EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El reciente nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general de la República por parte del presidente Bernardo Arévalo representa un punto de inflexión para el Ministerio Público (MP) de Guatemala. Tras más de 16 años de veleidosa instrumentalización, el ente encargado de investigar y perseguir el delito ha dejado de ser un instrumento de la ley para convertirse, en demasiadas ocasiones, en una herramienta para el lucro ilegal, cuotas de poder y venganzas políticas. García Luna llega con un mandato claro: romper ese ciclo. La historia de casi dos décadas del MP no deja margen para la neutralidad.
Desde la gestión de Claudia Paz y Paz, el MP se alineó abiertamente con una agenda ideológica. Su familia —y ella misma— habían sido simpatizantes de la guerrilla terrorista, y esa filiación se tradujo en una persecución selectiva contra exmilitares. No se trataba de justicia, sino de revancha.
Thelma Aldana, bajo la sombra tutelar de la CICIG, presentó casos de corrupción que, una vez que los jueces dejaron de actuar bajo presión o miedo, se derrumbaron como castillos de naipes. Su pecado capital, sin embargo, fue otro: fabricar procesos contra empresarios y opositores políticos utilizando “colaboradores eficaces” que simplemente repetían el guion dictado desde el despacho de la fiscal y el comisionado Velásquez. Testimonios prefabricados, pruebas débiles y una maquinaria mediática que condenaba antes del juicio.
Consuelo Porras, elegida inicialmente por Jimmy Morales y reelegida por Alejandro Giammattei, completó el cuadro. Su segunda gestión coincidió con la consolidación de un grupo de políticos y allegados que se aprovecharon del poder. El MP protegió, por acción u omisión, a quienes debían ser investigados. Mientras tanto, los guatemaltecos de a pie —los que sufren robos, asaltos, extorsiones, lesiones y asesinatos— vieron cómo sus denuncias se perdían en un mar de desestimaciones; las propias estadísticas del MP revelan un volumen ingente de casos archivados sin investigación seria. No resueltos: simplemente descartados porque no servían a la agenda del momento.
Las víctimas reales de estas tres fiscalías generales no fueron los “enemigos ideológicos” ni los rivales políticos. Las verdaderas víctimas fueron cientos de miles de guatemaltecos comunes y corrientes que acudieron al MP buscando justicia y recibieron indiferencia o, peor aún, desprecio burocrático.
Gabriel García Luna enfrenta, por tanto, un reto monumental y, al mismo tiempo, una oportunidad única. Desde el día uno debe demostrar que el MP ya no será rehén de ideologías, ni de pactos de impunidad, ni de presiones externas. Sí, es urgente y necesario investigar la corrupción y, con mayor premura aún, el narcotráfico que carcome las instituciones y el tejido social. Pero no puede —ni debe— relegar a un segundo o tercer plano las denuncias cotidianas que más duelen a la población: el robo de un celular, la extorsión a un comerciante, el asesinato de un joven en una zona marginal o la agresión a una mujer en su propio hogar.
El nuevo fiscal general tiene la posibilidad histórica de reconstruir la confianza ciudadana. Para lograrlo, deberá priorizar la eficiencia, la transparencia y la imparcialidad absoluta. Debe perseguir al poderoso con el mismo rigor con que protege al vulnerable. Si lo consigue, no solo habrá cambiado el MP: habrá empezado a cambiar Guatemala. Si falla, solo habrá prolongado una larga y dolorosa decepción.
Los guatemaltecos no piden milagros. Exigen lo mínimo: que la ley que se aplique de igual manera para todos.
El reciente nombramiento de Gabriel García Luna como fiscal general de la República por parte del presidente Bernardo Arévalo representa un punto de inflexión para el Ministerio Público (MP) de Guatemala. Tras más de 16 años de veleidosa instrumentalización, el ente encargado de investigar y perseguir el delito ha dejado de ser un instrumento de la ley para convertirse, en demasiadas ocasiones, en una herramienta para el lucro ilegal, cuotas de poder y venganzas políticas. García Luna llega con un mandato claro: romper ese ciclo. La historia de casi dos décadas del MP no deja margen para la neutralidad.
Desde la gestión de Claudia Paz y Paz, el MP se alineó abiertamente con una agenda ideológica. Su familia —y ella misma— habían sido simpatizantes de la guerrilla terrorista, y esa filiación se tradujo en una persecución selectiva contra exmilitares. No se trataba de justicia, sino de revancha.
Thelma Aldana, bajo la sombra tutelar de la CICIG, presentó casos de corrupción que, una vez que los jueces dejaron de actuar bajo presión o miedo, se derrumbaron como castillos de naipes. Su pecado capital, sin embargo, fue otro: fabricar procesos contra empresarios y opositores políticos utilizando “colaboradores eficaces” que simplemente repetían el guion dictado desde el despacho de la fiscal y el comisionado Velásquez. Testimonios prefabricados, pruebas débiles y una maquinaria mediática que condenaba antes del juicio.
Consuelo Porras, elegida inicialmente por Jimmy Morales y reelegida por Alejandro Giammattei, completó el cuadro. Su segunda gestión coincidió con la consolidación de un grupo de políticos y allegados que se aprovecharon del poder. El MP protegió, por acción u omisión, a quienes debían ser investigados. Mientras tanto, los guatemaltecos de a pie —los que sufren robos, asaltos, extorsiones, lesiones y asesinatos— vieron cómo sus denuncias se perdían en un mar de desestimaciones; las propias estadísticas del MP revelan un volumen ingente de casos archivados sin investigación seria. No resueltos: simplemente descartados porque no servían a la agenda del momento.
Las víctimas reales de estas tres fiscalías generales no fueron los “enemigos ideológicos” ni los rivales políticos. Las verdaderas víctimas fueron cientos de miles de guatemaltecos comunes y corrientes que acudieron al MP buscando justicia y recibieron indiferencia o, peor aún, desprecio burocrático.
Gabriel García Luna enfrenta, por tanto, un reto monumental y, al mismo tiempo, una oportunidad única. Desde el día uno debe demostrar que el MP ya no será rehén de ideologías, ni de pactos de impunidad, ni de presiones externas. Sí, es urgente y necesario investigar la corrupción y, con mayor premura aún, el narcotráfico que carcome las instituciones y el tejido social. Pero no puede —ni debe— relegar a un segundo o tercer plano las denuncias cotidianas que más duelen a la población: el robo de un celular, la extorsión a un comerciante, el asesinato de un joven en una zona marginal o la agresión a una mujer en su propio hogar.
El nuevo fiscal general tiene la posibilidad histórica de reconstruir la confianza ciudadana. Para lograrlo, deberá priorizar la eficiencia, la transparencia y la imparcialidad absoluta. Debe perseguir al poderoso con el mismo rigor con que protege al vulnerable. Si lo consigue, no solo habrá cambiado el MP: habrá empezado a cambiar Guatemala. Si falla, solo habrá prolongado una larga y dolorosa decepción.
Los guatemaltecos no piden milagros. Exigen lo mínimo: que la ley que se aplique de igual manera para todos.
