Para el titular de la CICIG, Iván Velásquez, es importante fortalecer el sistema de justicia o de lo contrario los casos investigados por la entidad serán siempre ilustrativos pero insuficientes para una modificación real y sostenible del sistema. “Estos cambios no son suficientes, si no van acompañados de una indispensable y urgente inversión en el sector justicia”, dijo. Asimismo, resaltó la urgencia de modificar las reformas legales necesarias.
Velásquez dejó claro que “con las actuales condiciones del sistema de justicia no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país”. Remarcó que resolver los crímenes impunes tomaría al Estado hasta año 2031.
En consecuencia una serie de reformas robustas, al menos en las mencionadas leyes, “es un requisito indispensable para lograr un impacto duradero en la lucha contra la impunidad y la corrupción que su vez son elementos fundamentales en la construcción del Estado democrático de Derecho”.
El Comisionado anunció que firmará un convenio con el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, para crear una Unidad especializada de auditoría. Asimismo, adelantó que buscará investigar a algunas municipalidades para crear una matriz de investigación para los 338 municipios.
Los resultados de CICIG
Durante la presentación del VIII informe de la gestión de CICIG se detalló que han presentado alrededor de 21 investigaciones en contra de estructuras criminales, de esas hay 184 personas imputadas, 183 se encuentran ligados a proceso penal y además se han presentado 20 acciones de antejuicio.
Según el jefe de la CICIG, las investigaciones involucran a funcionarios de alto nivel de Estado, pero también hay particulares que de manera independiente o en colusión con los primeros se han constituido en una red político económica ilícita.
Los casos por corrupción administrativa presentados ante los tribunales de justicia, debido a la profundidad de los esquemas utilizados para cometer los delitos y la relevancia institucional de los autores, “permiten afirmar que la corrupción es el denominador común de las relaciones político institucionales y de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos cuando estos actúan como proveedores de servicio o bienes; en otras palabras, la corrupción ha moldeado todas las relaciones del Estado”, refiere el informe.
Además establece que las investigaciones relacionadas con ilícitos cometidos por jueces y otros operadores del sistema de justicia merecen especial atención, ya que se trata de la perversión del sistema de aplicación de la ley y control del poder político.
La existencia de evidencia de enriquecimiento ilícito o de participación directa en redes ocultas de procuración de impunidad es una de las alertas más grandes que una democracia puede tener, debido a que el sistema de justicia es la última línea de defensa con que la sociedad cuenta frente a los abusos de poder y el delito señala, establece la CICIG.
Investigaciones en coordinación con el MP
Las investigaciones realizadas por la CICIG fueron hechas en coordinación con la Fiscal General Thelma Aldana, al frente del Ministerio Público, han sido reconocida nacional e internacionalmente por la labor de la lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha comprometido realizar durante su gestión.
De acuerdo con Aldana el 2015 ha marcado el avance de la lucha contra la impunidad y “el pueblo de Guatemala merece una verdadera democracia y para ello se debe velar por continuar la referida lucha”.
La Fiscal General dijo estar agradecida por la labor de la CICIG, la cual contribuye efectivamente a la construcción de un Estado de Derecho propio de una democracia. Por lo que instó a buscar alternativas al sistema de justicia porque es inconcebible que el MP solo esté presente en un 10 por ciento de todo el país, enfatizó.
Las entidades de investigación sacaron a luz este año varios casos de impacto que llevó tras las rejas a altos funcionarios. Entre ellos se encuentra la desarticulación de la red de defraudación aduanera conocido como La Línea que tiene en prisión preventiva a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Los contratos anómalos en el Seguro Social que llevaron a la cárcel a Juan de Dios Rodríguez, exsecretario privado de Pérez.
Otro caso de impacto fue el de Lavado y Política que ligó a proceso al expresidente del Banco de Guatemala (Banguat) Edgar Barquín y tiene en proceso la solicitud de antejuicio contra los diputados Manuel Barquín y Jaime Martínez. El último caso fue el de Negociantes de la Salud que sacó a luz la adquisición de contratos, por esta acusación varios médicos, autoridades administrativas del Seguro Social y proveedores guardan prisión.
Según la CICIG las investigaciones han permitido evidenciar la existencia de redes político económicas ilícitas en diversas esferas del aparato del Estado y a su alrededor que históricamente han existido y que a lo largo de al menos 30 años han infiltrado los espacios del poder político para introducir su agenda de intereses legales e ilegales. Hacen ver que de esta forma se moldean las relaciones políticas, la lógica interna y externa de los partidos políticos, las formas de relación comercial y contratación con el gobierno y el Estado mismo.
La CICIG a cargo de Velásquez dio resultados
Sobre el informe de CICIG Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, dice que cuando se estaba discutiendo la renovación o no del mandato de la CICIG, fue uno de los más críticos porque los resultados no avalaban la continuación del mandato de la Comisión. Sin embargo un año después de labores,sin duda la gestión del comisionado Iván Velásquez superó las expectativas y con resultados ha avalado la extensión de este mandato.
Ralón indica que el mandato de la comisión en todos los años que ha estado en Guatemala no ha sufrido ninguna modificación, por lo que se puede observar una diferencia de cómo utilizó el mandato el comisionado Carlos Castresana, cómo la utilizó Francisco Dall’anse y cómo lo ha utilizado Iván Velásquez.
“Sin duda alguna el comisionado actual ha marcado una diferencia que se puede establecer casi en forma simultánea durante este año, con procesos de alto impacto en las esferas más altas de funcionarios públicos que se cuestionan durante la gestión, es un mérito tremendo y esa gestión ha tenido como un papel protagónico la labor del Ministerio Público, es decir la Fiscal Thelma Aldana que ha sido una pieza fundamental en el mandato del comisionado Velásquez”.
Ralón también refiere que hay que evaluar a la Comisión objetivamente, porque en esta fase ha hecho señalamientos probatorios y lo que corresponde ahora es que se diligencie conforme al debido proceso y derecho de defensa y ver cuántas sentencias de culpabilidad hay. Hasta el momento la labor del Comisionado Velásquez por mucho ha sido mejor que en los años anteriores de la CICIG.
