EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: En seguimiento al caso B410, las autoridades del Ministerio Público (MP), acompañados por la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal regional, Dimas Jiménez, y el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Mario Francisco Pérez Zapeta, brindaron una conferencia de prensa.
- Durante esta citación, los representantes confirmaron la realización de 18 allanamientos, a fin de ejecutar 13 órdenes de captura. De estos allanamientos dos se realizaron en Cobán, uno en Mixco, uno en San Juan Sacatepéquez, trece en el municipio de Guatemala y uno en Antigua Guatemala.
- De acuerdo con los datos brindados, entre las órdenes de captura se encuentran 7 funcionaros del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y otros representantes de entidades asociadas a la estructura de defraudación tributaria.
- Únicamente se realizaron las capturas de David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
Lo imperativo. El fiscal regional Dimas destacó que desde que el MP tomó el control de la investigación, el ente investigador ha realizado cuarenta diligencias aproximadamente y ha recopilado los medios de información necesarios para construir la investigación.
- No obstante, manifestó que el día 16 de diciembre únicamente se operativizó una fase del caso, dada su complejidad y alto nivel técnico.
- Pérez Zapeta confirmó que aún se investiga al perito contador responsable por la comisión de delitos de falsedad ideológica y manipulación de información.
- Asimismo, manifestó que debido a la complejidad de la estructura todavía se deben identificar a las personas vinculadas a las sociedades.
Los datos. Por su parte, el fiscal de Delitos Económicos informó que el primer antecedente que se refiere a la creación de empresas en la colonia Bambi data al mes de noviembre de 2023 y a partir de esta denuncia se pudieron contabilizar 24 más.
- En el mes de febrero de 2024, la fiscalía inició una investigación que fue presentada en la fiscalía de Mixco, ya que es donde residían las primeras 22 personas agraviadas, todas de sexo femenino. La investigación indica que en esta primera instancia un hombre contactó a estas personas a fin de obtener sus datos para crear agencias virtuales en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- A partir de estos detalles se formaron las correspondientes entidades comerciales que se afiliaron a la factura electrónica y empezaron a emitir facturas entre GTQ1,000 y GTQ29,000 para evitar la bancarización.
- El modo de operar se divide en seis etapas: la creación de sociedades anónimas y puestas a la venta; el contacto con el notario David Francisco Barrera Maldonado por parte de clientes potenciales; el envío del listado de las sociedades disponibles; la selección de la sociedad anónima con el precio correspondiente (GTQ13,000); la solicitud del 50 % del valor acordado a su cuenta bancaria personal; y la descripción de Barrera Maldonado como representante legal y accionista mayoritario.
Qué esperar. En agosto, la SAT presentó una denuncia en contra de 35 entidades, entre las cuales se incluían sociedades anónimas, comerciantes individuales, contadores y representantes legales.
- El ente investigador informó que 9 empresas denunciadas, aunque prestaron servicios a 13 entidades gubernamentales entre 2021 y 2024, todavía no han sido localizadas. Desde el 12 de septiembre se solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial, a partir de la cual presentó una denuncia contra el MSPAS.
- Además, 5 de las empresas involucradas se dedican al sector de la construcción entre 2021 y 2023, sin embargo, no pagaron impuestos y utilizaron proveedores no localizables.
- A partir de estas denuncias, el primer allanamiento fue a la oficina de los notarios David Francisco Barrera Maldonad, quien figura como el representante legal de más de 200 empresas involucradas, y José Luis Oropín Mollinedo.
En conclusión. Las autoridades manifestaron que actualmente siguen trabajando en colaboración con la SAT, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los sindicados y realizar las diligencias correspondientes apegadas al derecho tributario y penal.
En seguimiento al caso B410, las autoridades del Ministerio Público (MP), acompañados por la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal regional, Dimas Jiménez, y el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, Mario Francisco Pérez Zapeta, brindaron una conferencia de prensa.
- Durante esta citación, los representantes confirmaron la realización de 18 allanamientos, a fin de ejecutar 13 órdenes de captura. De estos allanamientos dos se realizaron en Cobán, uno en Mixco, uno en San Juan Sacatepéquez, trece en el municipio de Guatemala y uno en Antigua Guatemala.
- De acuerdo con los datos brindados, entre las órdenes de captura se encuentran 7 funcionaros del Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y otros representantes de entidades asociadas a la estructura de defraudación tributaria.
- Únicamente se realizaron las capturas de David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales.
Lo imperativo. El fiscal regional Dimas destacó que desde que el MP tomó el control de la investigación, el ente investigador ha realizado cuarenta diligencias aproximadamente y ha recopilado los medios de información necesarios para construir la investigación.
- No obstante, manifestó que el día 16 de diciembre únicamente se operativizó una fase del caso, dada su complejidad y alto nivel técnico.
- Pérez Zapeta confirmó que aún se investiga al perito contador responsable por la comisión de delitos de falsedad ideológica y manipulación de información.
- Asimismo, manifestó que debido a la complejidad de la estructura todavía se deben identificar a las personas vinculadas a las sociedades.
Los datos. Por su parte, el fiscal de Delitos Económicos informó que el primer antecedente que se refiere a la creación de empresas en la colonia Bambi data al mes de noviembre de 2023 y a partir de esta denuncia se pudieron contabilizar 24 más.
- En el mes de febrero de 2024, la fiscalía inició una investigación que fue presentada en la fiscalía de Mixco, ya que es donde residían las primeras 22 personas agraviadas, todas de sexo femenino. La investigación indica que en esta primera instancia un hombre contactó a estas personas a fin de obtener sus datos para crear agencias virtuales en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
- A partir de estos detalles se formaron las correspondientes entidades comerciales que se afiliaron a la factura electrónica y empezaron a emitir facturas entre GTQ1,000 y GTQ29,000 para evitar la bancarización.
- El modo de operar se divide en seis etapas: la creación de sociedades anónimas y puestas a la venta; el contacto con el notario David Francisco Barrera Maldonado por parte de clientes potenciales; el envío del listado de las sociedades disponibles; la selección de la sociedad anónima con el precio correspondiente (GTQ13,000); la solicitud del 50 % del valor acordado a su cuenta bancaria personal; y la descripción de Barrera Maldonado como representante legal y accionista mayoritario.
Qué esperar. En agosto, la SAT presentó una denuncia en contra de 35 entidades, entre las cuales se incluían sociedades anónimas, comerciantes individuales, contadores y representantes legales.
- El ente investigador informó que 9 empresas denunciadas, aunque prestaron servicios a 13 entidades gubernamentales entre 2021 y 2024, todavía no han sido localizadas. Desde el 12 de septiembre se solicitó a la Contraloría General de Cuentas una auditoría especial, a partir de la cual presentó una denuncia contra el MSPAS.
- Además, 5 de las empresas involucradas se dedican al sector de la construcción entre 2021 y 2023, sin embargo, no pagaron impuestos y utilizaron proveedores no localizables.
- A partir de estas denuncias, el primer allanamiento fue a la oficina de los notarios David Francisco Barrera Maldonad, quien figura como el representante legal de más de 200 empresas involucradas, y José Luis Oropín Mollinedo.
En conclusión. Las autoridades manifestaron que actualmente siguen trabajando en colaboración con la SAT, a fin de esclarecer los hechos, identificar a los sindicados y realizar las diligencias correspondientes apegadas al derecho tributario y penal.
