EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La Jueza Mélina Vásquez decidió enviar a prisión preventiva a dos de los 11 señalados, Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles, mientras que benefició con arresto domiciliario y una caución económica de Q35 mil al resto de los sindicados, quienes deberán presentarse cada 8 días a firmar el libro de medidas sustitutivas.
Por esta resolución la Fiscalía tiene tres días para apelar a dicho fallo, por lo que según la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, se encuentran analizando las medidas a tomar. De acuerdo con Barrera, las personas que fueron beneficiadas deben permanecer en prisión hasta que la resolución no quede en firme.
Todo apunta a que la Fiscalía apelara a la decisión de la Jueza, ya que el martes en la audiencia, el fiscal que lleva el caso informo a los medios de comunicación que apelaran a la decisión pero que será luego del análisis con la Fiscal General Thelma Aladana.
Los implicados en este caso están siendo señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de haberse beneficiado de contratos anómalos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), son acusados por los delitos de Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita.
La Jueza Mélina Vásquez decidió enviar a prisión preventiva a dos de los 11 señalados, Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles, mientras que benefició con arresto domiciliario y una caución económica de Q35 mil al resto de los sindicados, quienes deberán presentarse cada 8 días a firmar el libro de medidas sustitutivas.
Por esta resolución la Fiscalía tiene tres días para apelar a dicho fallo, por lo que según la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, se encuentran analizando las medidas a tomar. De acuerdo con Barrera, las personas que fueron beneficiadas deben permanecer en prisión hasta que la resolución no quede en firme.
Todo apunta a que la Fiscalía apelara a la decisión de la Jueza, ya que el martes en la audiencia, el fiscal que lleva el caso informo a los medios de comunicación que apelaran a la decisión pero que será luego del análisis con la Fiscal General Thelma Aladana.
Los implicados en este caso están siendo señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público de haberse beneficiado de contratos anómalos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), son acusados por los delitos de Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo, Asociación Ilícita.
