EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La alianza impulsada por el oficialismo durante la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027 se pondrá a prueba hoy, cuando el pleno conozca y discuta el veto presidencial a las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La sesión será clave para medir la cohesión y fortaleza de los acuerdos políticos que permitieron la conformación de la nueva directiva legislativa, encabezada por Luis Contreras, respaldada por más de 140 diputados.
En el orden del día figura la decisión sobre si se acepta o rechaza el veto del Ejecutivo, para lo cual se necesitan 107 votos. El Ejecutivo argumenta que el decreto aprobado por el Congreso contraviene el artículo 2 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el bienestar de los habitantes.
Según su análisis, la reforma al artículo 8 de la ley ambiental altera el espíritu original de la norma, ya que limita la exigencia de estudios de impacto ambiental únicamente a obras o industrias de carácter comercial, dejando fuera, otras actividades que también podrían generar daños al entorno natural. La Presidencia advierte que esta modificación restringe la aplicación de la ley y genera incertidumbre jurídica respecto a los sujetos obligados a realizar dichos estudios.
Además, al no establecer criterios objetivos de distinción entre los distintos tipos de actividades, la reforma podría debilitar el régimen de sanciones penales y administrativas en materia ambiental, dificultando la aplicación efectiva de la legislación y afectando la capacidad del Estado para garantizar la protección del medioambiente. De esa cuenta, el resultado de la votación no solo definirá el futuro de las reformas, sino que también será un termómetro político del nivel de respaldo que conserva el oficialismo en el Congreso.
La victoria de Contreras al frente de la Junta Directiva fue atribuida a una alianza de bloques que incluyó figuras como Julio López Escobar, hijo del exdiputado Julio López —señalado en el caso Plazas Fantasma—, y sobrino del operador Roberto López Villatoro.
La cohesión de esa alianza se pondrá a prueba justo antes del debate más relevante del año: el presupuesto general 2026, cuyo dictamen favorable se espera esta semana por parte de la Comisión de Finanzas, presidida por Julio Héctor Estrada, de Cabal. Si el Congreso no aprueba el nuevo presupuesto antes del 30 de noviembre, seguirá vigente el actual.
Postuladora para TSE
La agenda legislativa incluye, además, la convocatoria a la comisión de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben asumir el 20 de marzo de 2026. Esta será la primera de varias designaciones clave previstas para ese año, ya que también se deberá integrar la postuladora para la elección del fiscal general, cuyo nuevo titular debe tomar posesión el 17 de mayo del próximo año.
La alianza impulsada por el oficialismo durante la reciente elección de la Junta Directiva del Congreso para el período 2026-2027 se pondrá a prueba hoy, cuando el pleno conozca y discuta el veto presidencial a las reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. La sesión será clave para medir la cohesión y fortaleza de los acuerdos políticos que permitieron la conformación de la nueva directiva legislativa, encabezada por Luis Contreras, respaldada por más de 140 diputados.
En el orden del día figura la decisión sobre si se acepta o rechaza el veto del Ejecutivo, para lo cual se necesitan 107 votos. El Ejecutivo argumenta que el decreto aprobado por el Congreso contraviene el artículo 2 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de garantizar la vida, la seguridad y el bienestar de los habitantes.
Según su análisis, la reforma al artículo 8 de la ley ambiental altera el espíritu original de la norma, ya que limita la exigencia de estudios de impacto ambiental únicamente a obras o industrias de carácter comercial, dejando fuera, otras actividades que también podrían generar daños al entorno natural. La Presidencia advierte que esta modificación restringe la aplicación de la ley y genera incertidumbre jurídica respecto a los sujetos obligados a realizar dichos estudios.
Además, al no establecer criterios objetivos de distinción entre los distintos tipos de actividades, la reforma podría debilitar el régimen de sanciones penales y administrativas en materia ambiental, dificultando la aplicación efectiva de la legislación y afectando la capacidad del Estado para garantizar la protección del medioambiente. De esa cuenta, el resultado de la votación no solo definirá el futuro de las reformas, sino que también será un termómetro político del nivel de respaldo que conserva el oficialismo en el Congreso.
La victoria de Contreras al frente de la Junta Directiva fue atribuida a una alianza de bloques que incluyó figuras como Julio López Escobar, hijo del exdiputado Julio López —señalado en el caso Plazas Fantasma—, y sobrino del operador Roberto López Villatoro.
La cohesión de esa alianza se pondrá a prueba justo antes del debate más relevante del año: el presupuesto general 2026, cuyo dictamen favorable se espera esta semana por parte de la Comisión de Finanzas, presidida por Julio Héctor Estrada, de Cabal. Si el Congreso no aprueba el nuevo presupuesto antes del 30 de noviembre, seguirá vigente el actual.
Postuladora para TSE
La agenda legislativa incluye, además, la convocatoria a la comisión de postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben asumir el 20 de marzo de 2026. Esta será la primera de varias designaciones clave previstas para ese año, ya que también se deberá integrar la postuladora para la elección del fiscal general, cuyo nuevo titular debe tomar posesión el 17 de mayo del próximo año.
