EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Por cuarta ocasión, un tribunal suizo se dispone a emitir sentencia, juzgando a Erwin Sperisen, el exdirector de la Policía Nacional Civil; las dos condenas anteriores –una a cadena perpetua y la segunda, por quince años– han sido revocadas en alzada. Siempre, cuando ha sido revisada la actividad judicial del tribunal ginebrino, se ha resuelto anular lo actuado, por mal procedimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue más allá y sentenció que Suiza había vulnerado los derechos humanos de una persona, un ciudadano suizo y guatemalteco.
Existe la probabilidad de que, de nueva cuenta, el tribunal ginebrino condene a Sperisen con base –únicamente– en pruebas presentadas por la acusación, pues –nuevamente– le vedaron a la defensa la posibilidad de presentar pruebas de descargo, testigos y/o expertos. Una verdadera vergüenza de justicia, la de Suiza.
De consumarse una nueva condena –que será indudablemente revocada en alzada– la justicia ginebrina habría hecho el cálculo de que es “menos vergonzoso” para ellos y ser contumaces al no admitir que se han equivocado –a pesar de los reiterados fallos superiores–, que rectificar y hacer lo correcto: resolver que, con base en las pruebas presentadas, a pesar de que son solo las de la acusación, no es posible determinar la culpabilidad del acusado.
La lucha por el debido proceso y la defensa de los derechos humanos parecería que, a estas alturas del siglo XXI, sería una cuestión exclusiva de sistemas híbridos o dictatoriales, y no de un país eminentemente democrático y con claras convicciones republicanas. Tal parece que no; Suiza enfrenta la encrucijada de reconocer los errores en su sistema judicial y colocarse en su sitial, como un bastión de la neutralidad y la defensa de los derechos humanos. Su rol como importante sede para dirimir controversias comerciales y jurídicas está en el filo de la navaja.
Lo que el tribunal ginebrino decida en el caso contra Sperisen será decisorio con respecto a lo anterior; nadie que se respete –persona natural o corporación multinacional– tendrá confianza en la justicia helvética si se condena a una persona con los mismos argumentos y pruebas que llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a Suiza, colocándola –si bien no junto, pero sí muy cerca– de cualquier estado tercermundista violador de derechos humanos.
Y para los “oenegeros” suizos que han impulsado esa vergüenza judicial, parece aplicar el triste refrán latinoamericano de que “la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa”.
Por cuarta ocasión, un tribunal suizo se dispone a emitir sentencia, juzgando a Erwin Sperisen, el exdirector de la Policía Nacional Civil; las dos condenas anteriores –una a cadena perpetua y la segunda, por quince años– han sido revocadas en alzada. Siempre, cuando ha sido revisada la actividad judicial del tribunal ginebrino, se ha resuelto anular lo actuado, por mal procedimiento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue más allá y sentenció que Suiza había vulnerado los derechos humanos de una persona, un ciudadano suizo y guatemalteco.
Existe la probabilidad de que, de nueva cuenta, el tribunal ginebrino condene a Sperisen con base –únicamente– en pruebas presentadas por la acusación, pues –nuevamente– le vedaron a la defensa la posibilidad de presentar pruebas de descargo, testigos y/o expertos. Una verdadera vergüenza de justicia, la de Suiza.
De consumarse una nueva condena –que será indudablemente revocada en alzada– la justicia ginebrina habría hecho el cálculo de que es “menos vergonzoso” para ellos y ser contumaces al no admitir que se han equivocado –a pesar de los reiterados fallos superiores–, que rectificar y hacer lo correcto: resolver que, con base en las pruebas presentadas, a pesar de que son solo las de la acusación, no es posible determinar la culpabilidad del acusado.
La lucha por el debido proceso y la defensa de los derechos humanos parecería que, a estas alturas del siglo XXI, sería una cuestión exclusiva de sistemas híbridos o dictatoriales, y no de un país eminentemente democrático y con claras convicciones republicanas. Tal parece que no; Suiza enfrenta la encrucijada de reconocer los errores en su sistema judicial y colocarse en su sitial, como un bastión de la neutralidad y la defensa de los derechos humanos. Su rol como importante sede para dirimir controversias comerciales y jurídicas está en el filo de la navaja.
Lo que el tribunal ginebrino decida en el caso contra Sperisen será decisorio con respecto a lo anterior; nadie que se respete –persona natural o corporación multinacional– tendrá confianza en la justicia helvética si se condena a una persona con los mismos argumentos y pruebas que llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar a Suiza, colocándola –si bien no junto, pero sí muy cerca– de cualquier estado tercermundista violador de derechos humanos.
Y para los “oenegeros” suizos que han impulsado esa vergüenza judicial, parece aplicar el triste refrán latinoamericano de que “la vergüenza pasa, pero el dinero queda en casa”.
