EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Tania de León es abogada y especialista en cumplimiento regulatorio. Es conocida por su labor en la promoción de prácticas anticorrupción en el sector público y privado. Preside el capítulo de la World Compliance Association (WCA) en República Dominicana (RD).
Recientemente, visitó Guatemala en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, invitada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), a través de su programa GuateÍntegra. Compartió su experiencia y conocimientos sobre compliance (cumplimiento normativo), enfatizando la importancia de generar confianza en el ámbito público y privado.
En una entrevista con República, destacó que “los servidores públicos tienen mala reputación”, lo que hace crucial establecer controles para la transparencia y la confianza. Enfatizó la necesidad de entender el comportamiento humano para prevenir riesgos de corrupción. “Debes entender qué mueve a la gente”.
El compliance en el sector público y privado tienen sus propios matices, ¿cómo se diferencian?
— El principal diferenciador es el fin. En el sector privado se busca seguridad jurídica, hacer negocios de manera segura, generar confianza en el negocio y clientes, etc. En el público no hay rentabilidad, ni negocio, ni clientes.
Un funcionario público nombrado puede ser reemplazado. Puede venir otro a querer reiniciar todo en la institución. Eso hace que este tipo de iniciativas no perduren en el tiempo, a menos que se hagan de manera muy arraigada y se conviertan en parte de la cultura organizacional.
El sector público de Guatemala se embarca en un tema de anticorrupción con el apoyo de GuateÍntegra, pero de forma escalonada, ¿qué opina?
— Me parece una iniciativa interesante porque en el sector público, como son todos los sistemas de gestión ISO —último nivel de certificación—, implica muchos costos, recursos financieros y humanos e involucramiento.
En este tipo de proyectos hay que cambiar completamente cómo se hacen las cosas. GuateÍntegra va llevándote despacio y atendiendo a tu disponibilidad de recursos, atendiendo a tu dinámica institucional. No es de golpe.
El sector público no suele dimensionar el proceso, así pasó en República Dominicana (RD). ¿Qué pueda comentar de la experiencia dominicana?
— El tema es que te dicen, por ejemplo, vamos a implementar una ISO, pero no saben que tiene alrededor de 98 requisitos. No solamente es cumplir, sino también es evidenciar.
Cuando uno llega a la institución pública y dice ‘bueno, vamos a implementar estos 90 requisitos’, responden: ‘¿Cómo que 90 requisitos? Yo quería una certificación’. Eso implica una certificación: implementar decenas de requisitos.
Es importante dimensionar el tema en su justa proporción, lo que implica. Que sea técnico, pero con cierto nivel de liderazgo. No es tan sencillo lograr avances sobre la mesa o de palabra.
Parece que la cultura anticorrupción es insuficiente, ¿siempre debe reforzarse con una certificación internacional?
— Sí, al final del día, promoverlo es importante, hay que apostar a las personas, pero hay que implementar controles. Debes sellar ese compromiso con certificaciones. Hubo una organización pública dominicana que, ante un cambio de gestión de gobierno, cancelaron a todo; se desarticuló. En otra, que sí se certificó, se mantuvo. ¿Por qué? El funcionario envía un mensaje a la sociedad de que llega a una institución con un sistema antisoborno y quiere continuar con el compromiso. Ningún funcionario hará lo contrario porque busca garantizar una buena reputación e imagen; al final es político.
¿Una certificación es una manera de blindar la institución?
— Sí, correcto.
Este tipo de sistemas anticorrupción va en la línea de “recuperar la confianza social”, según sus palabras.
— Los servidores públicos tienen mala reputación. Está ese sentimiento ciudadano de que están en los cargos, pero cobran un sueldo sin trabajar. O las instituciones públicas solamente gastan mis impuestos, pero no se percibe un servicio de calidad.
El compliance en la función pública genera confianza social o la recupera, desde esa demostración hacia afuera, con estándares, de que yo estoy aplicando todo lo que puedo, todo lo posible, para evitar que pasen cosas.
Eso buscan los estándares, aunque no garantizan que no va a haber un acto de corrupción. No se puede. Pero sí te envía un mensaje manifiesto y además, respaldado por un ente externo, de que se aplican todos los controles.
¿La ISO 37.001, o su actualización de 2016, no garantiza la anticorrupción por sí misma?
