EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El diputado Samuel Pérez ha impulsado, en los últimos meses —por presión política— iniciativas de ley enfocadas en movilidad urbana. Sin embargo, el impacto real que tendrían sus propuestas es exiguo. Entre discursos populistas, su gestión es cuestionada. No ha dado los resultados que prometió.
La movilidad urbana es uno de los principales retos en Guatemala. El rol del Congreso resulta clave para impulsar soluciones integrales. En este sentido, la labor de los diputados, como Pérez, adquiere relevancia. No obstante, enfrenta críticas por la falta de efectos tangibles de sus iniciativas.
El diputado electo por el Distrito
Central —que lleva ya seis años y hasta ahora lo hace— ha promovido tres propuestas relacionadas con transporte y ordenamiento vial. Ninguna ha logrado consolidarse; son aspiracionales y poco realistas. Las iniciativas permanecen en fases iniciales. Están pendientes de dictámenes de comisión y discusión en el pleno. Ahora tienen poca viabilidad política.
Propuestas y narrativa
La iniciativa 6551, Ley de Movilidad y Seguridad Vial, busca reconocer la movilidad como un derecho, además de la creación de una Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, adscrita dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La finalidad de la nueva entidad es coordinar la implementación de una política intersectorial nacional de movilidad y seguridad.
Entre las principales críticas de la iniciativa está la expansión innecesaria del Estado. Más burocracia inútil. Ello no se traduce en mejores resultados. También resalta la conceptualización amplia y ambigua del “derecho a la movilidad”, que hace sospechar mayor regulación en el futuro.
La segunda propuesta, la iniciativa 6710, Ley de la Región Metropolitana, plantea la reorganización del transporte urbano bajo criterios de planificación pública más rígidos. Aunque el objetivo es ordenar el sistema, la iniciativa concentra decisiones en el Ejecutivo y reduce el margen de acción de las municipalidades. Esto debilita la autonomía local y desincentiva la inversión en el sector. Además, no establece mecanismos claros de financiamiento ni de transición.
La tercera iniciativa, la 6718, Ley Orgánica de la Empresa Nacional de Transporte, se enfoca en promover alternativas de movilidad sostenible, como ciclovías y transporte no motorizado. Si bien responde a tendencias internacionales, su aplicación en Guatemala enfrenta limitaciones. La propuesta no considera las condiciones reales de infraestructura, seguridad ni cultura vial. Tampoco define prioridades claras ni costos: es una propuesta simbólica.
En conjunto, las tres iniciativas reflejan un patrón: planteamientos “atractivos”, pero técnicamente poco viables y desconectados de las realidades institucional y fiscal del país. La falta de articulación política, sumada a propuestas que amplían el rol del Estado sin garantizar eficiencia, limita su viabilidad.
El amparo contra el AeroMetro
Un elemento adicional en la estrategia de Pérez es el uso de acciones legales para posicionar su agenda. El 5 de febrero, planteó un amparo contra la Municipalidad de Guatemala por el AeroMetro. Buscaba impedir su construcción. Argumentó que las acciones legales eran “para defender los derechos de los vecinos”.
Este recurso también genera cuestionamientos. El amparo fue utilizado por Pérez como herramienta discursiva y para cobertura mediática, pero no sustituye su labor legislativa. En lugar de construir consensos dentro del Congreso, recurre a la vía judicial para impulsar cambios que deberían discutirse y aprobarse mediante leyes. Antes criticaba el mecanismo, y ahora lo utiliza.
El 19 de ese mismo mes, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo de Pérez. Resolvió que en el recurso había falta de definitividad, falta de legitimidad activa en el caso y temporalidad. Ordenó, sin más, archivar las diligencias.
Pérez evidencia una brecha entre discurso y resultados. Sus iniciativas posicionan temas relevantes, pero no avanzan en el proceso legislativo ni ofrecen soluciones concretas. Su agenda queda como simples intenciones. El desafío no es proponer más leyes, es impulsar reformas viables que respondan a la realidad del país.
Después de seis años de diputado electo por el Distrito Central —y ya uno ganando el ingente autorrecetado sueldo de GTQ 66 300, ¿tan solo esto ha hecho por su circunscripción y sus vecinos?
