Roces entre el Ejecutivo y el Ministerio Público deben quedar fuera, según expertos

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha demostrado su imparcialidad una vez más al rechazar una debida ejecutoria planteada por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y al declarar sin lugar una solicitud realizada por el presidente Bernardo Arévalo.  

• La petición de Porras, que consta de 422 páginas, fue entregada la última semana de julio y se deriva de publicaciones, declaraciones y críticas que funcionarios del Ejecutivo han venido realizado en contra de su trabajo al frente del ente investigador, poniendo en duda su honorabilidad.  
• El argumento de esta debida ejecutoria era que, con este tipo de acciones, se incumplía con el amparo provisional otorgado a favor del Ministerio Público el pasado mes de mayo, el cual surgió luego de que Arévalo promoviera una iniciativa para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público.  

En perspectiva. Para el pleno de magistrados, las publicaciones, declaraciones y críticas a las que Porras se refiere en su solicitud, que en su mayoría fueron hechas en redes sociales y medios de comunicación, no encajan en los términos en los cuales se le otorgó la protección. 

• En la misma petición, la jefa del Ministerio Púbico también solicitaba que se iniciara un proceso penal en contra del mandatario, además de, la inmediata separación o destitución ipso facto del secretario general de la Presidencia, Juan Francisco Garnica; el procurador general de la Nación, Julio Saavedra y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.  
• Funcionarios que junto al presidente no han dado tregua al juego de reacciones en las que hacen evidente su incomodidad por el trabajo que realiza Porras, dando a entender que, el Ejecutivo no dará marcha atrás en este juego de poder en el que la ciudadanía pierde más.  

Qué destacar. Para el analista legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Francisco Quezada, era difícil que la Corte le otorgará la debida ejecución a Porras porque las líneas en donde se deducía que se había violado las imposiciones del amparo provisional no eran notoriamente contradictorias.  

• Según el experto, en los documentos resaltaba más la dinámica que han venido poniendo en práctica el Ejecutivo y el Ministerio Público de tirarse los platos entre ambos. “Con su decisión, los magistrados evitaron un daño mayor, como pudo haber sido el destituir funcionarios e instruir un antejuicio para el presidente”, comentó.  
• También indicó que, con su decisión de no otorgar la medida ejecutoria, se buscó mantener la institucionalidad y enfatizó que la Corte en términos generales obró equilibradamente en el sentido de que ha evitado graves consecuencias para el país.  

Voces. Sin embargo, no todos comparten esa opinión, para el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, la medida ejecutoria presentada por la fiscal general era por demás justa y además legal, pues los funcionarios que ella menciona en esta acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad representan para ella un peligro debido al poder que ostentan y el abuso de poder que están manifestando con sus actos.  

• Ruiz, al igual que muchos guatemaltecos, piensan que Arévalo está quedando en ridículo gracias a sus asesores. Según el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, un ejemplo de ello es el recurso que planteó Arévalo, en la cual se pedía la revocatoria al amparo provisional que se le otorgó a Porras.  
• “Vemos un problema de inamovilidad, de parálisis por parte de Bernardo Arévalo al frente del Ejecutivo, tanto la fiscal general como la población le han pedido que se ponga a trabajar y no lo hace, así que lo mejor es que se haga a un lado y renuncie a la presidencia y que en su lugar haya alguien que tenga carácter y sea responsable”, expresó. 

En conclusión. Es indiscutible que ya es momento de poner un alto a los dimes y diretes entre Arévalo y Porras, pues al final estos escenarios políticos que de manera consecuente presentan tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público, lo único que hacen es generar intranquilidad y hartazgo para la gran mayoría de guatemaltecos.