— Garantiza que en esa organización hay un compromiso para evitar que pasen cosas en las operaciones económicas y comerciales, si es una empresa.
Su uso deshonesto, tarde o temprano, puede hacer perder credibilidad… Lo menciono principalmente por el sector público.
— Lo peor de eso no es ni siquiera tu credibilidad. Lo que pierde credibilidad es la misma ISO. Cuando otra persona ve que alguien se certificó, también estaba certificado y hay actos de corrupción, uno empieza a cuestionar. Por eso es importante que, desde la administración, y también desde las organizaciones, como GuateÍntegra, se fomente el compromiso genuino.
Usted mencionó que las personas son las que se “desvían”, en lo público o privado. ¿Qué importancia le da entonces al behavior compliance?
— Es fundamental. Es como un siguiente nivel de compliance en las organizaciones. No solamente aplicas o creas documentos, políticas y controles, sino que también tratas de entender cómo la gente piensa en tu organización. Qué los motiva. A partir de ahí empiezas a ver qué es lo que tienes que trabajar para prevenir y evitar riesgos.
Me reuní la semana pasada con funcionarios de la Contraloría General y me dicen: “Todo muy, pero aquí el primer factor de riesgo es que los auditores manejan, ven y aprueban procesos que involucran millones de dólares, pero tienen un salario de USD 500. Eso nos preocupa y nos parece un factor de riesgo”. Y tienen toda la razón. Lo es.
Ahora, el punto es cómo atender el asunto. Debes entender qué mueve a la gente, porque si desconoces el problema personal o financiero que tiene ese auditor, que audita un proceso de licitación, no sabes a qué está expuesto.
RD es pionera en estos temas desde 2017, pero a usted le parece “exportable” la iniciativa de GuateÍntegra. ¿Por qué?
— En el sector privado dominicano no hay una organización similar que conecte con el sector público. Eso la hace interesante para llevarla y compartir la experiencia en mi país.
Es un buen ejemplo de cómo crear “puentes” con un enfoque anticorrupción…
— Totalmente. Los puentes donde cruzan los actos de corrupción están en las sombras. Lo que está haciendo aquí GuateÍntegra es crear puentes de transparencia entre lo privado y público, a la luz de todos.
Tania de León es abogada y especialista en cumplimiento regulatorio. Es conocida por su labor en la promoción de prácticas anticorrupción en el sector público y privado. Preside el capítulo de la World Compliance Association (WCA) en República Dominicana (RD).
Recientemente, visitó Guatemala en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, invitada por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), a través de su programa GuateÍntegra. Compartió su experiencia y conocimientos sobre compliance (cumplimiento normativo), enfatizando la importancia de generar confianza en el ámbito público y privado.
En una entrevista con República, destacó que “los servidores públicos tienen mala reputación”, lo que hace crucial establecer controles para la transparencia y la confianza. Enfatizó la necesidad de entender el comportamiento humano para prevenir riesgos de corrupción. “Debes entender qué mueve a la gente”.
El compliance en el sector público y privado tienen sus propios matices, ¿cómo se diferencian?
— El principal diferenciador es el fin. En el sector privado se busca seguridad jurídica, hacer negocios de manera segura, generar confianza en el negocio y clientes, etc. En el público no hay rentabilidad, ni negocio, ni clientes.
Un funcionario público nombrado puede ser reemplazado. Puede venir otro a querer reiniciar todo en la institución. Eso hace que este tipo de iniciativas no perduren en el tiempo, a menos que se hagan de manera muy arraigada y se conviertan en parte de la cultura organizacional.
El sector público de Guatemala se embarca en un tema de anticorrupción con el apoyo de GuateÍntegra, pero de forma escalonada, ¿qué opina?
— Me parece una iniciativa interesante porque en el sector público, como son todos los sistemas de gestión ISO —último nivel de certificación—, implica muchos costos, recursos financieros y humanos e involucramiento.
En este tipo de proyectos hay que cambiar completamente cómo se hacen las cosas. GuateÍntegra va llevándote despacio y atendiendo a tu disponibilidad de recursos, atendiendo a tu dinámica institucional. No es de golpe.
El sector público no suele dimensionar el proceso, así pasó en República Dominicana (RD). ¿Qué pueda comentar de la experiencia dominicana?
— El tema es que te dicen, por ejemplo, vamos a implementar una ISO, pero no saben que tiene alrededor de 98 requisitos. No solamente es cumplir, sino también es evidenciar.
