EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El país enfrenta una crisis profunda en su sistema de adquisiciones públicas, evidenciada recientemente por este medio, luego de una serie de adjudicaciones dirigidas que socavan la confianza en las instituciones estatales. Nuestra investigación reveló patrones alarmantes en entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), donde contratos millonarios se otorgan a ofertas sobrevaloradas, favoreciendo a un puñado de proveedores habituales. El patrón es el mismo: empresas —muchas veces— de cartón, con sede en oficinas precarias (que no correspondientes a la magnitud de los contratos adjudicados), testaferros en común, opacidad y embuste. Ah, y por supuesto, una red de conexiones políticas que les garantizan poder ejercer presión para que se les adjudiquen millonarios contratos, además de vínculos en la Contraloría General de Cuentas, para evitar hallazgos.
Esos, y otros muchos casos, ilustran un sistema de compras corrupto, que prioriza intereses particulares sobre el bien público. El punto de partida para una reforma integral debe ser el desmantelamiento del anacrónico Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Este mecanismo, diseñado supuestamente para garantizar calidad, en realidad erige barreras infranqueables para nuevos oferentes, como requisitos burocráticos excesivos y evaluaciones subjetivas que protegen a los inscritos establecidos.
Precisamente estos proveedores consolidados son los que, una y otra vez, corrompen funcionarios para asegurar adjudicaciones, perpetuando un ciclo de opacidad y sobrecostos que drena el erario. Sin competencia real, el Estado paga precios inflados por bienes y servicios, afectando sectores críticos como infraestructura y salud.
Pero el Gobierno tampoco puede “zafar bulto” y abandonar su responsabilidad, como en el caso de la criticable decisión del presidente, Bernardo Arévalo, de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de medicinas. Aunque se presenta como una solución a la corrupción local, esta medida no garantiza, necesariamente, precios óptimos en todos los insumos, ya que UNOPS opera con márgenes propios y selecciona proveedores sin competencia abierta. Peor aún, escapa a la fiscalización oficial de la Contraloría General de Cuentas, dejando un vacío de rendición de cuentas.
Los funcionarios internacionales gozan de inmunidad, lo que equivale a impunidad ante posibles ilícitos, como sobreprecios o favoritismos. Un ejemplo elocuente es el fallido experimento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): pese a algunos logros iniciales, los abusos cometidos por algunos funcionarios extranjeros —como persecución selectiva y presiones indebidas— no pudieron ser juzgados localmente debido a su estatus protegido, dejando víctimas sin justicia y erosionando la soberanía.
Guatemala no puede permitirse más experimentos que externalicen responsabilidades sin controles efectivos. Es imperativo un overhaul total: digitalizar procesos para transparencia total, eliminar barreras como la de RGAE, fortalecer auditorías independientes y penalizar la corrupción con rigor.
Por supuesto, el problema no es nuevo, viene de gobiernos anteriores. Sin embargo, este, el de la “nueva primavera” se planteaba como distinto y, hasta ahora, ha sido más de lo mismo.
El país enfrenta una crisis profunda en su sistema de adquisiciones públicas, evidenciada recientemente por este medio, luego de una serie de adjudicaciones dirigidas que socavan la confianza en las instituciones estatales. Nuestra investigación reveló patrones alarmantes en entidades como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CIE), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), donde contratos millonarios se otorgan a ofertas sobrevaloradas, favoreciendo a un puñado de proveedores habituales. El patrón es el mismo: empresas —muchas veces— de cartón, con sede en oficinas precarias (que no correspondientes a la magnitud de los contratos adjudicados), testaferros en común, opacidad y embuste. Ah, y por supuesto, una red de conexiones políticas que les garantizan poder ejercer presión para que se les adjudiquen millonarios contratos, además de vínculos en la Contraloría General de Cuentas, para evitar hallazgos.
Esos, y otros muchos casos, ilustran un sistema de compras corrupto, que prioriza intereses particulares sobre el bien público. El punto de partida para una reforma integral debe ser el desmantelamiento del anacrónico Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE). Este mecanismo, diseñado supuestamente para garantizar calidad, en realidad erige barreras infranqueables para nuevos oferentes, como requisitos burocráticos excesivos y evaluaciones subjetivas que protegen a los inscritos establecidos.
Precisamente estos proveedores consolidados son los que, una y otra vez, corrompen funcionarios para asegurar adjudicaciones, perpetuando un ciclo de opacidad y sobrecostos que drena el erario. Sin competencia real, el Estado paga precios inflados por bienes y servicios, afectando sectores críticos como infraestructura y salud.
Pero el Gobierno tampoco puede “zafar bulto” y abandonar su responsabilidad, como en el caso de la criticable decisión del presidente, Bernardo Arévalo, de contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra de medicinas. Aunque se presenta como una solución a la corrupción local, esta medida no garantiza, necesariamente, precios óptimos en todos los insumos, ya que UNOPS opera con márgenes propios y selecciona proveedores sin competencia abierta. Peor aún, escapa a la fiscalización oficial de la Contraloría General de Cuentas, dejando un vacío de rendición de cuentas.
Los funcionarios internacionales gozan de inmunidad, lo que equivale a impunidad ante posibles ilícitos, como sobreprecios o favoritismos. Un ejemplo elocuente es el fallido experimento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): pese a algunos logros iniciales, los abusos cometidos por algunos funcionarios extranjeros —como persecución selectiva y presiones indebidas— no pudieron ser juzgados localmente debido a su estatus protegido, dejando víctimas sin justicia y erosionando la soberanía.
Guatemala no puede permitirse más experimentos que externalicen responsabilidades sin controles efectivos. Es imperativo un overhaul total: digitalizar procesos para transparencia total, eliminar barreras como la de RGAE, fortalecer auditorías independientes y penalizar la corrupción con rigor.
Por supuesto, el problema no es nuevo, viene de gobiernos anteriores. Sin embargo, este, el de la “nueva primavera” se planteaba como distinto y, hasta ahora, ha sido más de lo mismo.
