EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: A más de un año de haber solicitado formalmente cooperación internacional, la Federación Rusa no ha respondido a los requerimientos de asistencia legal mutua según el Ministerio Público (MP).
Qué destacar. La fiscalía recién apenas dio algunos resultados de las averiguaciones en el marco de la compra de las vacunas rusas Sputnik V.
- Este caso que ha vuelto a cobrar relevancia tras la emisión de órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el MP solicitó el 15 de octubre de 2024 asistencia legal a Rusia con el objetivo de obtener documentación, contratos, información financiera y detalles sobre las empresas involucradas en la negociación y venta de los biológicos.
- Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades rusas no han emitido respuesta alguna, lo que ha limitado el esclarecimiento total del proceso de adquisición.
Sí, pero. El silencio de Rusia adquiere especial relevancia debido a que la compra fue presentada públicamente como un acuerdo de “Gobierno a Gobierno”.
- Aunque la documentación revisada por la FECI revela que el contrato fue suscrito con la empresa Human Vaccine LLC, vinculada al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), lo que abrió cuestionamientos sobre el papel de intermediarios y la falta de garantías para el Estado de Guatemala.
- Según las investigaciones, el contrato establecía la compr a de 16 millones de dosis, pero Guatemala únicamente recibió 8 millones, pese a haber desembolsado alrededor de GTQ 614M, equivalente al 50 % del monto total pactado.
- Parte de las vacunas llegaron con fechas de vencimiento cortas y millones de dosis terminaron siendo descartadas, generando un grave perjuicio económico durante la emergencia sanitaria.
En el radar. La FECI también analiza posibles flujos financieros internacionales, incluyendo transferencias que habrían pasado por bancos en Estados Unidos y luego a cuentas en Rusia.
- En ese contexto, el MP ha solicitado información tanto al gobierno ruso como a autoridades estadounidenses, aunque solo estas últimas han mostrado algún nivel de cooperación.
- El caso también ha puesto bajo escrutinio la actuación de exfuncionarios guatemaltecos que participaron en las negociaciones y ejecución del contrato.
- Como resultado de las diligencias, se giraron órdenes de captura contra la exministra de Salud María Amelia Flores González, la exviceministra Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera de Calderón, y los exjefes financiero y administrativo Rommel Noguera Ávila y Erick Belding Delgado Urbina, señalados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado y malversación.
Lo que sigue. La investigación se amplió para determinar la posible responsabilidad de otros actores políticos y administrativos, incluidos exintegrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID).
- Así como exfuncionarios cercanos al entonces presidente Alejandro Giammattei. En estos procesos, la FECI ha reiterado que la ausencia de indicios sólidos y las limitaciones legales, como el antejuicio, han impedido avances directos contra el exmandatario.
- El Ministerio Público sostiene que la falta de respuesta de Rusia es un obstáculo importante, pero no detiene el curso de la investigación. Las autoridades continúan documentando incumplimientos contractuales, decisiones administrativas irregulares y posibles responsabilidades penales, apoyándose en auditorías de la Contraloría General de Cuentas, denuncias ciudadanas y análisis de convenios internacionales.
- El MP reitera que el objetivo del proceso no es político, sino estrictamente jurídico: esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar si existió connivencia entre actores nacionales y extranjeros en un contrato que comprometió recursos públicos.
A más de un año de haber solicitado formalmente cooperación internacional, la Federación Rusa no ha respondido a los requerimientos de asistencia legal mutua según el Ministerio Público (MP).
Qué destacar. La fiscalía recién apenas dio algunos resultados de las averiguaciones en el marco de la compra de las vacunas rusas Sputnik V.
- Este caso que ha vuelto a cobrar relevancia tras la emisión de órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
- De acuerdo con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el MP solicitó el 15 de octubre de 2024 asistencia legal a Rusia con el objetivo de obtener documentación, contratos, información financiera y detalles sobre las empresas involucradas en la negociación y venta de los biológicos.
- Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades rusas no han emitido respuesta alguna, lo que ha limitado el esclarecimiento total del proceso de adquisición.
Sí, pero. El silencio de Rusia adquiere especial relevancia debido a que la compra fue presentada públicamente como un acuerdo de “Gobierno a Gobierno”.
- Aunque la documentación revisada por la FECI revela que el contrato fue suscrito con la empresa Human Vaccine LLC, vinculada al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), lo que abrió cuestionamientos sobre el papel de intermediarios y la falta de garantías para el Estado de Guatemala.
- Según las investigaciones, el contrato establecía la compr a de 16 millones de dosis, pero Guatemala únicamente recibió 8 millones, pese a haber desembolsado alrededor de GTQ 614M, equivalente al 50 % del monto total pactado.
- Parte de las vacunas llegaron con fechas de vencimiento cortas y millones de dosis terminaron siendo descartadas, generando un grave perjuicio económico durante la emergencia sanitaria.
En el radar. La FECI también analiza posibles flujos financieros internacionales, incluyendo transferencias que habrían pasado por bancos en Estados Unidos y luego a cuentas en Rusia.
- En ese contexto, el MP ha solicitado información tanto al gobierno ruso como a autoridades estadounidenses, aunque solo estas últimas han mostrado algún nivel de cooperación.
- El caso también ha puesto bajo escrutinio la actuación de exfuncionarios guatemaltecos que participaron en las negociaciones y ejecución del contrato.
- Como resultado de las diligencias, se giraron órdenes de captura contra la exministra de Salud María Amelia Flores González, la exviceministra Nancy Ingrid Pezzarossi Barrera de Calderón, y los exjefes financiero y administrativo Rommel Noguera Ávila y Erick Belding Delgado Urbina, señalados de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado y malversación.
Lo que sigue. La investigación se amplió para determinar la posible responsabilidad de otros actores políticos y administrativos, incluidos exintegrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID).
- Así como exfuncionarios cercanos al entonces presidente Alejandro Giammattei. En estos procesos, la FECI ha reiterado que la ausencia de indicios sólidos y las limitaciones legales, como el antejuicio, han impedido avances directos contra el exmandatario.
- El Ministerio Público sostiene que la falta de respuesta de Rusia es un obstáculo importante, pero no detiene el curso de la investigación. Las autoridades continúan documentando incumplimientos contractuales, decisiones administrativas irregulares y posibles responsabilidades penales, apoyándose en auditorías de la Contraloría General de Cuentas, denuncias ciudadanas y análisis de convenios internacionales.
- El MP reitera que el objetivo del proceso no es político, sino estrictamente jurídico: esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y determinar si existió connivencia entre actores nacionales y extranjeros en un contrato que comprometió recursos públicos.
