Un grupo de diputados oficialistas, encabezado Samuel Pérez, solicitó al presidente Bernardo Arévalo la destitución de la cúpula del Ministerio de Gobernación, incluido el ministro, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 reos de alta peligrosidad en la cárcel Fraijanes II.
Es noticia. Pérez, líder de la nueva facción de Raíces, ofreció una conferencia de prensa en la que informó haber solicitado al presidente Arévalo — actualmente de viaje en Europa — la remoción de las autoridades de seguridad, tras la fuga de los pandilleros.
- "No es posible que se fuguen 20 mareros [...] tuve comunicación con el presidente Arévalo para solicitarle la destitución de la cúpula responsable de estos hechos, empezando por el ministro de Gobernación, quien ya no goza de nuestra confianza ni la del pueblo de Guatemala", destacó Pérez.
- También señaló que la estrategia de recaptura "es lo mínimo que se espera en este momento, pero será insuficiente para recuperar la confianza de las personas responsables de la seguridad", resaltó.
- Aunque reiteró el respaldo de su bancada al presidente Arévalo, aclaró que no comparten la permanencia de funcionarios que, a su criterio, han actuado con evidente competencia.
Voces. En declaraciones ofrecidas el lunes 13 de octubre, Jiménez fue enfático en que no dejará el cargo en medio de la crisis.
- “Yo no estoy evaluando dejar a medias la tarea que tenemos que cumplir”, expresó. “No voy a dejar a medias esta situación. No voy a renunciar, no lo he considerado porque tengo que dejar esta situación resuelta”.
- El ministro se refirió también a los comentarios en redes sociales que exigen su salida, especialmente los realizados por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien lo ha responsabilizado públicamente por la evasión.
- Jiménez indicó que está analizando presentar acciones legales contra Solórzano, debido a que, según sus palabras, aparentemente tiene contacto directo con pandilleros que le facilitan información. “Eso es grave y lo estamos evaluando jurídicamente”, dijo.
En conclusión. A pesar de la presión mediática y política, el ministro reafirmó que su prioridad es la recaptura de los 19 pandilleros que aún permanecen prófugos. En la madrugada del lunes, la Policía Nacional Civil logró la captura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latín Family, quien fue localizado en Santa Rosa portando un arma robada. Dos mareros que lo custodiaban también fueron detenidos.
- Jiménez aseguró que todos los recursos del Estado están movilizados para dar con el paradero de los fugitivos. “Cada policía está activado. No vamos a descansar hasta que estén de nuevo tras las rejas”, concluyó.
- Finalmente, el ministro pidió apoyo al Congreso de la República para impulsar una reforma profunda a la Ley del Sistema Carcelario.
- Señaló que el marco legal actual es insuficiente para enfrentar los desafíos que representa el crimen organizado dentro de las cárceles, y que se requiere una legislación moderna que permita fortalecer la seguridad, la tecnología y la capacidad operativa del sistema penitenciario.
Un grupo de diputados oficialistas, encabezado Samuel Pérez, solicitó al presidente Bernardo Arévalo la destitución de la cúpula del Ministerio de Gobernación, incluido el ministro, Francisco Jiménez, tras la fuga de 20 reos de alta peligrosidad en la cárcel Fraijanes II.
Es noticia. Pérez, líder de la nueva facción de Raíces, ofreció una conferencia de prensa en la que informó haber solicitado al presidente Arévalo — actualmente de viaje en Europa — la remoción de las autoridades de seguridad, tras la fuga de los pandilleros.
- "No es posible que se fuguen 20 mareros [...] tuve comunicación con el presidente Arévalo para solicitarle la destitución de la cúpula responsable de estos hechos, empezando por el ministro de Gobernación, quien ya no goza de nuestra confianza ni la del pueblo de Guatemala", destacó Pérez.
- También señaló que la estrategia de recaptura "es lo mínimo que se espera en este momento, pero será insuficiente para recuperar la confianza de las personas responsables de la seguridad", resaltó.
- Aunque reiteró el respaldo de su bancada al presidente Arévalo, aclaró que no comparten la permanencia de funcionarios que, a su criterio, han actuado con evidente competencia.
Voces. En declaraciones ofrecidas el lunes 13 de octubre, Jiménez fue enfático en que no dejará el cargo en medio de la crisis.
- “Yo no estoy evaluando dejar a medias la tarea que tenemos que cumplir”, expresó. “No voy a dejar a medias esta situación. No voy a renunciar, no lo he considerado porque tengo que dejar esta situación resuelta”.
- El ministro se refirió también a los comentarios en redes sociales que exigen su salida, especialmente los realizados por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, quien lo ha responsabilizado públicamente por la evasión.
- Jiménez indicó que está analizando presentar acciones legales contra Solórzano, debido a que, según sus palabras, aparentemente tiene contacto directo con pandilleros que le facilitan información. “Eso es grave y lo estamos evaluando jurídicamente”, dijo.
En conclusión. A pesar de la presión mediática y política, el ministro reafirmó que su prioridad es la recaptura de los 19 pandilleros que aún permanecen prófugos. En la madrugada del lunes, la Policía Nacional Civil logró la captura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “Black Demon”, líder de la clica Latín Family, quien fue localizado en Santa Rosa portando un arma robada. Dos mareros que lo custodiaban también fueron detenidos.
- Jiménez aseguró que todos los recursos del Estado están movilizados para dar con el paradero de los fugitivos. “Cada policía está activado. No vamos a descansar hasta que estén de nuevo tras las rejas”, concluyó.
- Finalmente, el ministro pidió apoyo al Congreso de la República para impulsar una reforma profunda a la Ley del Sistema Carcelario.
- Señaló que el marco legal actual es insuficiente para enfrentar los desafíos que representa el crimen organizado dentro de las cárceles, y que se requiere una legislación moderna que permita fortalecer la seguridad, la tecnología y la capacidad operativa del sistema penitenciario.