El juez Fredy Orellana es de nuevo objeto de acciones legales del partido Movimiento Semilla. Los diputados de esa organización presentaron una querella contra el titular del Juzgado Séptimo, a quien señalan de cometer cuatro delitos.
Es noticia. Samuel Pérez, quien encabeza a la organización que por ahora está anulada, comentó que la resolución de anular al partido, dictada por Orellana, los llevó a denunciarlo y a presentarse como querellantes contra el juez.
- Utilizando términos que la ley le permite por su calidad de legislador, Pérez señaló al juzgador de "sicario, criminal y mercenario". Agregó que el fallo es ilegal y cometido aún sabiendo que se violan las normas jurídicas. Por ello lo califican de "prevaricato".
- "Nosotros -Semilla- estamos tranquilos, quien debería de estar preocupado es él porque lo que hizo fue un acto kamikaze. Cometió varios delitos que vamos velar porque no queden en la impunidad. Un juez no puede hacer lo que hizo, sabiendo las consecuencias que enfrentaba", dijo el legislador en la Torre de Tribunales.
- "Es una vergüenza para el pueblo de Guatemala, para la sociedad y para su familia, incluso para su mamá que también labora en el sistema de justicia. Creo que personas como él, no deben continuar teniendo la justicia en sus manos", añadió el parlamentario.
Panorama general. Los cuatro delitos por lo que fue denunciado Orellana son: resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
- El 26 de noviembre, Semilla y sus aliados en el Congreso modificaron el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Con este cambio, los diputados oficialistas consideraron que podrían nulificar la resolución que los tenía suspendidos.
- Mediante una “negociación política” que incluyó un aumento salarial de GTQ 16 000 mensuales para los congresistas, el incremento de GTQ 5000M para los Consejos de Desarrollo, y un abultado presupuesto que podría llegar hasta los GTQ 152 000M, Semilla –23 votos— convenció a 102 legisladores para sumar 125 votos.
- La alegría tardó poco para el partido oficial; el jueves 28 de noviembre, el Ministerio Público informó que el Juzgado Séptimo ordenó cancelar a la organización que llevó al poder a Bernardo Arévalo. Al parecer, los abogados de Semilla no consideraban esta acción de la fiscalía y corrieron, apresurados, a presentar acciones legales contra la resolución, pero todavía no han sido resueltas las peticiones de amparo presentadas en diferentes instancias legales, como la Corte de Constitucionalidad.
El juez Fredy Orellana es de nuevo objeto de acciones legales del partido Movimiento Semilla. Los diputados de esa organización presentaron una querella contra el titular del Juzgado Séptimo, a quien señalan de cometer cuatro delitos.
Es noticia. Samuel Pérez, quien encabeza a la organización que por ahora está anulada, comentó que la resolución de anular al partido, dictada por Orellana, los llevó a denunciarlo y a presentarse como querellantes contra el juez.
- Utilizando términos que la ley le permite por su calidad de legislador, Pérez señaló al juzgador de "sicario, criminal y mercenario". Agregó que el fallo es ilegal y cometido aún sabiendo que se violan las normas jurídicas. Por ello lo califican de "prevaricato".
- "Nosotros -Semilla- estamos tranquilos, quien debería de estar preocupado es él porque lo que hizo fue un acto kamikaze. Cometió varios delitos que vamos velar porque no queden en la impunidad. Un juez no puede hacer lo que hizo, sabiendo las consecuencias que enfrentaba", dijo el legislador en la Torre de Tribunales.
- "Es una vergüenza para el pueblo de Guatemala, para la sociedad y para su familia, incluso para su mamá que también labora en el sistema de justicia. Creo que personas como él, no deben continuar teniendo la justicia en sus manos", añadió el parlamentario.
Panorama general. Los cuatro delitos por lo que fue denunciado Orellana son: resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato, abuso de autoridad y usurpación de funciones.
- El 26 de noviembre, Semilla y sus aliados en el Congreso modificaron el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Con este cambio, los diputados oficialistas consideraron que podrían nulificar la resolución que los tenía suspendidos.
- Mediante una “negociación política” que incluyó un aumento salarial de GTQ 16 000 mensuales para los congresistas, el incremento de GTQ 5000M para los Consejos de Desarrollo, y un abultado presupuesto que podría llegar hasta los GTQ 152 000M, Semilla –23 votos— convenció a 102 legisladores para sumar 125 votos.
- La alegría tardó poco para el partido oficial; el jueves 28 de noviembre, el Ministerio Público informó que el Juzgado Séptimo ordenó cancelar a la organización que llevó al poder a Bernardo Arévalo. Al parecer, los abogados de Semilla no consideraban esta acción de la fiscalía y corrieron, apresurados, a presentar acciones legales contra la resolución, pero todavía no han sido resueltas las peticiones de amparo presentadas en diferentes instancias legales, como la Corte de Constitucionalidad.