EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tener interés particular –individual, gremial, partidario, ideológico, etc.– en los asuntos públicos es por demás válido; si ese interés es lícito o no, ya es otro asunto. Es precisamente la desidia o falta de interés en los asuntos públicos, lo que ha permitido que la corrupción (los corruptos) tomen por asalto las instituciones y organismos estatales. La falta de declaración de genuinos intereses lícitos ha hecho que los espurios –ilícitos– campeen y triunfen.
La transparencia –declarar un interés particular– debiese ser la norma. La ocultación de los intereses particulares, aunque lícitos, los convierte en opacos; luego de que son descubiertos ya no hay forma de convencer al público de su buena intención.
Nunca más patente como en las Comisiones de Postulación, donde –por intereses particulares ocultos– no ha habido avance alguno, más allá de iniciar la primera sesión y la designación de sendos secretarios.
¿Cómo no va a haber interés de grupos gremiales, digamos, en designar buenos e imparciales jueces? El asunto está que ese no es ese el interés, sino el designar jueces parciales y, mejor aún, en deuda con los postulantes. Salvo algunas pocas y honrosas excepciones, no se yerra al asegurar que la mayoría de los comisionados tiene inconfesados intereses particulares.
¿Qué pasaría si quienes tienen legítimos intereses, digamos ideológicos, en la selección de magistrados, los declarasen? La población sabría que los magistrados electos por tal o cual comisionado tendrán esa tendencia ideológica. Eso ocurre en Estados Unidos, en donde se sabe que en la Corte Suprema hay 6 togados con tendencia conservadora y 3 con tendencia “progresista”. Adicionalmente, el presidente y los senadores que los eligen lo hacen sin ocultar su inclinación ideológica y que por tal circunstancia votan –o no– a determinado magistrado designado. Los fallos de esos magistrados no sorprenden, pues, cuando son proferidos.
En Guatemala ocurre todo lo contrario y por eso es por lo que los intereses de corruptos y criminales son los que paran prevaleciendo tanto en las comisiones, como en el Congreso.
Por supuesto que es ridículo pretender que corruptos y criminales declaren sus intenciones; por eso es trascendental que personas y grupos con genuinos intereses –por particulares que sean– los declaren.
Los que deben –tiene qué– declarar intereses políticos, ideológicos, o de cualquier otra índole, son los funcionarios. Porque, aunque fueron electos para representar el interés general –y no particular alguno– la experiencia nos ha mostrado que rara vez ocurre eso.
El Gobierno debiese develar plenamente –ser transparente– sus intereses particulares, operadores y mecanismos en lo que respecta a la elección de magistrados. Es harta obligación.
El cambio de opacidad a transparencia no ocurrirá en un día, pero si el gobierno, con Bernardo Arévalo a la cabeza, no transparenta sus intereses, no estaría siendo fiel la promesa de “ser distintos”. Porque igual de corrupto termina siendo quien oculta sus intereses corruptos, que el que oculta sus intereses políticos o ideológicos.
Tener interés particular –individual, gremial, partidario, ideológico, etc.– en los asuntos públicos es por demás válido; si ese interés es lícito o no, ya es otro asunto. Es precisamente la desidia o falta de interés en los asuntos públicos, lo que ha permitido que la corrupción (los corruptos) tomen por asalto las instituciones y organismos estatales. La falta de declaración de genuinos intereses lícitos ha hecho que los espurios –ilícitos– campeen y triunfen.
La transparencia –declarar un interés particular– debiese ser la norma. La ocultación de los intereses particulares, aunque lícitos, los convierte en opacos; luego de que son descubiertos ya no hay forma de convencer al público de su buena intención.
Nunca más patente como en las Comisiones de Postulación, donde –por intereses particulares ocultos– no ha habido avance alguno, más allá de iniciar la primera sesión y la designación de sendos secretarios.
¿Cómo no va a haber interés de grupos gremiales, digamos, en designar buenos e imparciales jueces? El asunto está que ese no es ese el interés, sino el designar jueces parciales y, mejor aún, en deuda con los postulantes. Salvo algunas pocas y honrosas excepciones, no se yerra al asegurar que la mayoría de los comisionados tiene inconfesados intereses particulares.
¿Qué pasaría si quienes tienen legítimos intereses, digamos ideológicos, en la selección de magistrados, los declarasen? La población sabría que los magistrados electos por tal o cual comisionado tendrán esa tendencia ideológica. Eso ocurre en Estados Unidos, en donde se sabe que en la Corte Suprema hay 6 togados con tendencia conservadora y 3 con tendencia “progresista”. Adicionalmente, el presidente y los senadores que los eligen lo hacen sin ocultar su inclinación ideológica y que por tal circunstancia votan –o no– a determinado magistrado designado. Los fallos de esos magistrados no sorprenden, pues, cuando son proferidos.
En Guatemala ocurre todo lo contrario y por eso es por lo que los intereses de corruptos y criminales son los que paran prevaleciendo tanto en las comisiones, como en el Congreso.
Por supuesto que es ridículo pretender que corruptos y criminales declaren sus intenciones; por eso es trascendental que personas y grupos con genuinos intereses –por particulares que sean– los declaren.
Los que deben –tiene qué– declarar intereses políticos, ideológicos, o de cualquier otra índole, son los funcionarios. Porque, aunque fueron electos para representar el interés general –y no particular alguno– la experiencia nos ha mostrado que rara vez ocurre eso.
El Gobierno debiese develar plenamente –ser transparente– sus intereses particulares, operadores y mecanismos en lo que respecta a la elección de magistrados. Es harta obligación.
El cambio de opacidad a transparencia no ocurrirá en un día, pero si el gobierno, con Bernardo Arévalo a la cabeza, no transparenta sus intereses, no estaría siendo fiel la promesa de “ser distintos”. Porque igual de corrupto termina siendo quien oculta sus intereses corruptos, que el que oculta sus intereses políticos o ideológicos.