Cuando uno llega a la institución pública y dice ‘bueno, vamos a implementar estos 90 requisitos’, responden: ‘¿Cómo que 90 requisitos? Yo quería una certificación’. Eso implica una certificación: implementar decenas de requisitos.
Es importante dimensionar el tema en su justa proporción, lo que implica. Que sea técnico, pero con cierto nivel de liderazgo. No es tan sencillo lograr avances sobre la mesa o de palabra.
Parece que la cultura anticorrupción es insuficiente, ¿siempre debe reforzarse con una certificación internacional?
— Sí, al final del día, promoverlo es importante, hay que apostar a las personas, pero hay que implementar controles. Debes sellar ese compromiso con certificaciones. Hubo una organización pública dominicana que, ante un cambio de gestión de gobierno, cancelaron a todo; se desarticuló. En otra, que sí se certificó, se mantuvo. ¿Por qué? El funcionario envía un mensaje a la sociedad de que llega a una institución con un sistema antisoborno y quiere continuar con el compromiso. Ningún funcionario hará lo contrario porque busca garantizar una buena reputación e imagen; al final es político.
¿Una certificación es una manera de blindar la institución?
— Sí, correcto.
Este tipo de sistemas anticorrupción va en la línea de “recuperar la confianza social”, según sus palabras.
— Los servidores públicos tienen mala reputación. Está ese sentimiento ciudadano de que están en los cargos, pero cobran un sueldo sin trabajar. O las instituciones públicas solamente gastan mis impuestos, pero no se percibe un servicio de calidad.
El compliance en la función pública genera confianza social o la recupera, desde esa demostración hacia afuera, con estándares, de que yo estoy aplicando todo lo que puedo, todo lo posible, para evitar que pasen cosas.
Eso buscan los estándares, aunque no garantizan que no va a haber un acto de corrupción. No se puede. Pero sí te envía un mensaje manifiesto y además, respaldado por un ente externo, de que se aplican todos los controles.
¿La ISO 37.001, o su actualización de 2016, no garantiza la anticorrupción por sí misma?
— Garantiza que en esa organización hay un compromiso para evitar que pasen cosas en las operaciones económicas y comerciales, si es una empresa.
Su uso deshonesto, tarde o temprano, puede hacer perder credibilidad… Lo menciono principalmente por el sector público.
— Lo peor de eso no es ni siquiera tu credibilidad. Lo que pierde credibilidad es la misma ISO. Cuando otra persona ve que alguien se certificó, también estaba certificado y hay actos de corrupción, uno empieza a cuestionar. Por eso es importante que, desde la administración, y también desde las organizaciones, como GuateÍntegra, se fomente el compromiso genuino.
Usted mencionó que las personas son las que se “desvían”, en lo público o privado. ¿Qué importancia le da entonces al behavior compliance?
— Es fundamental. Es como un siguiente nivel de compliance en las organizaciones. No solamente aplicas o creas documentos, políticas y controles, sino que también tratas de entender cómo la gente piensa en tu organización. Qué los motiva. A partir de ahí empiezas a ver qué es lo que tienes que trabajar para prevenir y evitar riesgos.
Me reuní la semana pasada con funcionarios de la Contraloría General y me dicen: “Todo muy, pero aquí el primer factor de riesgo es que los auditores manejan, ven y aprueban procesos que involucran millones de dólares, pero tienen un salario de USD 500. Eso nos preocupa y nos parece un factor de riesgo”. Y tienen toda la razón. Lo es.
Ahora, el punto es cómo atender el asunto. Debes entender qué mueve a la gente, porque si desconoces el problema personal o financiero que tiene ese auditor, que audita un proceso de licitación, no sabes a qué está expuesto.
RD es pionera en estos temas desde 2017, pero a usted le parece “exportable” la iniciativa de GuateÍntegra. ¿Por qué?
— En el sector privado dominicano no hay una organización similar que conecte con el sector público. Eso la hace interesante para llevarla y compartir la experiencia en mi país.
Es un buen ejemplo de cómo crear “puentes” con un enfoque anticorrupción…
— Totalmente. Los puentes donde cruzan los actos de corrupción están en las sombras. Lo que está haciendo aquí GuateÍntegra es crear puentes de transparencia entre lo privado y público, a la luz de todos.
