EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Se retrasa hasta un año la entrada en vigor del seguro contra terceros
La publicación de los acuerdos gubernativos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, reglamentos a la Ley de Tránsito, el 17 de marzo en el Diario de Centroamérica, avivaron las críticas en contra de Bernardo Arévalo y el Gobierno en general.
En perspectiva. Lo más controversial y lo que ha provocado una serie de reacciones, es la norma que establece que los propietarios de cualquier tipo de vehículo deben contar con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.
- Se debe apuntar que la Ley de Tránsito ya normaba la contratación de un seguro. Sin embargo, existía una carencia de regulación específica y sanciones por la omisión. La decisión del Ejecutivo fue una bomba que cayó por sorpresa.
Sí, pero. Es innegable que, contar con una póliza de vehículo es necesario y como sociedad es importante tener buenas prácticas. Muchos países de la región contemplan la obligatoriedad de seguro.
- El gran problema o reto es que, en el contexto actual en Guatemala, no se puede implementar dichos reglamentos tal como fueron publicados, de la noche a la mañana.
- La disposición de la administración de Arévalo cae en lo ilusorio. La razón es simple: medidas como las anunciadas deberían aplicarse cuando se cuente con alternativas favorables para las personas.
- Es decir, un transporte público eficiente, eficaz y seguro, algo que es inexistente. Eso ayudaría a desincentivar el uso del vehículo. Incluso agilizaría la movilidad y serviría de solución al tráfico.
Qué destacar. Otro detalle que pasó por alto el Gobierno al publicar estos acuerdos es el tema del salario mínimo. La mayoría de los guatemaltecos ganan ente GTQ 3600 a GTQ 3800, montos que no les son suficientes para cubrir este gasto adicional.
- A ello se suma que las aseguradoras no están preparadas para poner en práctica estas medidas, y aunque el Gobierno asegura haber sostenido durante un año diálogos con organizaciones —más de 500, según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo—, no incluyeron a las aseguradoras. Parece chiste, pero es verdad.
- República solicitó información al Ministerio de Gobernación —cartera encargada— sobre esas centenas de “organizaciones”, pero al cierre no respondieron. Tampoco respondió la Secretaría a cargo de Palomo.
- Según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), menos el 10 % de los guatemaltecos tienen un seguro para su vehículo. Pese a la serie de bloqueos y manifestaciones en contra, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que no darán [el Gobierno] marcha atrás al seguro obligatorio para todos los vehículos.
En conclusión: La medida no es perniciosa, pero se dejó fuera de la discusión a quienes deben ofrecer el seguro; además, distintas voces de la sociedad civil —y hasta legisladores oficialistas— abogaron por un retraso en la obligatoriedad, pues consideran que es un período muy corto.
Se retrasa hasta un año la entrada en vigor del seguro contra terceros
La publicación de los acuerdos gubernativos 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025, reglamentos a la Ley de Tránsito, el 17 de marzo en el Diario de Centroamérica, avivaron las críticas en contra de Bernardo Arévalo y el Gobierno en general.
En perspectiva. Lo más controversial y lo que ha provocado una serie de reacciones, es la norma que establece que los propietarios de cualquier tipo de vehículo deben contar con un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes.
- Se debe apuntar que la Ley de Tránsito ya normaba la contratación de un seguro. Sin embargo, existía una carencia de regulación específica y sanciones por la omisión. La decisión del Ejecutivo fue una bomba que cayó por sorpresa.
Sí, pero. Es innegable que, contar con una póliza de vehículo es necesario y como sociedad es importante tener buenas prácticas. Muchos países de la región contemplan la obligatoriedad de seguro.
- El gran problema o reto es que, en el contexto actual en Guatemala, no se puede implementar dichos reglamentos tal como fueron publicados, de la noche a la mañana.
- La disposición de la administración de Arévalo cae en lo ilusorio. La razón es simple: medidas como las anunciadas deberían aplicarse cuando se cuente con alternativas favorables para las personas.
- Es decir, un transporte público eficiente, eficaz y seguro, algo que es inexistente. Eso ayudaría a desincentivar el uso del vehículo. Incluso agilizaría la movilidad y serviría de solución al tráfico.
Qué destacar. Otro detalle que pasó por alto el Gobierno al publicar estos acuerdos es el tema del salario mínimo. La mayoría de los guatemaltecos ganan ente GTQ 3600 a GTQ 3800, montos que no les son suficientes para cubrir este gasto adicional.
- A ello se suma que las aseguradoras no están preparadas para poner en práctica estas medidas, y aunque el Gobierno asegura haber sostenido durante un año diálogos con organizaciones —más de 500, según el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo—, no incluyeron a las aseguradoras. Parece chiste, pero es verdad.
- República solicitó información al Ministerio de Gobernación —cartera encargada— sobre esas centenas de “organizaciones”, pero al cierre no respondieron. Tampoco respondió la Secretaría a cargo de Palomo.
- Según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), menos el 10 % de los guatemaltecos tienen un seguro para su vehículo. Pese a la serie de bloqueos y manifestaciones en contra, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que no darán [el Gobierno] marcha atrás al seguro obligatorio para todos los vehículos.
En conclusión: La medida no es perniciosa, pero se dejó fuera de la discusión a quienes deben ofrecer el seguro; además, distintas voces de la sociedad civil —y hasta legisladores oficialistas— abogaron por un retraso en la obligatoriedad, pues consideran que es un período muy corto.
