EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La determinación de Trump por derrocar a Maduro va más allá de acabar con una narco dictadura; se trata de neutralizar a la mayor amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. en el hemisferio.
En perspectiva. Las alarmas sonaron en el Palacio de Miraflores cuando, a principios de mes, Donald Trump ofreció una recompensa de USD 50M —la más alta en la historia de EE. UU.— por la captura de Nicolás Maduro. Las tensiones escalaron esta semana, con la movilización de aviones, submarinos, tres buques destructores y 4000 marines al sur del Caribe como parte de una operación antinarcóticos masiva.
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Operativo que, tras declararse a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales, abre la posibilidad de una intervención militar estadounidense.
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Maduro, acusado por Washington como líder del cártel de los Soles, reaccionó movilizando —según él— a 4.5M de milicianos a lo largo del territorio para “defender su soberanía nacional”.
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Una intervención militar parece cada vez menos descabellada, ya que el interés tras Maduro va mucho más allá de la guerra contra el narcotráfico.
Por qué importa. La guerra civil libanesa (1975-1990) propició una ola de migración hacia Sudamérica, hecho que fue aprovechado por Irán para infiltrar miembros de Hezbolá en la región. No fue hasta el inicio del régimen chavista en 1999 que el grupo terrorista logró entrar en el Estado; desde entonces, Venezuela se ha convertido en una fuente de apoyo político, financiero y logístico para Hezbolá en Latinoamérica.
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Informes tanto del Departamento del Tesoro de EE. UU., como testigos del exembajador venezolano ante la ONU, Diego Arias, confirman que Hezbolá opera en América a través de la Triple Frontera y ha expandido sus redes hacia Venezuela para facilitar el tráfico de cocaína.
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En Venezuela, Hezbolá es el principal aliado del cártel de los Soles para el transporte y distribución de drogas en Europa y África Occidental.
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La relación estrecha con el maduro-chavismo ha institucionalizado una dinámica donde Hezbolá facilita entrenamiento, armas y logística para el narcotráfico venezolano.
Visto y no visto. Pero la mayor amenaza para EE. UU. tiene que ver con la relación entre las estatales mineras de Venezuela (Minerver) e Irán (Impasco) que, a través de un acuerdo tapón para la explotación de oro en la Guyana venezolana, producen hasta 75 000 toneladas de óxido de uranio al año, que luego son exportadas a Irán en buques de PDVSA.
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Igual sucede con la cementera Cerro Azul, operada por la estatal de Irán, Edhasse Sanat, en una región del Orinoco donde geólogos iranís y venezolanos han encontrado vetas de uranio.
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El espacio aéreo sobre el que opera Cerro Azul tiene una restricción de vuelos impuesta por Caracas.
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Además, Antonio Rivero, otrora encargado militar de la zona y que escapó a EE. UU tras negarse a jurar fidelidad al régimen en 2015, confirmó la custodia de la zona por militares iranís.
En el radar. Roger Noriega, ex embajador de EE. UU en la OEA y ex encargado de los asuntos latinoamericanos de George Bush, confirmó en 2011 que el uranio venezolano se usa para el esfuerzo iraní por desarrollar una bomba nuclear. Irán tiene una capacidad de producción de 21 toneladas de uranio 238 al año. Este uranio debe enriquecerse para producir uranio 235, el isotopo fisible para una bomba; sin embargo, por cada kilo de U-238 se obtienen solamente 7.2 gramos de U-235.
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Irán, por sí solo, tiene una capacidad de producir 151.2 kg de U-235, empero, las reservas actuales se estiman en unos 408 kg. Venezuela juega un papel fundamental para los esfuerzos de armamento nuclear iraní.
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Previo a la operación Midnight Hammer, el régimen del Ayatolá Khamenei tenía suficiente uranio para un arsenal de 9 bombas nucleares. Es incierto cuánto de esas reservas sobrevivieron a los bombardeos, pero el Pentágono estima que la amenaza nuclear se retrasó hasta dos años.
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Para EE. UU., derrocar al régimen de Maduro también significa limitar, sino prácticamente eliminar, la amenaza nuclear iraní; teocracia cuyas intenciones explícitas son la eliminación tanto de Israel como de EE. UU. del mapa.
