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Prófugos y procesados expondrán en conversatorio en Ginebra

Ilustración por Milton Argueta
Rafael P. Palomo
23 de junio, 2024

Este lunes 24 de junio se llevará a cabo, en Ginebra, el conversatorio “Seis meses del Gobierno de Arévalo en Guatemala. Avances y desafíos en el sector judicial”, con exfuncionarios que labraron lo que actualmente es el sistema de justicia.

Panorama general. El evento reunirá al ex juez de Alto Riesgo, Miguel Ángel Gálvez; a la ex fiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz; la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Xiomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González. Todos ellos son señalados por su trabajo durante tiempos de CICIG. En los casos de Gálvez y Paz, ambos huyeron el país para evitar la persecución penal.

  • Ambos argumentan revanchismo en su contra; evitar enfrentar el sistema judicial que ambos consolidaron.

Hemeroteca. Entre 2007 y 2019, la CICIG operó en Guatemala con el fin de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Durante su mandato, la CICIG impulsó reformas al sistema de justicia, entre las cuales se encuentran la creación de la FECI (2008) y los Juzgados de Mayor Riesgo (2009). Entre CICIG, el MP-FECI y los Juzgados de Mayor Riesgo se consolidó un entramado judicial que permitió fortalecer a la comisión y justificar la prórroga de su mandato con casos de alto impacto mediático y político.

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  • Muchos de los casos investigados por CICIG estuvieron plagados de irregularidades y violaciones al derecho de defensa, alineando todas las instancias del sistema judicial en pro de la agenda de CICIG.

Entre líneas (I). En noviembre de 2022, Gálvez renunció a su cargo y abandonó el país, bajo el pretexto de ser víctima de persecución por sus resoluciones en los casos investigados por CICIG. Gálvez alegó que consideraba vulnerable su derecho de defensa. Durante su carrera, el juez fue clave para enviar a prisión a exmilitares en casos como “Diario Militar” y “Sepur Zarco”, además de los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”, relacionados al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

  • Gálvez abandonó el país luego de perder el antejuicio.
     
  • El exjuez se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales.
     
  • Además, es señalado de haber abusado de la –ilegal– prisión provisional y haber mantenido en prisión preventiva a acusados por tiempo excesivo.

Entre líneas (II). En 2011, durante su tiempo al frente del MP, Claudia Paz giró instrucciones para la persecución penal “específica y selectiva” en contra de exmilitares, a quienes acusaba de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. El caso violaba la no retroactividad del derecho, persiguiendo a los sindicados por actos presuntamente cometidos en 1987, mientras que el crimen de “delitos conta los deberes de la humanidad” —por lo que se les perseguía— entró en vigor hasta junio de 1996.

  • El MP recibió, en 2022, una denuncia en su contra por los delitos de abuso de autoridad, tortura, usurpación de atribuciones y simulación de delito.
     
  • Actualmente, Claudia Paz reside fuera de Guatemala, al igual que Gálvez. Ambos se niegan a enfrentar los procesos judiciales instaurados en su contra.

En el radar (I). Por su parte, Xiomara Sosa ha sido denunciada por anomalías en el caso Odebrecht, en el que ella trabajó en su tiempo en la FECI. En 2021, la Fiscalía de Asuntos Internos la acusó a ella y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; se les señala de faccionar un acuerdo de colaboración eficaz de manera anómala con personeros de la corrupta constructora brasileña. En febrero de 2022, Sosa fue capturada y procesada por obstrucción de justicia y colusión, aunque sobre la primera acusación se dictó falta de mérito.

  • Si bien, se desconocen los detalles de la acusación —que está bajo reserva—,está relacionada a los intentos de Sosa y su defensora Leily Santizo de llevar, de manera anómala, el expediente de Odebrecht al juzgado de Erika Aifán, jueza reconocida por su manipulación de procesos judiciales a favor del MP y CICIG.

En el radar (II). Por su parte, Claudia González, fue enviada a juicio este año por señalamientos de abuso de autoridad. González fue demandada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling en 2023, por haber ordenado procedimientos irregulares en su contra en un caso de 2017, relacionado con el caso IGSS-Pisa. González impulsó, desde CICIG y con el apoyo de la FECI, una investigación en contra de una magistrada de la CSJ, a pesar de que esta gozara de inmunidad. 

  • Tanto González como Sosa enfrentan sus procesos en Guatemala, a diferencia de Gálvez y Paz. Los fiscales de a pie se quedaron en el país, mientras que los jueces y jefes de fiscalías huyeron.

En conclusión. Los protagonistas del conversatorio en Ginebra comentarán el estado de un sistema judicial, cuyos principales vicios ellos mismos forjaron. No se han aprobado nuevas leyes como para que pudiesen decir que son casuísticas –en su contra–. Su argumentación parece ser que, solo ellos pueden dispensar “justicia”.

