EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Este 30 de noviembre, Guatemala conmemora el Día del Periodista, una fecha que debería celebrarse con orgullo por la labor de quienes informan, investigan y denuncian. Sin embargo, la realidad es otra: el periodismo, sobre todo en los departamentos, sigue siendo una profesión de alto riesgo, marcada por amenazas, agresiones y, en casos extremos, asesinatos. Y lo más preocupante: no existe un sistema efectivo que garantice su protección.
El pasado 13 de noviembre, el gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, asegurando que también incluiría a periodistas. Pero la propuesta ha generado más dudas que certezas. Consultados por este medio, comunicadores de distintas regiones del país no se sienten representados en esa política y rechazan ser incluidos en el mismo “bolsón” que los activistas.
“Para mí sería algo mejor, algo así como muy individualizado. Una cosa son los activistas y otra cosa los periodistas”, señala un reportero del nororiente que prefiere no ser citado por temor a represalias.
La vulnerabilidad se acentúa fuera de la capital. En Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y otras zonas del oriente, el ejercicio periodístico se convierte en una actividad de supervivencia.
“Aquí hay un sistema de justicia vencido”, afirma el periodista consultado. “Si uno denuncia una amenaza, más tarda en poner la denuncia que en recibir represalias. Por eso nadie se atreve a investigar temas sensibles”.
El caso de Luis Lima, de Zacapa (2013), asesinado tras tocar asuntos delicados, sigue siendo un recordatorio brutal de lo que significa ejercer el periodismo independiente en el interior del país.
“Cuando tocó puntos complicados, vino la muerte”, recordó un comunicador consultado. La impunidad es la norma: periodistas secuestrados y desaparecidos, como el caso de Milton Polanco, de Jutiapa, quien sigue sin aparecer desde febrero de este año. “¿Quién ve esos casos? No hay un sistema de protección”, se insiste.
Occidente: silencio impuesto por el miedo
Un periodista de Occidente, que prefiere omitir su nombre por seguridad, coincide en que la política anunciada no responde a la realidad del gremio.
“No podemos mezclar el agua con el aceite. El periodista está amparado en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento. No somos activistas”, afirma.
Para él, la propuesta del gobierno refleja “asesoría inapropiada” y advierte que etiquetar a los periodistas como activistas puede generar estigmas ideológicos: “Van a decir que somos de izquierda, cuando el periodista debe ser imparcial”.
Sobre las acciones urgentes, plantea una visión integral: “La seguridad empieza con dignificación salarial y previsión social. Muchos colegas no tienen seguro médico ni para su equipo. Si el Estado garantiza salud, justicia y seguridad, como dice la Constitución, el periodista podrá trabajar con independencia”.
Pero la realidad es otra: “Aquí no podemos publicar nada sobre narcotráfico. Si lo hacemos, nos matan. Es plata o plomo. Por eso nadie investiga alcaldes financiados por el crimen organizado. No hay garantías para la familia ni para uno mismo”.
La posición de la APG: voluntad política, pero falta hoja de ruta
Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reconoce que la política anunciada es un avance, pero advierte que el reto está en su implementación.
“Lo más importante es que en este momento vemos una decisión política, una voluntad política. Pero hay que definir la hoja de ruta y establecer que todo el mundo sepa realmente que esa política va a generar un programa de protección”, señala.
Recinos recuerda que el debate sobre un sistema de protección para periodistas no es nuevo.
“Hace años se llegó a un consenso entre varios sectores; incluso se estuvo a punto de que el Ministerio de Gobernación lo implementara con la firma del presidente Giammattei. Pero hubo problemas en su estructura y funcionamiento”, explica.
Ana Fresse, directora de diplomados para periodistas, es contundente: “Definitivamente no se mete en el mismo bolsón porque estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Los periodistas trasladan información, son controladores sociales ante la ausencia de justicia, pero no son activistas”.
Para la entrevistada, la decisión del gobierno de incluirlos en la misma categoría es “otro desacierto más”.
Fresse advierte que los periodistas, fuera de la ciudad de Guatemala, son los más desprotegidos y enfrentan riesgos extremos: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, migración irregular, tala ilegal y hasta tráfico de ganado.
“Ellos quieren reportar eso y están en el ojo del huracán. ¿Cómo esta política los va a proteger? No lo sabemos”, cuestiona.
Además, señala otro problema: la falta de representatividad. “Las cámaras y asociaciones no representan del todo bien a los periodistas. Hay intereses, ideologías, falta de modernización. El gremio necesita depurarse y actualizarse”, afirma.
Enfatiza que la protección debe incluir representación real, capacitación y tecnología. “Ya ni corresponsales existen. Les falta reconocimiento y herramientas para adaptarse a la era digital”, concluye.