La determinación de Trump por derrocar a Maduro va más allá de acabar con una narco dictadura; se trata de neutralizar a la mayor amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. en el hemisferio.
En perspectiva. Las alarmas sonaron en el Palacio de Miraflores cuando, a principios de mes, Donald Trump ofreció una recompensa de USD 50M —la más alta en la historia de EE. UU.— por la captura de Nicolás Maduro. Las tensiones escalaron esta semana, con la movilización de aviones, submarinos, tres buques destructores y 4000 marines al sur del Caribe como parte de una operación antinarcóticos masiva.
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Operativo que, tras declararse a los cárteles como organizaciones terroristas transnacionales, abre la posibilidad de una intervención militar estadounidense.
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Una intervención militar parece cada vez menos descabellada, ya que el interés tras Maduro va mucho más allá de la guerra contra el narcotráfico.
Por qué importa. La guerra civil libanesa (1975-1990) propició una ola de migración hacia Sudamérica, hecho que fue aprovechado por Irán para infiltrar miembros de Hezbolá en la región. No fue hasta el inicio del régimen chavista en 1999 que el grupo terrorista logró entrar en el Estado; desde entonces, Venezuela se ha convertido en una fuente de apoyo político, financiero y logístico para Hezbolá en Latinoamérica.
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Informes tanto del Departamento del Tesoro de EE. UU., como testigos del exembajador venezolano ante la ONU, Diego Arias, confirman que Hezbolá opera en América a través de la Triple Frontera y ha expandido sus redes hacia Venezuela para facilitar el tráfico de cocaína.
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En Venezuela, Hezbolá es el principal aliado del cártel de los Soles para el transporte y distribución de drogas en Europa y África Occidental.
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La relación estrecha con el maduro-chavismo ha institucionalizado una dinámica donde Hezbolá facilita entrenamiento, armas y logística para el narcotráfico venezolano.
Visto y no visto. Pero la mayor amenaza para EE. UU. tiene que ver con la relación entre las estatales mineras de Venezuela (Minerver) e Irán (Impasco) que, a través de un acuerdo tapón para la explotación de oro en la Guyana venezolana, producen hasta 75 000 toneladas de óxido de uranio al año, que luego son exportadas a Irán en buques de PDVSA.
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Igual sucede con la cementera Cerro Azul, operada por la estatal de Irán, Edhasse Sanat, en una región del Orinoco donde geólogos iranís y venezolanos han encontrado vetas de uranio.
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El espacio aéreo sobre el que opera Cerro Azul tiene una restricción de vuelos impuesta por Caracas.
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Además, Antonio Rivero, otrora encargado militar de la zona y que escapó a EE. UU tras negarse a jurar fidelidad al régimen en 2015, confirmó la custodia de la zona por militares iranís.
En el radar. Roger Noriega, ex embajador de EE. UU en la OEA y ex encargado de los asuntos latinoamericanos de George Bush, confirmó en 2011 que el uranio venezolano se usa para el esfuerzo iraní por desarrollar una bomba nuclear. Irán tiene una capacidad de producción de 21 toneladas de uranio 238 al año. Este uranio debe enriquecerse para producir uranio 235, el isotopo fisible para una bomba; sin embargo, por cada kilo de U-238 se obtienen solamente 7.2 gramos de U-235.
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Irán, por sí solo, tiene una capacidad de producir 151.2 kg de U-235, empero, las reservas actuales se estiman en unos 408 kg. Venezuela juega un papel fundamental para los esfuerzos de armamento nuclear iraní.
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Previo a la operación Midnight Hammer, el régimen del Ayatolá Khamenei tenía suficiente uranio para un arsenal de 9 bombas nucleares. Es incierto cuánto de esas reservas sobrevivieron a los bombardeos, pero el Pentágono estima que la amenaza nuclear se retrasó hasta dos años.
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Para EE. UU., derrocar al régimen de Maduro también significa limitar, sino prácticamente eliminar, la amenaza nuclear iraní; teocracia cuyas intenciones explícitas son la eliminación tanto de Israel como de EE. UU. del mapa.
