EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En la búsqueda de la justicia los guatemaltecos demostraron que unidos se pueden lograr cambios sustanciales en un sistema político colapsado, inmerso en la corrupción y con altos niveles de impunidad. A raíz del destape de casos de alto impacto, analistas coinciden a partir de estos procesos se percibe una reducción en los niveles de impunidad y que son percibidos por la ciudadanía, pero también son claros en afirmar que tiene que tener como resultado condenas firmes sin importar el rango de los implicados.
Desde el 25 de abril el pueblo salió a las calles exigiendo la dimisión de las autoridades de Gobierno, por su posible participación en una estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera denominada “La Línea”.
Junto al exbinomio presidencial se encuentran procesados 39 personas más que posiblemente forman parte de dicha estructura, entre ellos Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia y presuntamente el cerebro de la estructura, quien se entregó a la justicia después de permanecer meses prófugo.
Este caso es un emblema contra la impunidad, por el involucramiento y proceso que se sigue contra alta figuras de la política así como juzgadores, que con anterioridad era impensable pensar verlos en los tribunales.
Lucha contra la impunidad
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate a la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres Organismos del Estado.
De acuerdo con Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, a partir de estos casos se percibe una reducción en los niveles de impunidad, sin embargo es solo una parte que debe estar complementado en condenas firmes.
“Mientras no conozcamos en qué va a terminar cada uno de los procesos, estamos a merced de lo que las autoridades judiciales decidan y el resultado que se tenga de las acciones de parte del MP, pero sí se puede decir que hay un avance en la percepción que hay una lucha contra la impunidad”, dice Fuentes.
Además indica que ahora se podría hacer una investigación que antes no se daba, porque todas las personas que tenían antejuicio eran intocables y hoy estamos viendo algunas diferencias en esos casos.
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, indica que sin duda alguna se ha avanzado en la parte de la persecución penal, sin embargo para que la impunidad disminuya lo que se necesita son condenas. Es decir que haya sentencias condenatorias ejemplares respetando el debido proceso, el derecho de defensa y con las pruebas respectivas.
Además dice que Guatemala está poniendo su parte en las acciones, específicamente en las del Ministerio Público, “sin duda alguna el apoyo que está recibiendo el MP de la CICIG y la comunidad internacional es importante, es decir que es una lucha en la que se está recibiendo una apoyo internacional y que el MP básicamente está haciendo su tarea”. Ralón afirma que la gestión de Thelma Aldana al frente del MP es bastante buena.
Agrega que el país completo todavía no lucha contra la impunidad, porque lamentablemente hay estructuras que han copado la institucionalidad y que hay que depurar, se han visto capturas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces y magistrados, pero “la institucionalidad sigue estando capturada”.
“No es toda la institucionalidad la que está luchando contra la impunidad”, pero sin duda hay un avance en la persecución penal, lo que significa que las líneas de investigación que el MP sigue al aparecer indicios, pues está actuando dentro de sus funciones para que se realicen las investigaciones.
En el séptimo informe de labores de la CICIG dice que existen algunos desafíos fundamentales para establecer con certeza el nivel de impunidad del país: la debilidad de los sistemas de gestión de la información, la poca tradición de medición de resultados y la falta de acuerdo y consenso sobre un modelo de medición de la impunidad entre los actores del sistema de administración de justicia, trae como resultado una multiplicidad de versiones, modelos, resultados y tasas de medición sobre la impunidad en el país.
Durante la gestión de la Fiscal General Claudia Paz y Paz se empezó a implementar un modelo de gestión que según un proyecto del Centro de Estudios de Justicia de la Américas, la Fiscalía de Guatemala aumentó en un 117 por ciento la cantidad de condenas en los últimos cinco años, además de elevar en un 380 por ciento la cantidad de casos resueltos con salidas alternas, en un país considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países más violentos del mundo.
Disminuir la impunidad es la tarea que se han planteado los diferentes sectores de justicia que se mantiene en un 72 por ciento.
Sin embargo, ese nuevo modelo de gestión ha logrado que en el primer año de Thelma Aldana como Fiscal General se tengan aciertos en las investigaciones y procesos que no se lograban hace algunos años, producto del nivel de impunidad que existía.
Se consultó a la oficina de comunicación social del MP y a la CICIG sobre el porcentaje en la que se encontraban la impunidad en Guatemala actualmente, sin embargo al cierre de esta nota, no hubo respuesta de los entes de investigación.
