Se resisten a salir: trabajadores 022 le ganan GTQ 61.4M al Congreso en 4 años

Obtener un contrato 022 en el Congreso suele significar, en muchos casos, un ingreso asegurado con escasa exigencia laboral. A ello se suma que, aunque estos contratos tienen fecha de vencimiento, algunos trabajadores se resisten a dejar el cargo y recurren a los juzgados de trabajo, donde con frecuencia logran su reinstalación, generando un costo millonario para las finanzas públicas.

Por qué importa. En los últimos cuatro años, el Congreso ha desembolsado GTQ 62M en concepto de salarios caídos —pagos correspondientes a sueldos no percibidos durante procesos judiciales— entre 2021 y 2025, según datos de la Unidad de Acceso a la Información.

• En ese período, 173 trabajadores han sido reinstalados, con salarios mensuales que oscilan entre GTQ 7000 y GTQ 24 000.
• Incluso, al menos 12 personas han litigado y ganado dos procesos de reinstalación, acumulando nuevamente pagos retroactivos con cargo a fondos públicos.
• El presupuesto del Legislativo establece una asignación de GTQ 35M destinados a sentencias judiciales.

Visto y no visto. Un informe de Congreso Eficiente revela que las contrataciones en el Congreso han crecido de 591 a 1020 personas desde 2016, incluyendo a cientos de trabajadores administrativos que, según la ley, no deberían ser contratados bajo el renglón 022.

• 437 empleados administrativos están asignados a cuatro direcciones —Administración, Recursos Humanos, Estudios e Investigación Legislativa y Asuntos Jurídicos— pese a que la Ley Orgánica solo permite contrataciones para asesores, asistentes y secretarias de diputados y bloques legislativos.
• Este año, el diputado Orlando Blanco señaló que 346 renovaciones carecían de justificación y calificó al personal como “achichincles de un montón de diputados”.
• La nueva Junta Directiva solicitó al recién nombrado director de Recursos Humanos un informe sobre el personal administrativo para su análisis, según confirmó el diputado Juan Carlos Rivera. Sin embargo, todo apunta a que la medida responde más a la necesidad de contener las críticas públicas que a una intención real de corregir el problema de fondo.

En conclusión. El caso de los contratos 022 en el Congreso no es un problema aislado ni accidental. Es el resultado de una práctica sistemática que combina decisiones políticas irresponsables, vacíos en la aplicación de la ley y fallos judiciales que terminan trasladando el costo al erario. El resultado es un esquema donde nadie asume responsabilidades y donde las finanzas públicas siempre pierden.

• Los diputados aprueban y avalan contrataciones bajo el renglón 022 para puestos administrativos que la ley no permite, inflando la planilla y creando vínculos laborales débiles desde el punto de vista legal, pero costosos desde el punto de vista presupuestario.
• Al concluir los contratos, muchos trabajadores litigan y logran ser reinstalados, con salarios altos y pagos retroactivos, aun cuando se trata de plazas temporales y con escasa exigencia de desempeño.
• Cada sentencia alimenta una bola de nieve que incrementa el gasto del Congreso, desvía recursos de su función esencial y perpetúa un círculo perverso que castiga a las finanzas del Estado y normaliza el abuso del sistema.