EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Guatemala enfrenta una doble crisis electoral: por un lado, un sistema legal diseñado para proteger a los partidos tradicionales; por otro, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) desgastado por su propia gestión. A pocos meses de iniciar el proceso para elegir nuevos magistrados, el país lidia con las consecuencias acumuladas de una reforma fallida y de un tribunal bajo fuertes críticas.
Por qué importa. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada en 2016, impulsada por la UNE —por beneficio propio— y apoyada decididamente por la CICIG y el entonces embajador de EE. UU., Todd Robinson, fue presentada como un paso hacia la modernización del sistema democrático. En la práctica, produjo el efecto contrario: fortaleció a los partidos dominantes y debilitó las condiciones de competencia electoral.
- Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), no duda en afirmar que probablemente ha sido “la peor reforma” en los últimos años. Según explica, fue impulsada por los partidos grandes en consenso y representó un “retroceso profundo” en la calidad del sistema político.
- La normativa consolidó privilegios: menos fiscalización, techos de campaña más altos y un diseño legal hecho a medida de los actores tradicionales.
- En palabras del propio Quezada, “los partidos se convirtieron en juez y parte”, controlando no solo el proceso electoral, sino también las condiciones que rigen su participación.
Qué destacar. Pero no todo puede atribuirse a un marco legal deficiente. La actual magistratura del TSE ha acumulado una sarta de errores propios, decisiones controvertidas, y una fragilidad institucional sin precedentes.
- Esta magistratura dejó fuera a candidatos presidenciales de manera muy cuestionable, habilitó partidos para luego inhabilitarlos, etc. Adicionalmente, adquirieron un programa informático para proveer de resultados preliminares —el infame TREP—, que, casi indudablemente, estuvo groseramente sobrevalorado.
- “La historia recordará a este tribunal como el peor capítulo del TSE”, sentencia Quezada. El analista señala fallos graves en contrataciones, adjudicaciones opacas y decisiones contradictorias.
- A esto se suma la aplicación desigual de criterios: severidad con algunos candidatos y permisividad con otros, lo que amplió la brecha de confianza con la ciudadanía.
Ahora qué. La actual magistratura concluye funciones en marzo de 2026. Antes de eso, el Congreso deberá iniciar el proceso de postulación para conformar el próximo TSE. Pero no se trata solo de cambiar rostros: el país necesita una reforma legal sustantiva y urgente.
- Aunque existe un dictamen de reforma desde el año pasado, la nueva Comisión de Asuntos Electorales acordó devolverlo para generar una nueva propuesta. El reinicio del proceso depende ahora del Pleno del Congreso, que deberá autorizar formalmente su retorno a comisión. De aprobarse, la discusión volvería a empezar desde cero.
- El diputado Raúl Barrera, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, advierte: “Necesitamos una reforma sustantiva antes del 2027. Es ahora o nunca”.
- Sin magistrados firmes ni reglas claras, Guatemala podría llegar a su próximo evento electoral con las mismas grietas que hoy estarían comprometiendo su democracia.
Guatemala enfrenta una doble crisis electoral: por un lado, un sistema legal diseñado para proteger a los partidos tradicionales; por otro, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) desgastado por su propia gestión. A pocos meses de iniciar el proceso para elegir nuevos magistrados, el país lidia con las consecuencias acumuladas de una reforma fallida y de un tribunal bajo fuertes críticas.
Por qué importa. La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobada en 2016, impulsada por la UNE —por beneficio propio— y apoyada decididamente por la CICIG y el entonces embajador de EE. UU., Todd Robinson, fue presentada como un paso hacia la modernización del sistema democrático. En la práctica, produjo el efecto contrario: fortaleció a los partidos dominantes y debilitó las condiciones de competencia electoral.
- Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), no duda en afirmar que probablemente ha sido “la peor reforma” en los últimos años. Según explica, fue impulsada por los partidos grandes en consenso y representó un “retroceso profundo” en la calidad del sistema político.
- La normativa consolidó privilegios: menos fiscalización, techos de campaña más altos y un diseño legal hecho a medida de los actores tradicionales.
- En palabras del propio Quezada, “los partidos se convirtieron en juez y parte”, controlando no solo el proceso electoral, sino también las condiciones que rigen su participación.
Qué destacar. Pero no todo puede atribuirse a un marco legal deficiente. La actual magistratura del TSE ha acumulado una sarta de errores propios, decisiones controvertidas, y una fragilidad institucional sin precedentes.
- Esta magistratura dejó fuera a candidatos presidenciales de manera muy cuestionable, habilitó partidos para luego inhabilitarlos, etc. Adicionalmente, adquirieron un programa informático para proveer de resultados preliminares —el infame TREP—, que, casi indudablemente, estuvo groseramente sobrevalorado.
- “La historia recordará a este tribunal como el peor capítulo del TSE”, sentencia Quezada. El analista señala fallos graves en contrataciones, adjudicaciones opacas y decisiones contradictorias.
- A esto se suma la aplicación desigual de criterios: severidad con algunos candidatos y permisividad con otros, lo que amplió la brecha de confianza con la ciudadanía.
Ahora qué. La actual magistratura concluye funciones en marzo de 2026. Antes de eso, el Congreso deberá iniciar el proceso de postulación para conformar el próximo TSE. Pero no se trata solo de cambiar rostros: el país necesita una reforma legal sustantiva y urgente.
- Aunque existe un dictamen de reforma desde el año pasado, la nueva Comisión de Asuntos Electorales acordó devolverlo para generar una nueva propuesta. El reinicio del proceso depende ahora del Pleno del Congreso, que deberá autorizar formalmente su retorno a comisión. De aprobarse, la discusión volvería a empezar desde cero.
- El diputado Raúl Barrera, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales, advierte: “Necesitamos una reforma sustantiva antes del 2027. Es ahora o nunca”.
- Sin magistrados firmes ni reglas claras, Guatemala podría llegar a su próximo evento electoral con las mismas grietas que hoy estarían comprometiendo su democracia.