Otros proceso que dan pasos contra la impunidad
El caso “La Línea” no es el único que se ha descubierto y que ha puesto las barbas en remojo a los políticos y operadores de justicia en el país. Luego se conoció la estrategia que utilizaba un grupo de abogados que fueron defensores de implicados y que la CICIG denominó “El Bufete de la impunidad” donde se involucra a la jueza Marta Sierra de Stalling por favorecer a sindicados con medida sustitutiva y queda al descubierto la impunidad en la decisiones de los juzgadores. Por este caso la Jueza Sierra de Stalling también se encuentra procesada y en prisión preventiva.
El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el MP hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los miembros de la junta directiva del IGSS se encuentran en prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. Decenas de pacientes con peritonitis afectados y más de diez fallecidos fue el resultado de un negocio que beneficiaba a unos cuantos, siendo uno de los procesados por este hecho el exsecretario privado de la presidencia y expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.
A este caso siguió otro conocido como el Caso Redes que involucró al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, y al exviceminitro de Energía y Minas, Edwin Rodas. Más recientemente la CICIG acusó a dos juezas y un magistrado por su posible vinculación en casos de corrupción, entre ellos Marta Sierra de Stalling, Jisela Reinoso, y el magistrado Erick Santiago de León de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de El Quiché. Los dos últimos por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito, así como cohecho pasivo respectivamente.
A esto se suman varios procesos de antejuicios a diputados, acusados por actos de corrupción y tráfico de influencias y venta de plazas fantasmas cobro de comisiones. Así como un excandidato a la vicepresidencia y alcaldes que incluso fueron reelectos en sus municipios.
Pero también se han logrado desarticular bandas dedicadas a extorsión, trata de personas, sicariato, narcotráfico, desmantelamiento y robo de vehículos, entre otros.
A la lucha contra la impunidad y corrupción se ha unido el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, que en su cuenta de Twitter ha mostrado su inconformidad por estos males que afectan a Guatemala. “La lucha contra la corrupción no es un discurso: tiene que dignificar la vida de todos, especialmente la de los más excluidos” dijo.
En el marco del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2015, la Fiscal General, Thelma Aldana, habló con Republica.gt expresando las dificultades que se tienen para desarrollar el trabajo de las fiscalías por la falta de presupuesto. Asimismo indicó que Guatemala necesita instituciones sólidas que justamente es el tema que se abordó este año en ENADE.
En la búsqueda de la justicia los guatemaltecos demostraron que unidos se pueden lograr cambios sustanciales en un sistema político colapsado, inmerso en la corrupción y con altos niveles de impunidad. A raíz del destape de casos de alto impacto, analistas coinciden a partir de estos procesos se percibe una reducción en los niveles de impunidad y que son percibidos por la ciudadanía, pero también son claros en afirmar que tiene que tener como resultado condenas firmes sin importar el rango de los implicados.
Desde el 25 de abril el pueblo salió a las calles exigiendo la dimisión de las autoridades de Gobierno, por su posible participación en una estructura criminal dedicada al contrabando y defraudación aduanera denominada “La Línea”.
Junto al exbinomio presidencial se encuentran procesados 39 personas más que posiblemente forman parte de dicha estructura, entre ellos Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la vicepresidencia y presuntamente el cerebro de la estructura, quien se entregó a la justicia después de permanecer meses prófugo.
Este caso es un emblema contra la impunidad, por el involucramiento y proceso que se sigue contra alta figuras de la política así como juzgadores, que con anterioridad era impensable pensar verlos en los tribunales.
Lucha contra la impunidad
Varios son los casos que se convierten para la justicia guatemalteca en un desafío en el combate a la impunidad, esto debido a que quienes se encuentran procesados han fungido como autoridades de los tres Organismos del Estado.
De acuerdo con Marielos Fuentes, de Guatemala Visible, a partir de estos casos se percibe una reducción en los niveles de impunidad, sin embargo es solo una parte que debe estar complementado en condenas firmes.
“Mientras no conozcamos en qué va a terminar cada uno de los procesos, estamos a merced de lo que las autoridades judiciales decidan y el resultado que se tenga de las acciones de parte del MP, pero sí se puede decir que hay un avance en la percepción que hay una lucha contra la impunidad”, dice Fuentes.
Además indica que ahora se podría hacer una investigación que antes no se daba, porque todas las personas que tenían antejuicio eran intocables y hoy estamos viendo algunas diferencias en esos casos.
Stuardo Ralón, abogado constitucionalista, indica que sin duda alguna se ha avanzado en la parte de la persecución penal, sin embargo para que la impunidad disminuya lo que se necesita son condenas. Es decir que haya sentencias condenatorias ejemplares respetando el debido proceso, el derecho de defensa y con las pruebas respectivas.