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Prófugos y procesados expondrán en conversatorio en Ginebra

Ilustración por Milton Argueta
Rafael P. Palomo
23 de junio, 2024

Este lunes 24 de junio se llevará a cabo, en Ginebra, el conversatorio “Seis meses del Gobierno de Arévalo en Guatemala. Avances y desafíos en el sector judicial”, con exfuncionarios que labraron lo que actualmente es el sistema de justicia.

Panorama general. El evento reunirá al ex juez de Alto Riesgo, Miguel Ángel Gálvez; a la ex fiscal general del Ministerio Público (MP), Claudia Paz; la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Xiomara Sosa, y la exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González. Todos ellos son señalados por su trabajo durante tiempos de CICIG. En los casos de Gálvez y Paz, ambos huyeron el país para evitar la persecución penal.

  • Ambos argumentan revanchismo en su contra; evitar enfrentar el sistema judicial que ambos consolidaron.

Hemeroteca. Entre 2007 y 2019, la CICIG operó en Guatemala con el fin de desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS). Durante su mandato, la CICIG impulsó reformas al sistema de justicia, entre las cuales se encuentran la creación de la FECI (2008) y los Juzgados de Mayor Riesgo (2009). Entre CICIG, el MP-FECI y los Juzgados de Mayor Riesgo se consolidó un entramado judicial que permitió fortalecer a la comisión y justificar la prórroga de su mandato con casos de alto impacto mediático y político.

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  • Muchos de los casos investigados por CICIG estuvieron plagados de irregularidades y violaciones al derecho de defensa, alineando todas las instancias del sistema judicial en pro de la agenda de CICIG.

Entre líneas (I). En noviembre de 2022, Gálvez renunció a su cargo y abandonó el país, bajo el pretexto de ser víctima de persecución por sus resoluciones en los casos investigados por CICIG. Gálvez alegó que consideraba vulnerable su derecho de defensa. Durante su carrera, el juez fue clave para enviar a prisión a exmilitares en casos como “Diario Militar” y “Sepur Zarco”, además de los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”, relacionados al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

  • Gálvez abandonó el país luego de perder el antejuicio.
     
  • El exjuez se le acusa de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, prevaricato y detenciones ilegales.
     
  • Además, es señalado de haber abusado de la –ilegal– prisión provisional y haber mantenido en prisión preventiva a acusados por tiempo excesivo.

Entre líneas (II). En 2011, durante su tiempo al frente del MP, Claudia Paz giró instrucciones para la persecución penal “específica y selectiva” en contra de exmilitares, a quienes acusaba de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. El caso violaba la no retroactividad del derecho, persiguiendo a los sindicados por actos presuntamente cometidos en 1987, mientras que el crimen de “delitos conta los deberes de la humanidad” —por lo que se les perseguía— entró en vigor hasta junio de 1996.

  • El MP recibió, en 2022, una denuncia en su contra por los delitos de abuso de autoridad, tortura, usurpación de atribuciones y simulación de delito.
     
  • Actualmente, Claudia Paz reside fuera de Guatemala, al igual que Gálvez. Ambos se niegan a enfrentar los procesos judiciales instaurados en su contra.

En el radar (I). Por su parte, Xiomara Sosa ha sido denunciada por anomalías en el caso Odebrecht, en el que ella trabajó en su tiempo en la FECI. En 2021, la Fiscalía de Asuntos Internos la acusó a ella y al exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; se les señala de faccionar un acuerdo de colaboración eficaz de manera anómala con personeros de la corrupta constructora brasileña. En febrero de 2022, Sosa fue capturada y procesada por obstrucción de justicia y colusión, aunque sobre la primera acusación se dictó falta de mérito.

  • Si bien, se desconocen los detalles de la acusación —que está bajo reserva—,está relacionada a los intentos de Sosa y su defensora Leily Santizo de llevar, de manera anómala, el expediente de Odebrecht al juzgado de Erika Aifán, jueza reconocida por su manipulación de procesos judiciales a favor del MP y CICIG.

En el radar (II). Por su parte, Claudia González, fue enviada a juicio este año por señalamientos de abuso de autoridad. González fue demandada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling en 2023, por haber ordenado procedimientos irregulares en su contra en un caso de 2017, relacionado con el caso IGSS-Pisa. González impulsó, desde CICIG y con el apoyo de la FECI, una investigación en contra de una magistrada de la CSJ, a pesar de que esta gozara de inmunidad. 

  • Tanto González como Sosa enfrentan sus procesos en Guatemala, a diferencia de Gálvez y Paz. Los fiscales de a pie se quedaron en el país, mientras que los jueces y jefes de fiscalías huyeron.

En conclusión. Los protagonistas del conversatorio en Ginebra comentarán el estado de un sistema judicial, cuyos principales vicios ellos mismos forjaron. No se han aprobado nuevas leyes como para que pudiesen decir que son casuísticas –en su contra–. Su argumentación parece ser que, solo ellos pueden dispensar “justicia”.

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