EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Luego de varios años de procesos legales, esta semana fue notificada –finalmente– la resolución de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declara nulos los contratos de usufructo y de operación de la Terminal de Contenedores Quetzal, operada por APM Terminals. Con ello, el gobierno enfrenta su primer crisis verdadera, relacionada con su capacidad de gestión, pero también de operación política.
La nulidad de los contratos tiene potenciales profundas consecuencias económicas. En primer lugar, interrumpe las operaciones de la terminal, lo que provoca retrasos y un aumento de los costos para los importadores y exportadores. Estas interrupciones pueden tener un efecto dominó en toda la economía, afectando a las empresas y a los consumidores.
Pero no es como que el asunto ha tomado por sorpresa a la compañía, a la Empresa Portuaria Quetzal –quien otorgó los contratos anulados– o al gobierno (los gobiernos, desde 2017, para ser precisos). Con tanto tiempo para preparar una salida negociada, legal, económica y técnicamente viable, no se hizo nada. Puntualmente, después de saberse ganadores de la elección, el presidente Bernardo Arévalo y su equipo no contemplaron el escenario al que hoy se enfrentan o, si lo hicieron, no fueron capaces de gestionar eficazmente.
El brete no afecta al gobierno solamente, sino al país. Ya caben recursos legales que puedan aplazar que la resolución cause estado (sea efectivamente cumplida) por lo que ahora es indispensable que se piense “fuera de la caja”; no es una situación que esté contemplada de forma nominada en la ley.
Lo anterior requiere buena voluntad de las partes –que, en principio, no se duda que exista– pero también de capacidad de gestión y es ahí en donde, hasta ahora, el gobierno ha dejado a deber.
Por su parte, la hasta hoy operadora de la terminal, conocía las condiciones con las que adquirió los derechos–acusados de pagar millonarias coimas para conseguir los contratos– de usufructo y operación; su posición para negociar, desde el punto de vista legal, no es la más fuerte. Desde el punto de vista operativo y económico, sí. Si decide abusar de su posición al momento de negociar será en detrimento de los intereses del país.
Si bien la nulidad de los contratos referida plantea desafíos y perturbaciones inmediatos, también presenta una oportunidad para que el país reforme su gobernanza de infraestructura, y construya un sistema transparente y eficiente.
Luego de varios años de procesos legales, esta semana fue notificada –finalmente– la resolución de la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declara nulos los contratos de usufructo y de operación de la Terminal de Contenedores Quetzal, operada por APM Terminals. Con ello, el gobierno enfrenta su primer crisis verdadera, relacionada con su capacidad de gestión, pero también de operación política.
La nulidad de los contratos tiene potenciales profundas consecuencias económicas. En primer lugar, interrumpe las operaciones de la terminal, lo que provoca retrasos y un aumento de los costos para los importadores y exportadores. Estas interrupciones pueden tener un efecto dominó en toda la economía, afectando a las empresas y a los consumidores.
Pero no es como que el asunto ha tomado por sorpresa a la compañía, a la Empresa Portuaria Quetzal –quien otorgó los contratos anulados– o al gobierno (los gobiernos, desde 2017, para ser precisos). Con tanto tiempo para preparar una salida negociada, legal, económica y técnicamente viable, no se hizo nada. Puntualmente, después de saberse ganadores de la elección, el presidente Bernardo Arévalo y su equipo no contemplaron el escenario al que hoy se enfrentan o, si lo hicieron, no fueron capaces de gestionar eficazmente.
El brete no afecta al gobierno solamente, sino al país. Ya caben recursos legales que puedan aplazar que la resolución cause estado (sea efectivamente cumplida) por lo que ahora es indispensable que se piense “fuera de la caja”; no es una situación que esté contemplada de forma nominada en la ley.
Lo anterior requiere buena voluntad de las partes –que, en principio, no se duda que exista– pero también de capacidad de gestión y es ahí en donde, hasta ahora, el gobierno ha dejado a deber.
Por su parte, la hasta hoy operadora de la terminal, conocía las condiciones con las que adquirió los derechos–acusados de pagar millonarias coimas para conseguir los contratos– de usufructo y operación; su posición para negociar, desde el punto de vista legal, no es la más fuerte. Desde el punto de vista operativo y económico, sí. Si decide abusar de su posición al momento de negociar será en detrimento de los intereses del país.
Si bien la nulidad de los contratos referida plantea desafíos y perturbaciones inmediatos, también presenta una oportunidad para que el país reforme su gobernanza de infraestructura, y construya un sistema transparente y eficiente.