Análisis crítico de la política
El 13 de noviembre de 2025, el Gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, un documento que, en apariencia, busca fortalecer la seguridad de quienes enfrentan riesgos por su labor. Pero un análisis detenido revela que la política trasciende el mandato original de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convierte en una herramienta de reconfiguración institucional con un fuerte contenido político.
El corazón del problema está en la definición excesivamente amplia de “persona defensora”. Bajo este concepto, la Política agrupa a organizaciones, comunidades indígenas, activistas territoriales, operadores de justicia, comunicadores comunitarios y periodistas en una sola categoría. Este ejercicio de uniformización ignora que los riesgos son distintos. Para el periodismo, cuya labor implica investigar al poder, la amenaza es concreta y directa. Sin embargo, en la Política queda diluida entre actores de intereses diversos, lo cual impide diseñar medidas reales y específicas.
Desde el punto de vista jurídico, la Política descansa en fundamentos débiles. Aunque se ampara en tratados internacionales y en el Plan K’atun, no demuestra que exista una obligación constitucional de crear un régimen especial para “defensores”. La Constitución garantiza protección para toda persona, sin distinciones ideológicas ni políticas. Crear categorías privilegiadas, sin criterios objetivos y sin respaldo legislativo, vulnera principios como igualdad ante la ley, certeza jurídica y separación de poderes.
Por todo ello, esta Política no debe celebrarse como un avance para la libertad de prensa. Guatemala necesita un mecanismo técnico, especializado y jurídicamente sólido para periodistas, no una política amplia que diluye sus riesgos reales y potencialmente afecta el equilibrio institucional del país.
Un llamado urgente en el Día del Periodista
Este 30 de noviembre, mientras se entregan reconocimientos y se pronuncian discursos sobre la importancia de la prensa libre, conviene recordar que en Guatemala ser periodista es una profesión de alto riesgo, especialmente fuera de la capital. La política anunciada por el gobierno es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en acciones concretas: protocolos, fiscalía especializada, protección real y diferenciada.
Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién protege a los periodistas? Hoy, la respuesta es inquietante: nadie. Y mientras eso no cambie, el silencio seguirá ganando terreno, la autocensura se impondrá y la democracia perderá una de sus voces más esenciales.
Este 30 de noviembre, Guatemala conmemora el Día del Periodista, una fecha que debería celebrarse con orgullo por la labor de quienes informan, investigan y denuncian. Sin embargo, la realidad es otra: el periodismo, sobre todo en los departamentos, sigue siendo una profesión de alto riesgo, marcada por amenazas, agresiones y, en casos extremos, asesinatos. Y lo más preocupante: no existe un sistema efectivo que garantice su protección.
El pasado 13 de noviembre, el gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, asegurando que también incluiría a periodistas. Pero la propuesta ha generado más dudas que certezas. Consultados por este medio, comunicadores de distintas regiones del país no se sienten representados en esa política y rechazan ser incluidos en el mismo “bolsón” que los activistas.
“Para mí sería algo mejor, algo así como muy individualizado. Una cosa son los activistas y otra cosa los periodistas”, señala un reportero del nororiente que prefiere no ser citado por temor a represalias.
La vulnerabilidad se acentúa fuera de la capital. En Zacapa, Chiquimula, Jutiapa y otras zonas del oriente, el ejercicio periodístico se convierte en una actividad de supervivencia.
“Aquí hay un sistema de justicia vencido”, afirma el periodista consultado. “Si uno denuncia una amenaza, más tarda en poner la denuncia que en recibir represalias. Por eso nadie se atreve a investigar temas sensibles”.
El caso de Luis Lima, de Zacapa (2013), asesinado tras tocar asuntos delicados, sigue siendo un recordatorio brutal de lo que significa ejercer el periodismo independiente en el interior del país.
“Cuando tocó puntos complicados, vino la muerte”, recordó un comunicador consultado. La impunidad es la norma: periodistas secuestrados y desaparecidos, como el caso de Milton Polanco, de Jutiapa, quien sigue sin aparecer desde febrero de este año. “¿Quién ve esos casos? No hay un sistema de protección”, se insiste.
Occidente: silencio impuesto por el miedo
Un periodista de Occidente, que prefiere omitir su nombre por seguridad, coincide en que la política anunciada no responde a la realidad del gremio.
“No podemos mezclar el agua con el aceite. El periodista está amparado en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Emisión del Pensamiento. No somos activistas”, afirma.
Para él, la propuesta del gobierno refleja “asesoría inapropiada” y advierte que etiquetar a los periodistas como activistas puede generar estigmas ideológicos: “Van a decir que somos de izquierda, cuando el periodista debe ser imparcial”.