El diputado Samuel Pérez ha impulsado, en los últimos meses —por presión política— iniciativas de ley enfocadas en movilidad urbana. Sin embargo, el impacto real que tendrían sus propuestas es exiguo. Entre discursos populistas, su gestión es cuestionada. No ha dado los resultados que prometió.
La movilidad urbana es uno de los principales retos en Guatemala. El rol del Congreso resulta clave para impulsar soluciones integrales. En este sentido, la labor de los diputados, como Pérez, adquiere relevancia. No obstante, enfrenta críticas por la falta de efectos tangibles de sus iniciativas.
El diputado electo por el Distrito
Central —que lleva ya seis años y hasta ahora lo hace— ha promovido tres propuestas relacionadas con transporte y ordenamiento vial. Ninguna ha logrado consolidarse; son aspiracionales y poco realistas. Las iniciativas permanecen en fases iniciales. Están pendientes de dictámenes de comisión y discusión en el pleno. Ahora tienen poca viabilidad política.
Propuestas y narrativa
La iniciativa 6551, Ley de Movilidad y Seguridad Vial, busca reconocer la movilidad como un derecho, además de la creación de una Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, adscrita dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV). La finalidad de la nueva entidad es coordinar la implementación de una política intersectorial nacional de movilidad y seguridad.
Entre las principales críticas de la iniciativa está la expansión innecesaria del Estado. Más burocracia inútil. Ello no se traduce en mejores resultados. También resalta la conceptualización amplia y ambigua del “derecho a la movilidad”, que hace sospechar mayor regulación en el futuro.
La segunda propuesta, la iniciativa 6710, Ley de la Región Metropolitana, plantea la reorganización del transporte urbano bajo criterios de planificación pública más rígidos. Aunque el objetivo es ordenar el sistema, la iniciativa concentra decisiones en el Ejecutivo y reduce el margen de acción de las municipalidades. Esto debilita la autonomía local y desincentiva la inversión en el sector. Además, no establece mecanismos claros de financiamiento ni de transición.
La tercera iniciativa, la 6718, Ley Orgánica de la Empresa Nacional de Transporte, se enfoca en promover alternativas de movilidad sostenible, como ciclovías y transporte no motorizado. Si bien responde a tendencias internacionales, su aplicación en Guatemala enfrenta limitaciones. La propuesta no considera las condiciones reales de infraestructura, seguridad ni cultura vial. Tampoco define prioridades claras ni costos: es una propuesta simbólica.
En conjunto, las tres iniciativas reflejan un patrón: planteamientos “atractivos”, pero técnicamente poco viables y desconectados de las realidades institucional y fiscal del país. La falta de articulación política, sumada a propuestas que amplían el rol del Estado sin garantizar eficiencia, limita su viabilidad.
El amparo contra el AeroMetro
Un elemento adicional en la estrategia de Pérez es el uso de acciones legales para posicionar su agenda. El 5 de febrero, planteó un amparo contra la Municipalidad de Guatemala por el AeroMetro. Buscaba impedir su construcción. Argumentó que las acciones legales eran “para defender los derechos de los vecinos”.
Este recurso también genera cuestionamientos. El amparo fue utilizado por Pérez como herramienta discursiva y para cobertura mediática, pero no sustituye su labor legislativa. En lugar de construir consensos dentro del Congreso, recurre a la vía judicial para impulsar cambios que deberían discutirse y aprobarse mediante leyes. Antes criticaba el mecanismo, y ahora lo utiliza.
El 19 de ese mismo mes, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó el amparo de Pérez. Resolvió que en el recurso había falta de definitividad, falta de legitimidad activa en el caso y temporalidad. Ordenó, sin más, archivar las diligencias.
Pérez evidencia una brecha entre discurso y resultados. Sus iniciativas posicionan temas relevantes, pero no avanzan en el proceso legislativo ni ofrecen soluciones concretas. Su agenda queda como simples intenciones. El desafío no es proponer más leyes, es impulsar reformas viables que respondan a la realidad del país.
Después de seis años de diputado electo por el Distrito Central —y ya uno ganando el ingente autorrecetado sueldo de GTQ 66 300, ¿tan solo esto ha hecho por su circunscripción y sus vecinos?
