EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La notificación de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que declara la nulidad absoluta de los contratos de usufructo y operación otorgados a APM Terminals Quetzal (APM), pone al Estado frente a un problema que durante años esquivó.
- El 16 de octubre de 2017 esa instancia legal declaró nulos los contratos relacionados. Originalmente fueron suscritos con la firma Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
- La nulidad de los contratos se tramitó después de que se denunciaran sobornos que habrían pagado al exmandatario, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota para obtener el negocio.
- El caso involucró a los hermanos españoles Ángel y Álvaro Pérez-Maura García, señalados de pagar las millonarias coimas en Guatemala.
Por qué importa. La tardía notificación de la Sala Quinta obliga a las autoridades a buscar una salida a un problema que se puede complicar más. APM maneja más de 200 000 contenedores al año. Mueve la mitad de las exportaciones del país, según la firma.
- La terminal opera a un 60 % de su capacidad y es considerada una de las más grandes y ágiles de Centroamérica. Por ese motivo, la empresa fue bien recibida, pero ahora todas sus operaciones han quedado anuladas.
- Tras los problemas legales de los primeros propietarios –la familia Pérez Maura García–, la operación fue adquirida por APM. Los nuevos inversionistas querían continuar prestando el servicio, y esperaban un fallo legal a su favor para no anular los contratos.
- El gobierno de Bernardo Arévalo indicó que acatará el fallo que deja en firme la nulidad del usufructo y de la operación. Las autoridades responsables de la Empresa Portuaria Quetzal, así como del Ministerio de Comunicaciones, buscan cómo resolver la situación logística y legal.
En perspectiva, Más allá de los problemas de corrupción que causaron la nulidad del contrato, Guatemala necesita de esa terminal para atender la creciente demanda en ese y otros puertos.
- La competitividad demanda mayor y mejor infraestructura portuaria, pero con procesos transparentes y certeza jurídica que anime a inversionistas probos a traer sus capitales a Guatemala.
- Los empresarios nacionales solo podrán competir si cuentan con carreteras, puertos y aeropuertos que agilicen y faciliten las operaciones de importación y exportación.
- Otros países de Centroamérica llevan ventaja; ni qué decir de México que sigue aprovechando su vecindad con Estados Unidos para tomar las oportunidades que brinda el nearshoring.
En conclusión. APM –por el momento– sigue operando, pero es cuestión de días para que suspenda sus actividades definitivamente.
- El Estado debe actuar pronto para no entorpecer las operaciones en esa terminal; Es algo urgente de resolver. No hay tiempo para señalar a responsables, eso corresponde a los tribunales de justicia.
- El Congreso también puede intervenir para establecer un marco legal temporal que permita continuar las operaciones, que es lo más importante.
La notificación de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que declara la nulidad absoluta de los contratos de usufructo y operación otorgados a APM Terminals Quetzal (APM), pone al Estado frente a un problema que durante años esquivó.
- El 16 de octubre de 2017 esa instancia legal declaró nulos los contratos relacionados. Originalmente fueron suscritos con la firma Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
- La nulidad de los contratos se tramitó después de que se denunciaran sobornos que habrían pagado al exmandatario, la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota para obtener el negocio.
- El caso involucró a los hermanos españoles Ángel y Álvaro Pérez-Maura García, señalados de pagar las millonarias coimas en Guatemala.
Por qué importa. La tardía notificación de la Sala Quinta obliga a las autoridades a buscar una salida a un problema que se puede complicar más. APM maneja más de 200 000 contenedores al año. Mueve la mitad de las exportaciones del país, según la firma.
- La terminal opera a un 60 % de su capacidad y es considerada una de las más grandes y ágiles de Centroamérica. Por ese motivo, la empresa fue bien recibida, pero ahora todas sus operaciones han quedado anuladas.
- Tras los problemas legales de los primeros propietarios –la familia Pérez Maura García–, la operación fue adquirida por APM. Los nuevos inversionistas querían continuar prestando el servicio, y esperaban un fallo legal a su favor para no anular los contratos.
- El gobierno de Bernardo Arévalo indicó que acatará el fallo que deja en firme la nulidad del usufructo y de la operación. Las autoridades responsables de la Empresa Portuaria Quetzal, así como del Ministerio de Comunicaciones, buscan cómo resolver la situación logística y legal.
En perspectiva, Más allá de los problemas de corrupción que causaron la nulidad del contrato, Guatemala necesita de esa terminal para atender la creciente demanda en ese y otros puertos.
- La competitividad demanda mayor y mejor infraestructura portuaria, pero con procesos transparentes y certeza jurídica que anime a inversionistas probos a traer sus capitales a Guatemala.
- Los empresarios nacionales solo podrán competir si cuentan con carreteras, puertos y aeropuertos que agilicen y faciliten las operaciones de importación y exportación.
- Otros países de Centroamérica llevan ventaja; ni qué decir de México que sigue aprovechando su vecindad con Estados Unidos para tomar las oportunidades que brinda el nearshoring.
En conclusión. APM –por el momento– sigue operando, pero es cuestión de días para que suspenda sus actividades definitivamente.
- El Estado debe actuar pronto para no entorpecer las operaciones en esa terminal; Es algo urgente de resolver. No hay tiempo para señalar a responsables, eso corresponde a los tribunales de justicia.
- El Congreso también puede intervenir para establecer un marco legal temporal que permita continuar las operaciones, que es lo más importante.
