EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, se sumó a otros tres proyectos que siguen detenidos por decisión del gobierno. Las minas Escobal –San Rafael–, Fénix y Sechol, son las otras que no operan por decisión de las autoridades.
- Cerro Blanco estaba por iniciar operaciones, pero la aprobación de su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) ambiental fue revocada. Las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), concluyeron que hubo irregularidades en el proceso que autorizó el instrumento ambiental de cambio del método de minado y revirtió la aprobación.
- Además, presentó una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra Diego López, exdirector de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Lo señalan de aprobar, contra la opinión de asesores de la entidad, la actualización de licencia del proyecto. Por cuestiones económicas, la mina tramitó un nuevo permiso para cambiar de método de extracción, de subterráneo a cielo abierto.
- López rechaza los señalamientos. Asegura que se cumplió el procedimiento establecido en la ley y que es falso que los asesores manifestaran una opinión contraria a lo resuelto. Indica que durante los 23 meses que estuvo el expediente en manos de los asesores, no manifestaron ninguna consideración por escrito. Ahora, supuestamente lo hacen, pero posterior a la revocatoria del EEIA y bajo el mando de las nuevas autoridades.
Por qué importa. La mina Cerro Blanco ya invirtió USD 350M en el área para iniciar operaciones y en diversos proyectos de beneficios para las comunidades. La inversión adicional se estima en USD 600M.
- La actividad minera dará trabajo permanente y directo a 500 familias durante los 14 años de operaciones. Se prevé que entregue USD 752M al Estado en regalías.
- En la actualidad, la Municipalidad de Asunción Mita tiene un presupuesto de GTQ 31M anuales. Del monto, el gobierno central aporta solamente GTQ 24M. Y esa cantidad sería la que recibiría la comuna en regalías por operación de la mina. El beneficio económico y social –plazas de trabajo bien remuneradas– evitaría que siga la migración hacia Estados Unidos.
- Por ahora, solo 23 personas laboran en la mina, ocupadas en cumplir las obligaciones adquiridas, como los monitoreos ambientales y mantenimiento de las instalaciones.
Panorama general. El gobierno del Movimiento Semilla anunció una moratoria minera de dos años para nuevas licencias de minería metálica. Aunque la medida no ha sido aprobada por el Congreso de la República, funciona de hecho porque los cuatro proyectos están detenidos por el Estado.
- En los años que la industria minera recibió importantes inversiones, aportó el 1.3 % al PIB. En la actualidad significa 0.6 % del PIB.
- Si se activaran las cuatro minas, la contribución al PIB sería de 1 % y se crearía fuente de empleo para 39 000 familias de manera directa e indirecta.
- El Estado, por su lado, recibiría GTQ 882M, recursos que podrían cubrir nuevas necesidades de la población.
En conclusión. Contra la decisión del MARN de dejar sin efecto la aprobación del EEIA del cambio de método de minado, la empresa presentó un recurso de revocatoria. Por el momento se intenta resolver el tema por la vía administrativa.
- La opción judicial no se descarta. El Estado debe cumplir lo suscrito o, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, atenerse a demandas internacionales por millonarios reclamos. Esto a los funcionarios responsables de las decisiones no les parece preocupar, porque el dinero no sale de sus bolsillos.
- El país necesita inversiones para crear nuevos empleos y mejorar la calidad de vida de la población más necesitada; decisiones como la de del actual gobierno no favorecen el ingreso de más empresas internacionales. El mensaje es negativo y solo promueve la migración de más guatemaltecos.
- Continuar bloqueando o suspendiendo proyectos mineros por cuestiones ideológicas y no técnicas, va en perjuicio de las comunidades. La industria promueve una minería responsable y con sostenibilidad ambiental.
La mina Cerro Blanco, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa, se sumó a otros tres proyectos que siguen detenidos por decisión del gobierno. Las minas Escobal –San Rafael–, Fénix y Sechol, son las otras que no operan por decisión de las autoridades.
- Cerro Blanco estaba por iniciar operaciones, pero la aprobación de su Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) ambiental fue revocada. Las actuales autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), concluyeron que hubo irregularidades en el proceso que autorizó el instrumento ambiental de cambio del método de minado y revirtió la aprobación.
- Además, presentó una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra Diego López, exdirector de Gestión Ambiental y Recursos Naturales. Lo señalan de aprobar, contra la opinión de asesores de la entidad, la actualización de licencia del proyecto. Por cuestiones económicas, la mina tramitó un nuevo permiso para cambiar de método de extracción, de subterráneo a cielo abierto.
- López rechaza los señalamientos. Asegura que se cumplió el procedimiento establecido en la ley y que es falso que los asesores manifestaran una opinión contraria a lo resuelto. Indica que durante los 23 meses que estuvo el expediente en manos de los asesores, no manifestaron ninguna consideración por escrito. Ahora, supuestamente lo hacen, pero posterior a la revocatoria del EEIA y bajo el mando de las nuevas autoridades.
Por qué importa. La mina Cerro Blanco ya invirtió USD 350M en el área para iniciar operaciones y en diversos proyectos de beneficios para las comunidades. La inversión adicional se estima en USD 600M.
- La actividad minera dará trabajo permanente y directo a 500 familias durante los 14 años de operaciones. Se prevé que entregue USD 752M al Estado en regalías.
- En la actualidad, la Municipalidad de Asunción Mita tiene un presupuesto de GTQ 31M anuales. Del monto, el gobierno central aporta solamente GTQ 24M. Y esa cantidad sería la que recibiría la comuna en regalías por operación de la mina. El beneficio económico y social –plazas de trabajo bien remuneradas– evitaría que siga la migración hacia Estados Unidos.
- Por ahora, solo 23 personas laboran en la mina, ocupadas en cumplir las obligaciones adquiridas, como los monitoreos ambientales y mantenimiento de las instalaciones.
Panorama general. El gobierno del Movimiento Semilla anunció una moratoria minera de dos años para nuevas licencias de minería metálica. Aunque la medida no ha sido aprobada por el Congreso de la República, funciona de hecho porque los cuatro proyectos están detenidos por el Estado.
- En los años que la industria minera recibió importantes inversiones, aportó el 1.3 % al PIB. En la actualidad significa 0.6 % del PIB.
- Si se activaran las cuatro minas, la contribución al PIB sería de 1 % y se crearía fuente de empleo para 39 000 familias de manera directa e indirecta.
- El Estado, por su lado, recibiría GTQ 882M, recursos que podrían cubrir nuevas necesidades de la población.
En conclusión. Contra la decisión del MARN de dejar sin efecto la aprobación del EEIA del cambio de método de minado, la empresa presentó un recurso de revocatoria. Por el momento se intenta resolver el tema por la vía administrativa.
- La opción judicial no se descarta. El Estado debe cumplir lo suscrito o, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, atenerse a demandas internacionales por millonarios reclamos. Esto a los funcionarios responsables de las decisiones no les parece preocupar, porque el dinero no sale de sus bolsillos.
- El país necesita inversiones para crear nuevos empleos y mejorar la calidad de vida de la población más necesitada; decisiones como la de del actual gobierno no favorecen el ingreso de más empresas internacionales. El mensaje es negativo y solo promueve la migración de más guatemaltecos.
- Continuar bloqueando o suspendiendo proyectos mineros por cuestiones ideológicas y no técnicas, va en perjuicio de las comunidades. La industria promueve una minería responsable y con sostenibilidad ambiental.
