EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Bernardo Arévalo ha tomado algunas buenas decisiones, de eso no hay duda. Su impulso inicial de entrar a una suerte de “alianza” con el sector privado con respecto a la operación del aeropuerto La Aurora es una de ellas. Falta concesión y todo apunta a que no será a corto plazo, pero la ruta es la correcta. Otra decisión gubernamental en esa misma línea es la cooperación entablada con cámaras empresariales para atender las distintas emergencias que han surgido.
Sin embargo, el gobierno pretende –por segunda vez en menos de 6 meses– obtener aprobación de un estado de Calamidad Pública para atender “emergencias” que no son más que efectos indeseados de fenómenos climáticos.
Con esa finalidad, el Ejecutivo convocó a los Jefes de Bloque del Legislativo al Palacio Nacional, donde les presentaría los fundamentos para que, una vez decretado, fuese ratificado por ese Organismo. Al salir de la cita, varios diputados declararon que, a su criterio, no se justificaba la aprobación de un estado de Calamidad.
Sin embargo, esas situaciones –incendios, crecidas de ríos, daño a infraestructura– ocurren casi todos los años. Cuando es así de frecuente, no se puede hablar de emergencia, sino de recurrencia. Se requiere, entonces de una administración pública ágil, eficiente y transparente. Como la que ofreció en campaña el partido gobernante, sin limitar los derechos constitucionales y sin eludir las normas de contratación.
¿Acaso desde que hicieron su plan de gobierno, y luego, ganaron las elecciones, no sabían que en el 2024 el territorio nacional se vería afectado por La Niña y El Niño? Ciertamente gobernar bajo estados de excepción es más fácil, pero el costo es alto. No se cree que Bernardo Arévalo quiera imitar a Nayib Bukele.
La amenaza del primer huracán de la temporada con grave potencial –Beryl– avivó la pretensión gubernamental; a pesar de que las proyecciones climatológicas daban cuenta de que no tocaría tierra en el país, se insistió en su peligro y el Gobierno habló de un estado de calamidad “preventivo”. Tal cosa no existe en nuestro ordenamiento jurídico.
Más allá del gazapo legal, preocupa que el gobierno no esté en posibilidad de atender los asuntos cotidianos de la administración pública con los recursos y los mecanismos legales existentes.
Ya la peregrina idea de la ampliación presupuestaria va siendo, cada vez más, una quimera, sobre todo a esta altura del año. Administrar eficientemente es, precisamente, poder hacerlo con los recursos disponibles y no con todos los que se desean.
Si se mide en porcentaje, el gobierno arriba pronto al 12.5 % de su período y, por ahora, hay más arena que cal, para aplicar el refrán.
Para lograr concretar proyectos de beneficio a la población, Arévalo debe desoír a las voces radicales de su partido, las que, en campaña, prometían un futuro excluyendo a importantes sectores productivos. Pero, sobre todo, debe tomar decisiones y mantenerse firme en ellas, aunque signifique distanciarse de algunos de sus partidarios.
En síntesis, debe ser coherente, algo que cada vez es más difícil encontrar en el quehacer público.
Bernardo Arévalo ha tomado algunas buenas decisiones, de eso no hay duda. Su impulso inicial de entrar a una suerte de “alianza” con el sector privado con respecto a la operación del aeropuerto La Aurora es una de ellas. Falta concesión y todo apunta a que no será a corto plazo, pero la ruta es la correcta. Otra decisión gubernamental en esa misma línea es la cooperación entablada con cámaras empresariales para atender las distintas emergencias que han surgido.
Sin embargo, el gobierno pretende –por segunda vez en menos de 6 meses– obtener aprobación de un estado de Calamidad Pública para atender “emergencias” que no son más que efectos indeseados de fenómenos climáticos.
Con esa finalidad, el Ejecutivo convocó a los Jefes de Bloque del Legislativo al Palacio Nacional, donde les presentaría los fundamentos para que, una vez decretado, fuese ratificado por ese Organismo. Al salir de la cita, varios diputados declararon que, a su criterio, no se justificaba la aprobación de un estado de Calamidad.
Sin embargo, esas situaciones –incendios, crecidas de ríos, daño a infraestructura– ocurren casi todos los años. Cuando es así de frecuente, no se puede hablar de emergencia, sino de recurrencia. Se requiere, entonces de una administración pública ágil, eficiente y transparente. Como la que ofreció en campaña el partido gobernante, sin limitar los derechos constitucionales y sin eludir las normas de contratación.
¿Acaso desde que hicieron su plan de gobierno, y luego, ganaron las elecciones, no sabían que en el 2024 el territorio nacional se vería afectado por La Niña y El Niño? Ciertamente gobernar bajo estados de excepción es más fácil, pero el costo es alto. No se cree que Bernardo Arévalo quiera imitar a Nayib Bukele.
La amenaza del primer huracán de la temporada con grave potencial –Beryl– avivó la pretensión gubernamental; a pesar de que las proyecciones climatológicas daban cuenta de que no tocaría tierra en el país, se insistió en su peligro y el Gobierno habló de un estado de calamidad “preventivo”. Tal cosa no existe en nuestro ordenamiento jurídico.
Más allá del gazapo legal, preocupa que el gobierno no esté en posibilidad de atender los asuntos cotidianos de la administración pública con los recursos y los mecanismos legales existentes.
Ya la peregrina idea de la ampliación presupuestaria va siendo, cada vez más, una quimera, sobre todo a esta altura del año. Administrar eficientemente es, precisamente, poder hacerlo con los recursos disponibles y no con todos los que se desean.
Si se mide en porcentaje, el gobierno arriba pronto al 12.5 % de su período y, por ahora, hay más arena que cal, para aplicar el refrán.
Para lograr concretar proyectos de beneficio a la población, Arévalo debe desoír a las voces radicales de su partido, las que, en campaña, prometían un futuro excluyendo a importantes sectores productivos. Pero, sobre todo, debe tomar decisiones y mantenerse firme en ellas, aunque signifique distanciarse de algunos de sus partidarios.
En síntesis, debe ser coherente, algo que cada vez es más difícil encontrar en el quehacer público.
