Reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas: Congreso aún no retoma la discusión clave para inversión

Han pasado un poco más de dos meses desde que la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas avanzó en su primer debate, de los tres necesarios para convertirse en decreto. Con esta reforma se busca atraer inversiones y promover el desarrollo económico del país.

Pese a que se ha insistido en que la iniciativa es una prioridad legislativa, su avance ha sido limitado. Ahora, tras la mejora en la calificación de riesgo-país otorgada por S&P Global Ratings, crece la expectativa de que se retome su discusión, ya que se requieren instrumentos legales que permitan impulsar los “cambios estructurales” necesarios para mantener dicha calificación.

“Los indicadores de Guatemala son buenos: es un país con baja deuda, con crecimiento económico, estabilidad cambiaria y reservas monetarias internacionales que permiten absorber cualquier shock en la demanda de dólares. Ahorita estamos bien, pero si no se invierte en infraestructura y si no se fortalece la relación con el Congreso para aprobar leyes que impulsen cambios estructurales como la Ley de Alianzas Públicas, en la próxima revisión podría haber retrocesos”, advirtió el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, en una entrevista radial.

En este contexto, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Faver Salazar, sostuvo recientemente un encuentro con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), con el objetivo de establecer un calendario para visitar distintos departamentos del país y socializar la propuesta con alcaldes y cooperativas, promoviendo así la generación de proyectos que beneficien directamente a la población.

Cabe recordar que la reforma propone una serie de modificaciones a la legislación vigente para corregir deficiencias, agilizar procesos y ampliar el alcance de las alianzas público-privadas. Uno de los cambios más relevantes es que ANADIE ya no sería la única entidad facultada para proponer proyectos; el sector privado también podrá presentar iniciativas.

Además, no todos los proyectos requerirían aprobación del Congreso. Dependiendo de su naturaleza, algunos podrían ser autorizados únicamente por el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica y los Concejos Municipales correspondientes.

La propuesta fue presentada el 18 de agosto de 2024 por los diputados Adim Maldonado, León Barrera, Nery Ramos, Jorge Ayala, entre otros, y recibió dictamen favorable el 25 de noviembre de ese mismo año.

Queda por ver si el Legislativo le dará la atención que requiere, o si quedará rezagada entre los múltiples temas pendientes, en un año en el que apenas se han aprobado cuatro decretos.

Aunque actualmente el Congreso se encuentra en receso parlamentario —lo que implica mayor actividad en comisiones—, los asuntos prioritarios podrían ser conocidos en una sesión extraordinaria. No obstante, todo dependerá de la voluntad política de los diputados, quienes desde febrero perciben un salario mensual de GTQ 66 300.