EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Después de dos años de múltiples intentos, la vicepresidenta Karin Herrera finalmente accedió a ser entrevistada por República. El ejercicio de rendición de cuentas evidencia las discrepancias entre el discurso y la realidad institucional del Ejecutivo, en especial de la Vicepresidencia. El encuentro, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, fue limitado y con varias restricciones.
Desde la campaña, el entonces binomio presidencial del Movimiento Semilla prometió accesibilidad, transparencia y respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, la espera prolongada y las condiciones impuestas para llevar a cabo la entrevista reflejaron un discurso vacío.
La entrevista, en principio, se acordó por una hora; luego, el equipo de comunicación de la vicepresidencia la redujo a 30 minutos. Argumentaron compromisos en la agenda pública y actividades con otros periodistas —como una gira de medios para profundizar la problemática de la Universidad de San Carlos (USAC)—.
La limitación del tiempo no es un detalle menor; en gobiernos genuinamente democráticos, el acceso a funcionarios públicos es una herramienta clave para fiscalizar el uso de recursos del Estado. Reducir espacios de diálogo, especialmente cuando han sido largamente postergados, es una clara muestra de opacidad.
Detrás de ello, surgen conjeturas; una de ellas apunta a la inestabilidad del equipo de comunicación de la vicepresidencia, que ha tenido al menos tres responsables en este período. La rotación constante suele traducirse en desorden operativo, falta de seguimiento y, en consecuencia, fallas en la relación con los medios.
Durante la conversación, Herrera abordó su rutina y destacó la intensidad del cargo: “Empiezo a trabajar desde las cuatro de la mañana”. Explicó que sus funciones difieren de las del presidente.
En el plano político, negó tensiones internas dentro del Ejecutivo y argumentó que la separación de funciones explica la percepción de distanciamiento. “Las funciones del presidente y la vicepresidenta son diferentes”, aseveró Herrera.
Agregó: “Ambos equipos trabajamos, pero no necesariamente estamos pendientes de qué hace el otro [...] Tenemos una gran cantidad de funciones por cubrir. En 2023, aparecíamos juntos en la tarima; hoy en día es más difícil, porque cada uno tiene sus funciones”.
Defendió su gestión, que asegura está centrada en secretarías específicas y proyectos como los clubes de ciencia. Insistió en que su rol actual es estrictamente institucional y que ha dejado atrás cualquier vínculo partidista.
También se refirió a su relación de trabajo con los diputados del desaparecido Movimiento Semilla, entre ellos Samuel Pérez. Aclaró que tanto el Congreso como el Ejecutivo son entidades autónomas y que no tiene injerencia legal sobre el otro. “Me he dedicado a cumplir las funciones institucionales. Me distancié de cualquier actividad político-partidista. Uno pasa a ser vicepresidente de todo el país”.
Uno de los puntos más relevantes fue el conflicto en la USAC. Enfatizó la necesidad de respetar los procesos electorales y la voluntad de los electores. Su postura se centró en la legitimidad: permitir que quienes ya fueron electos ejerzan su derecho al voto sin obstáculos.
La vicepresidenta evitó respaldar candidaturas o involucrarse directamente, subrayando su deber de neutralidad. Aseguró que su llamado fue claro: garantizar condiciones para que el proceso se desarrollase conforme a las reglas establecidas.
El contenido de la entrevista dejó pocos elementos relevantes, pero el verdadero mensaje estuvo en las condiciones en que se realizó. El ofensivo y reiterado aplazamiento, la reducción del tiempo y la descoordinación reflejan debilidades en la gestión comunicacional y trato diferenciado.
En un entorno donde la confianza institucional es frágil, estos detalles pesan. La comunicación no es un accesorio del poder, sino un componente esencial para sostener la credibilidad. Cuando falla, no solo afecta la relación con la prensa, sino también el derecho ciudadano a estar informado.
