Usurpación de tierras: un delito en aumento

La usurpación de tierras se ha convertido en un fenómeno alarmante en el país, afectando a legítimos propietarios, empresas e instituciones. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, protegido por la Constitución, que lo considera inherente a la persona humana. Según el artículo 39, el Estado debe garantizar el uso y disfrute de los bienes. 

• Este delito —la usurpación— se caracteriza por el despojo de la posesión o tenencia de un bien o de un derecho real y la permanencia de los invasores, lo que lo convierte en flagrante, razón por la cual las fuerzas de seguridad debiesen actuar sin requerimiento. Eso nunca sucede.  

Voces.  Según el fiscal Gerardo Salazar, de la fiscalía contra Delitos de Usurpación, las causas detrás de las usurpaciones son diversas. Entre las principales está el aprovechamiento ilícito de bienes inmuebles con fines de lucro y, en menor medida, fines de vivienda. Un factor político importante es la manipulación de las comunidades indígenas con fines electorales: se le ofrece tierras a cambio de votos, aunque las tierras sean, en realidad, propiedad privada. 

• Los departamentos con los índices más altos incluyen Guatemala, Petén, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Escuintla y Retalhuleu. En estas localidades, la falta de un registro catastral actualizado afecta los derechos de los legítimos propietarios.  

• Uno de los principales desafíos al investigar y procesar casos de usurpación es la reubicación de las personas que están ocupando áreas privadas, especialmente cuando las usurpaciones son con fines de vivienda. En estos casos, no existe un apoyo adecuado por parte de las autoridades para desalojar y reubicar a los invasores. 

• Según el fiscal Salazar, la fiscalía registra 2961 denuncias por usurpaciones, de las cuales 2777 han recibido una resolución procesal. No obstante, 184 casos permanecen activos o en investigación, y el tiempo promedio para resolver un caso varía según la complejidad de la denuncia, oscilando entre un mes y seis meses.  

Los datos. De acuerdo con el Observatorio de Derechos de Propiedad, durante 2023 y 2024 se registraron un total de 1847 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble, con 513 denuncias en 2024 hasta abril. Las usurpaciones fueron el delito más reportado, seguidas por la alteración de linderos y la perturbación de la posesión.  

• En 2023, los departamentos con mayor número de denuncias fueron Guatemala, Huehuetenango, San Marcos y Escuintla, y en 2024, Guatemala lidera hasta la fecha. La mayoría de los casos fueron desestimados, y un porcentaje se resolvió mediante soluciones alternas. Las solicitudes y ejecuciones de desalojos aumentaron en 2024, aunque la tasa de ejecución sigue siendo muy baja. 

• A pesar de los protocolos establecidos, la ejecución de desalojos es exigua. En 2023 se solicitaron 60 desalojos, pero solo se ejecutaron 38. En 2024, las solicitudes han aumentado a 71, pero las ejecuciones cayeron a 16. La mayoría de los casos fueron gestionados mediante conciliaciones y citaciones a primeras declaraciones; se recalca la alta tasa de desestimaciones, sin haber alcanzado una solución, necesariamente. 

• Según datos de ACDEPRO, del 1 de enero al 14 de octubre de 2024, se registraron 612 denuncias por usurpación. Durante ese tiempo, se desestimaron 789 casos y se archivaron 20 expedientes. Asimismo, se solicitaron 46 órdenes de aprehensión, se realizaron 18 allanamientos, y se emitieron 210 citaciones a primera declaración y se presentaron 111 solicitudes de desalojos.   

Qué destacar. Los motivos detrás de las invasiones son variados, pero hay algunos patrones comunes. En las áreas urbanas, muchas ocupaciones están vinculadas a la falta de acceso a vivienda; las familias buscan un lugar donde vivir debido al déficit habitacional del país.  

• En las regiones rurales —especialmente en las comunidades indígenas— las invasiones suelen estar impulsadas por supuestas “demandas históricas” de restitución de tierras. Las comunidades reclaman territorios que consideran ancestrales y que fueron despojados por intereses externos, ya sea a través de políticas coloniales o de desarrollo económico sin su consentimiento. 

• Otro factor relevante es la presencia de invasiones organizadas, donde grupos criminales ocupan terrenos para obtener beneficios ilícitos, como el tráfico de drogas o la explotación ilegal de recursos naturales. En estos casos, las invasiones no solo afectan a los propietarios legítimos, sino que contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho y la seguridad en las zonas afectadas. 

• Finalmente, algunas invasiones están relacionadas con la delincuencia y el crimen organizado, especialmente en zonas específicas del país. Estos grupos utilizan la ocupación ilegal de tierras como parte de su estrategia para controlar territorios y actividades ilícitas, como el narcotráfico. 

Lo que sigue. La falta de mecanismos efectivos y una respuesta institucional adecuada perpetúan la inseguridad de los legítimos propietarios. El fiscal Salazar ha señalado que el problema de las usurpaciones requiere una acción más decidida por parte del Estado en conjunto, y que se redoblen los esfuerzos para garantizar el derecho a la propiedad, mejorando la eficiencia de los procesos judiciales y promoviendo una mayor colaboración entre las instituciones para enfrentar esta problemática de manera integral.