EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Las culpas y responsabilidades son repartidas entre todos los diputados que votaron por los presupuestos —el del Legislativo y el General—; todos son sinvergüenzas, pero la traición de los diputados electos por el Movimiento Semilla para con sus electores es reveladora. Ahora se sabe que siempre fueron más de lo mismo.
La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, por el abultado monto de GTQ 163 469M, representa no solo el plan de gastos más grande en la historia de Guatemala, sino un acto de irresponsabilidad fiscal que hipoteca el futuro del país. Este incremento de GTQ 15 000M respecto al de 2025 y GTQ 47 000M más que en 2024, bajo el pretexto de inversión social, es en realidad un derroche que ignora las verdaderas necesidades de una población sumida en la pobreza.
En un contexto donde el crecimiento del PIB apenas roza el 3.9 %, este presupuesto no hace más que agravar la carga sobre los contribuyentes, priorizando el gasto corriente —burocracia— sobre inversiones productivas que generen empleo y desarrollo sostenible.
Pero la crítica va más allá del monto: el nivel de endeudamiento es alarmante: 29 % del PIB, un incremento que ya supera los umbrales de riesgo recomendados por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI (25 %). Guatemala, con una rigidez presupuestaria que deja poco margen para emergencias, camina hacia un precipicio fiscal, donde el pago de intereses devora recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
La hipocresía del oficialismo agrava esta farsa. Aquellos que, en gobiernos anteriores, marcharon en las calles y vociferaron contra presupuestos “inflados” y “corruptos”, hoy no solo aprueban uno peor, sino que ratifican su propio aumento salarial a GTQ 66 000 mensuales, un lujo que juraron rechazar. Este blindaje a sus privilegios revela la verdadera naturaleza de esos sinvergüenzas que priorizan sus bolsillos sobre el bienestar colectivo. El presupuesto del Congreso, fijado en GTQ 1347.4M, incluye este incremento sin rubor, perpetuando una élite legislativa desconectada de la realidad guatemalteca.
En política, la forma es el fondo, y la aprobación de los presupuestos es un ejemplo deleznable de opacidad. Como en 2025, se dio en la madrugada, bajo urgencia nacional y lejos del escrutinio público, acelerando el proceso sin debate profundo ni transparencia. Esta maniobra nocturna, ampliamente criticada por expertos y sectores industriales, entre otros, reduce la rendición de cuentas y fomenta irregularidades, convirtiendo el Legislativo en un club donde se reparten favores a espaldas de la ciudadanía.
Finalmente, el monto extraordinario asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) —originalmente GTQ 4491M, pero inflado con GTQ 6312M adicionales para un total que forma parte de un “bolsón” de GTQ 19 470M junto a ONGs— es un escándalo en un año preelectoral. Estos fondos, destinados supuestamente a proyectos locales como agua y caminos, abren enormes espacios para corrupción y clientelismo.
En vísperas de las elecciones generales de 2027, es evidente su propósito: comprar voluntades, cooptar líderes comunitarios y asegurar votos a través de obras fantasmas o infladas. Esta práctica perversa socava la democracia, transformando el presupuesto en una burda y corrupta herramienta electoral.
El presupuesto 2026 no es progreso; es corrupción.
Las culpas y responsabilidades son repartidas entre todos los diputados que votaron por los presupuestos —el del Legislativo y el General—; todos son sinvergüenzas, pero la traición de los diputados electos por el Movimiento Semilla para con sus electores es reveladora. Ahora se sabe que siempre fueron más de lo mismo.
La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026, por el abultado monto de GTQ 163 469M, representa no solo el plan de gastos más grande en la historia de Guatemala, sino un acto de irresponsabilidad fiscal que hipoteca el futuro del país. Este incremento de GTQ 15 000M respecto al de 2025 y GTQ 47 000M más que en 2024, bajo el pretexto de inversión social, es en realidad un derroche que ignora las verdaderas necesidades de una población sumida en la pobreza.
En un contexto donde el crecimiento del PIB apenas roza el 3.9 %, este presupuesto no hace más que agravar la carga sobre los contribuyentes, priorizando el gasto corriente —burocracia— sobre inversiones productivas que generen empleo y desarrollo sostenible.
Pero la crítica va más allá del monto: el nivel de endeudamiento es alarmante: 29 % del PIB, un incremento que ya supera los umbrales de riesgo recomendados por instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el FMI (25 %). Guatemala, con una rigidez presupuestaria que deja poco margen para emergencias, camina hacia un precipicio fiscal, donde el pago de intereses devora recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura.
La hipocresía del oficialismo agrava esta farsa. Aquellos que, en gobiernos anteriores, marcharon en las calles y vociferaron contra presupuestos “inflados” y “corruptos”, hoy no solo aprueban uno peor, sino que ratifican su propio aumento salarial a GTQ 66 000 mensuales, un lujo que juraron rechazar. Este blindaje a sus privilegios revela la verdadera naturaleza de esos sinvergüenzas que priorizan sus bolsillos sobre el bienestar colectivo. El presupuesto del Congreso, fijado en GTQ 1347.4M, incluye este incremento sin rubor, perpetuando una élite legislativa desconectada de la realidad guatemalteca.
En política, la forma es el fondo, y la aprobación de los presupuestos es un ejemplo deleznable de opacidad. Como en 2025, se dio en la madrugada, bajo urgencia nacional y lejos del escrutinio público, acelerando el proceso sin debate profundo ni transparencia. Esta maniobra nocturna, ampliamente criticada por expertos y sectores industriales, entre otros, reduce la rendición de cuentas y fomenta irregularidades, convirtiendo el Legislativo en un club donde se reparten favores a espaldas de la ciudadanía.
Finalmente, el monto extraordinario asignado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) —originalmente GTQ 4491M, pero inflado con GTQ 6312M adicionales para un total que forma parte de un “bolsón” de GTQ 19 470M junto a ONGs— es un escándalo en un año preelectoral. Estos fondos, destinados supuestamente a proyectos locales como agua y caminos, abren enormes espacios para corrupción y clientelismo.
En vísperas de las elecciones generales de 2027, es evidente su propósito: comprar voluntades, cooptar líderes comunitarios y asegurar votos a través de obras fantasmas o infladas. Esta práctica perversa socava la democracia, transformando el presupuesto en una burda y corrupta herramienta electoral.
El presupuesto 2026 no es progreso; es corrupción.