Después de dos años de múltiples intentos, la vicepresidenta Karin Herrera finalmente accedió a ser entrevistada por República. El ejercicio de rendición de cuentas evidencia las discrepancias entre el discurso y la realidad institucional del Ejecutivo, en especial de la Vicepresidencia. El encuentro, realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, fue limitado y con varias restricciones.
Desde la campaña, el entonces binomio presidencial del Movimiento Semilla prometió accesibilidad, transparencia y respeto a la libertad de expresión. Sin embargo, la espera prolongada y las condiciones impuestas para llevar a cabo la entrevista reflejaron un discurso vacío.
La entrevista, en principio, se acordó por una hora; luego, el equipo de comunicación de la vicepresidencia la redujo a 30 minutos. Argumentaron compromisos en la agenda pública y actividades con otros periodistas —como una gira de medios para profundizar la problemática de la Universidad de San Carlos (USAC)—.
La limitación del tiempo no es un detalle menor; en gobiernos genuinamente democráticos, el acceso a funcionarios públicos es una herramienta clave para fiscalizar el uso de recursos del Estado. Reducir espacios de diálogo, especialmente cuando han sido largamente postergados, es una clara muestra de opacidad.
Detrás de ello, surgen conjeturas; una de ellas apunta a la inestabilidad del equipo de comunicación de la vicepresidencia, que ha tenido al menos tres responsables en este período. La rotación constante suele traducirse en desorden operativo, falta de seguimiento y, en consecuencia, fallas en la relación con los medios.
Durante la conversación, Herrera abordó su rutina y destacó la intensidad del cargo: “Empiezo a trabajar desde las cuatro de la mañana”. Explicó que sus funciones difieren de las del presidente.
En el plano político, negó tensiones internas dentro del Ejecutivo y argumentó que la separación de funciones explica la percepción de distanciamiento. “Las funciones del presidente y la vicepresidenta son diferentes”, aseveró Herrera.
Agregó: “Ambos equipos trabajamos, pero no necesariamente estamos pendientes de qué hace el otro [...] Tenemos una gran cantidad de funciones por cubrir. En 2023, aparecíamos juntos en la tarima; hoy en día es más difícil, porque cada uno tiene sus funciones”.
Defendió su gestión, que asegura está centrada en secretarías específicas y proyectos como los clubes de ciencia. Insistió en que su rol actual es estrictamente institucional y que ha dejado atrás cualquier vínculo partidista.
También se refirió a su relación de trabajo con los diputados del desaparecido Movimiento Semilla, entre ellos Samuel Pérez. Aclaró que tanto el Congreso como el Ejecutivo son entidades autónomas y que no tiene injerencia legal sobre el otro. “Me he dedicado a cumplir las funciones institucionales. Me distancié de cualquier actividad político-partidista. Uno pasa a ser vicepresidente de todo el país”.
Uno de los puntos más relevantes fue el conflicto en la USAC. Enfatizó la necesidad de respetar los procesos electorales y la voluntad de los electores. Su postura se centró en la legitimidad: permitir que quienes ya fueron electos ejerzan su derecho al voto sin obstáculos.
La vicepresidenta evitó respaldar candidaturas o involucrarse directamente, subrayando su deber de neutralidad. Aseguró que su llamado fue claro: garantizar condiciones para que el proceso se desarrollase conforme a las reglas establecidas.
El contenido de la entrevista dejó pocos elementos relevantes, pero el verdadero mensaje estuvo en las condiciones en que se realizó. El ofensivo y reiterado aplazamiento, la reducción del tiempo y la descoordinación reflejan debilidades en la gestión comunicacional y trato diferenciado.
En un entorno donde la confianza institucional es frágil, estos detalles pesan. La comunicación no es un accesorio del poder, sino un componente esencial para sostener la credibilidad. Cuando falla, no solo afecta la relación con la prensa, sino también el derecho ciudadano a estar informado.