Sobre las acciones urgentes, plantea una visión integral: “La seguridad empieza con dignificación salarial y previsión social. Muchos colegas no tienen seguro médico ni para su equipo. Si el Estado garantiza salud, justicia y seguridad, como dice la Constitución, el periodista podrá trabajar con independencia”.
Pero la realidad es otra: “Aquí no podemos publicar nada sobre narcotráfico. Si lo hacemos, nos matan. Es plata o plomo. Por eso nadie investiga alcaldes financiados por el crimen organizado. No hay garantías para la familia ni para uno mismo”.
La posición de la APG: voluntad política, pero falta hoja de ruta
Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), reconoce que la política anunciada es un avance, pero advierte que el reto está en su implementación.
“Lo más importante es que en este momento vemos una decisión política, una voluntad política. Pero hay que definir la hoja de ruta y establecer que todo el mundo sepa realmente que esa política va a generar un programa de protección”, señala.
Recinos recuerda que el debate sobre un sistema de protección para periodistas no es nuevo.
“Hace años se llegó a un consenso entre varios sectores; incluso se estuvo a punto de que el Ministerio de Gobernación lo implementara con la firma del presidente Giammattei. Pero hubo problemas en su estructura y funcionamiento”, explica.
Ana Fresse, directora de diplomados para periodistas, es contundente: “Definitivamente no se mete en el mismo bolsón porque estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Los periodistas trasladan información, son controladores sociales ante la ausencia de justicia, pero no son activistas”.
Para la entrevistada, la decisión del gobierno de incluirlos en la misma categoría es “otro desacierto más”.
Fresse advierte que los periodistas, fuera de la ciudad de Guatemala, son los más desprotegidos y enfrentan riesgos extremos: narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, migración irregular, tala ilegal y hasta tráfico de ganado.
“Ellos quieren reportar eso y están en el ojo del huracán. ¿Cómo esta política los va a proteger? No lo sabemos”, cuestiona.
Además, señala otro problema: la falta de representatividad. “Las cámaras y asociaciones no representan del todo bien a los periodistas. Hay intereses, ideologías, falta de modernización. El gremio necesita depurarse y actualizarse”, afirma.
Enfatiza que la protección debe incluir representación real, capacitación y tecnología. “Ya ni corresponsales existen. Les falta reconocimiento y herramientas para adaptarse a la era digital”, concluye.
Análisis crítico de la política
El 13 de noviembre de 2025, el Gobierno presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, un documento que, en apariencia, busca fortalecer la seguridad de quienes enfrentan riesgos por su labor. Pero un análisis detenido revela que la política trasciende el mandato original de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convierte en una herramienta de reconfiguración institucional con un fuerte contenido político.
El corazón del problema está en la definición excesivamente amplia de “persona defensora”. Bajo este concepto, la Política agrupa a organizaciones, comunidades indígenas, activistas territoriales, operadores de justicia, comunicadores comunitarios y periodistas en una sola categoría. Este ejercicio de uniformización ignora que los riesgos son distintos. Para el periodismo, cuya labor implica investigar al poder, la amenaza es concreta y directa. Sin embargo, en la Política queda diluida entre actores de intereses diversos, lo cual impide diseñar medidas reales y específicas.
Desde el punto de vista jurídico, la Política descansa en fundamentos débiles. Aunque se ampara en tratados internacionales y en el Plan K’atun, no demuestra que exista una obligación constitucional de crear un régimen especial para “defensores”. La Constitución garantiza protección para toda persona, sin distinciones ideológicas ni políticas. Crear categorías privilegiadas, sin criterios objetivos y sin respaldo legislativo, vulnera principios como igualdad ante la ley, certeza jurídica y separación de poderes.
Por todo ello, esta Política no debe celebrarse como un avance para la libertad de prensa. Guatemala necesita un mecanismo técnico, especializado y jurídicamente sólido para periodistas, no una política amplia que diluye sus riesgos reales y potencialmente afecta el equilibrio institucional del país.
Un llamado urgente en el Día del Periodista
Este 30 de noviembre, mientras se entregan reconocimientos y se pronuncian discursos sobre la importancia de la prensa libre, conviene recordar que en Guatemala ser periodista es una profesión de alto riesgo, especialmente fuera de la capital. La política anunciada por el gobierno es un primer paso, pero insuficiente si no se traduce en acciones concretas: protocolos, fiscalía especializada, protección real y diferenciada.
Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿Quién protege a los periodistas? Hoy, la respuesta es inquietante: nadie. Y mientras eso no cambie, el silencio seguirá ganando terreno, la autocensura se impondrá y la democracia perderá una de sus voces más esenciales.
