EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Juzgado Tercero del Ramo Penal, decidió este martes ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, señalados de los delitos de lavado de dinero, peculado y falsedad ideológica por el Ministerio Público.
Medrano fue ligado a proceso penal por lavado de dinero y uso de documentación falsificada y fue enviado a prisión preventiva, por existir peligro de fuga y obstrucción a la averiguación de la verdad. Con anterioridad la Jueza Sara Reyes, titular del Juzgado Tercero del ramo Penal, ordenó enviar a prisión provisional al preventivo de la zona 18, al jefe edil y otros implicados y regresa al mismo centro carcelario ahora con prisión preventiva.
La Jueza también resolvió enviar a prisión preventiva a Catalina Gómez y Ligia Anabella Alvarado. Arresto domiciliario y una caución económica de Q20 mil para Jorge Francia y Eduardo Castellanos. La Jueza otorga un plazo de 2 meses para concluir las investigaciones.
De acuerdo con el MP el alcalde se benefició de la suma de aproximadamente Q10 millones provenientes de las arcas de la municipalidad de Chinautla. La Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero señaló que a través de las pesquisas, se estableció que Medrano recibió directamente el equivalente a Q280 mil quetzales, por medio de seis cheques emitidos a nombre de cuatro personas, quienes después lo depositaron a sus cuentas.
El resto del dinero ingresó a las cuentas de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que a su vez lo depositaron a las constructoras: El Campo, Torre Fuerte y Pineda de León. Estas tres entidades, presuntamente, desviaron el dinero hacia DIMACO empresa de un familiar del jefe edil, que por medio de 14 cheques le hizo llegar al funcionario Q9.7 millones.
El ilícito se concretó mediante la escritura pública 895 en diciembre de 2004, donde se pretendió justificar la compra-venta de derechos de posesión de un inmueble valorado en los Q10 millones; sin embargo, dicha hoja de protocolo la compró Ligia Anabella Alvarado Batres en el 2007.
La denuncia fue presentada en el año 2006 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De esa manera, la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos inició con la investigación, la cual se concretó con la aprehensión de cinco personas en el municipio de Chinautla, departamento de Guatemala.
El Juzgado Tercero del Ramo Penal, decidió este martes ligar a proceso penal y enviar a prisión preventiva al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, señalados de los delitos de lavado de dinero, peculado y falsedad ideológica por el Ministerio Público.
Medrano fue ligado a proceso penal por lavado de dinero y uso de documentación falsificada y fue enviado a prisión preventiva, por existir peligro de fuga y obstrucción a la averiguación de la verdad. Con anterioridad la Jueza Sara Reyes, titular del Juzgado Tercero del ramo Penal, ordenó enviar a prisión provisional al preventivo de la zona 18, al jefe edil y otros implicados y regresa al mismo centro carcelario ahora con prisión preventiva.
La Jueza también resolvió enviar a prisión preventiva a Catalina Gómez y Ligia Anabella Alvarado. Arresto domiciliario y una caución económica de Q20 mil para Jorge Francia y Eduardo Castellanos. La Jueza otorga un plazo de 2 meses para concluir las investigaciones.
De acuerdo con el MP el alcalde se benefició de la suma de aproximadamente Q10 millones provenientes de las arcas de la municipalidad de Chinautla. La Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero señaló que a través de las pesquisas, se estableció que Medrano recibió directamente el equivalente a Q280 mil quetzales, por medio de seis cheques emitidos a nombre de cuatro personas, quienes después lo depositaron a sus cuentas.
El resto del dinero ingresó a las cuentas de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que a su vez lo depositaron a las constructoras: El Campo, Torre Fuerte y Pineda de León. Estas tres entidades, presuntamente, desviaron el dinero hacia DIMACO empresa de un familiar del jefe edil, que por medio de 14 cheques le hizo llegar al funcionario Q9.7 millones.
El ilícito se concretó mediante la escritura pública 895 en diciembre de 2004, donde se pretendió justificar la compra-venta de derechos de posesión de un inmueble valorado en los Q10 millones; sin embargo, dicha hoja de protocolo la compró Ligia Anabella Alvarado Batres en el 2007.
La denuncia fue presentada en el año 2006 por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). De esa manera, la Fiscalía de Sección contra el Lavado de Dinero u Otros Activos inició con la investigación, la cual se concretó con la aprehensión de cinco personas en el municipio de Chinautla, departamento de Guatemala.