Además dice que Guatemala está poniendo su parte en las acciones, específicamente en las del Ministerio Público, “sin duda alguna el apoyo que está recibiendo el MP de la CICIG y la comunidad internacional es importante, es decir que es una lucha en la que se está recibiendo una apoyo internacional y que el MP básicamente está haciendo su tarea”. Ralón afirma que la gestión de Thelma Aldana al frente del MP es bastante buena.
Agrega que el país completo todavía no lucha contra la impunidad, porque lamentablemente hay estructuras que han copado la institucionalidad y que hay que depurar, se han visto capturas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), jueces y magistrados, pero “la institucionalidad sigue estando capturada”.
“No es toda la institucionalidad la que está luchando contra la impunidad”, pero sin duda hay un avance en la persecución penal, lo que significa que las líneas de investigación que el MP sigue al aparecer indicios, pues está actuando dentro de sus funciones para que se realicen las investigaciones.
En el séptimo informe de labores de la CICIG dice que existen algunos desafíos fundamentales para establecer con certeza el nivel de impunidad del país: la debilidad de los sistemas de gestión de la información, la poca tradición de medición de resultados y la falta de acuerdo y consenso sobre un modelo de medición de la impunidad entre los actores del sistema de administración de justicia, trae como resultado una multiplicidad de versiones, modelos, resultados y tasas de medición sobre la impunidad en el país.
Durante la gestión de la Fiscal General Claudia Paz y Paz se empezó a implementar un modelo de gestión que según un proyecto del Centro de Estudios de Justicia de la Américas, la Fiscalía de Guatemala aumentó en un 117 por ciento la cantidad de condenas en los últimos cinco años, además de elevar en un 380 por ciento la cantidad de casos resueltos con salidas alternas, en un país considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países más violentos del mundo.
Disminuir la impunidad es la tarea que se han planteado los diferentes sectores de justicia que se mantiene en un 72 por ciento.
Sin embargo, ese nuevo modelo de gestión ha logrado que en el primer año de Thelma Aldana como Fiscal General se tengan aciertos en las investigaciones y procesos que no se lograban hace algunos años, producto del nivel de impunidad que existía.
Se consultó a la oficina de comunicación social del MP y a la CICIG sobre el porcentaje en la que se encontraban la impunidad en Guatemala actualmente, sin embargo al cierre de esta nota, no hubo respuesta de los entes de investigación.
Otros proceso que dan pasos contra la impunidad
El caso “La Línea” no es el único que se ha descubierto y que ha puesto las barbas en remojo a los políticos y operadores de justicia en el país. Luego se conoció la estrategia que utilizaba un grupo de abogados que fueron defensores de implicados y que la CICIG denominó “El Bufete de la impunidad” donde se involucra a la jueza Marta Sierra de Stalling por favorecer a sindicados con medida sustitutiva y queda al descubierto la impunidad en la decisiones de los juzgadores. Por este caso la Jueza Sierra de Stalling también se encuentra procesada y en prisión preventiva.
El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el MP hicieron público un nuevo caso de corrupción, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Los miembros de la junta directiva del IGSS se encuentran en prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. Decenas de pacientes con peritonitis afectados y más de diez fallecidos fue el resultado de un negocio que beneficiaba a unos cuantos, siendo uno de los procesados por este hecho el exsecretario privado de la presidencia y expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.
A este caso siguió otro conocido como el Caso Redes que involucró al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, y al exviceminitro de Energía y Minas, Edwin Rodas. Más recientemente la CICIG acusó a dos juezas y un magistrado por su posible vinculación en casos de corrupción, entre ellos Marta Sierra de Stalling, Jisela Reinoso, y el magistrado Erick Santiago de León de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de El Quiché. Los dos últimos por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos y enriquecimiento ilícito, así como cohecho pasivo respectivamente.
A esto se suman varios procesos de antejuicios a diputados, acusados por actos de corrupción y tráfico de influencias y venta de plazas fantasmas cobro de comisiones. Así como un excandidato a la vicepresidencia y alcaldes que incluso fueron reelectos en sus municipios.
Pero también se han logrado desarticular bandas dedicadas a extorsión, trata de personas, sicariato, narcotráfico, desmantelamiento y robo de vehículos, entre otros.
A la lucha contra la impunidad y corrupción se ha unido el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, que en su cuenta de Twitter ha mostrado su inconformidad por estos males que afectan a Guatemala. “La lucha contra la corrupción no es un discurso: tiene que dignificar la vida de todos, especialmente la de los más excluidos” dijo.
En el marco del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2015, la Fiscal General, Thelma Aldana, habló con Republica.gt expresando las dificultades que se tienen para desarrollar el trabajo de las fiscalías por la falta de presupuesto. Asimismo indicó que Guatemala necesita instituciones sólidas que justamente es el tema que se abordó este año en ENADE.
