Sector minero denuncia arbitrariedad del Ministerio de Ambiente

La Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT), expresó su preocupación ante lo que considera una vulneración de derechos adquiridos por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Qué destacar. La posición surgió tras la cancelación de diez licencias ambientales otorgadas en 2023 para proyectos mineros en la Sierra de Santa Cruz, Izabal.

• En un comunicado oficial, la gremial señaló que la certeza jurídica es un pilar fundamental para atraer inversión responsable, fomentar el empleo y garantizar el desarrollo sostenible.
• “La credibilidad del país como destino de inversión se sustenta en el respeto al Estado de Derecho, a la certeza jurídica y a los derechos adquiridos”, indicó GRENAT.
• Hizo un llamado a que todas las decisiones se adopten dentro del marco legal, con criterios técnicos y transparencia.

Punto de fricción. La postura del sector minero surge luego del anuncio de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, quien informó sobre la presentación de denuncias penales por presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias ambientales durante la administración anterior.

• Según Orantes, se detectaron calicatas —excavaciones para exploración— sin autorización en Izabal, además de diez licencias otorgadas en noviembre de 2023 que, según el MARN, no cumplían con los requisitos legales.
• El viceministro de Ambiente, Jorge Rodrigo Rodas, detalló la semana anterior que las irregularidades incluyen falta de acreditación de propiedad de la tierra, deficiencias en la participación pública —sin publicaciones en idioma q’eqchi’—, ausencia de opiniones técnicas del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), así como omisiones sobre nacimientos de agua y biodiversidad.
• También se detectaron firmas y fechas inconsistentes, lo que levantó sospechas sobre la legalidad del proceso.

Por qué importa. El área afectada por los proyectos abarca más de 43 mil hectáreas, con ecosistemas sensibles como bosques tropicales húmedos y nubosos, hábitat de especies endémicas y fuentes de agua que abastecen a más de 50 comunidades. Según el MARN, el 42 % del área es bosque natural y el 35 % de los polígonos mineros coinciden con nacimientos de agua.

• En este contexto, la empresa Río Nickel S. A., titular de seis de los diez proyectos, rechazó las acciones del ministerio y denunció presiones políticas y sociales.
• Antonio Morales, encargado de relaciones públicas de la compañía, afirmó el 22 de julio que los proyectos se encuentran en etapa de tramitación y no cuentan con licencias operativas del MEM, por lo que no pueden ejecutar actividades mineras.
• “Todavía no nos corresponde informar del proyecto, porque no hay proyecto”, señaló. Morales también cuestionó el procedimiento de inspección realizado por el MARN, la participación de organizaciones no gubernamentales y la falta de orden judicial para ingresar a propiedad privada. La empresa niega haber realizado calicatas y atribuye las excavaciones a trabajos antiguos de otras compañías.

En conclusión. El MEM enfatizó que sin su autorización no puede haber extracción legal. Además, recordó que aún falta realizar la consulta a pueblos indígenas, según lo establece el Convenio 169 de la OIT.

• Mientras tanto, líderes comunitarios han manifestado su preocupación por el impacto ambiental de los proyectos, especialmente en las fuentes de agua.
• En abril, trasladaron sus inquietudes a diputados distritales, lo que derivó en manifestaciones tras la entrega del informe final del MARN, que no fue leído en las comunidades por ausencia de autoridades locales.
• La GRENAT insiste en que decisiones arbitrarias, lejos de fomentar la inversión, la desincentivan. “La certeza jurídica no solo protege los derechos adquiridos, sino que también constituye un pilar esencial para generar bienestar en las comunidades”, concluyó la gremial.