EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El proyecto del presupuesto 2026 abre un debate sobre prioridades, déficit y controles. Aunque mantiene el gasto en torno al 16 % del PIB, la discrecionalidad en la asignación de fondos y la falta de reglas claras generan preocupaciones respecto a la disciplina fiscal y los límites al Estado.
Por qué importa. El proyecto presentado por el Ejecutivo mantiene la misma estructura tradicional de años previos, con pocas modificaciones sustanciales y un exceso de discrecionalidad en el gasto público.
- Unido al Decreto 7-2025 —que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) retener y ampliar sus fondos sin control—, la propuesta enfrenta fuertes críticas y un alto riesgo de no ser aprobada.
- Aunque el monto global del gasto se mantiene relativamente alineado con el plan presentado previamente —16.2 % del PIB frente al 16.1 % previsto—, surgen diferencias importantes en la composición. El gasto de funcionamiento asciende al 11.2 % del PIB (frente al 10.5 % estimado), mientras que la inversión pública cae a 2.8 % (frente al 4.2 % planificado).
- En paralelo, los ingresos tributarios proyectados son más bajos de lo esperado: 11.8 % del PIB frente al 12.7 % contemplado inicialmente.
Voces. Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte que este desajuste explica que el déficit también supere lo estimado.
- Por su parte, Sigfrido Lee, también investigador asociado del CIEN, recordó que, históricamente, Guatemala ha buscado mantener el déficit por debajo del 2 % como garantía de estabilidad fiscal. “El Gobierno presenta un presupuesto de GTQ 163 783M, lo que implica un déficit de 3.3 % del PIB, un nivel alto para los parámetros históricos del país”
- Lee advirtió que, si se incluyen compromisos adicionales —como los GTQ 2000M previstos en el artículo 127 y que no figuran en los rubros generales—, el déficit podría llegar a 3.5 % del PIB.
- Además, los CODEDE recibieron este año GTQ 12 000M, de los cuales probablemente solo se ejecuten unos GTQ 5000M. Los GTQ 7000M restantes podrían trasladarse a 2026 sin pasar por el Congreso, lo que, de hecho, elevaría el presupuesto a GTQ 170 000M.
Punto de fricción. El problema no es solo el monto, sino la forma en que se asignan los recursos. Se destinan fondos sin proyectos definidos, lo que abre espacio al favorecimiento político y al debilitamiento de los controles democráticos. Lee lo resume como “dar un cheque en blanco”. El orden lógico debería ser claro: primero diseñar proyectos, calcular costos y luego incluirlos en el presupuesto.
- Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos cuestiona especialmente el artículo 59, que reproduce parte del controvertido Decreto 7-2025.
- “Este artículo permite que en 2026 se ejecuten aportes ordinarios y extraordinarios aprobados para 2024 y 2025 que aún no han sido utilizados. Nuestra posición es clara: esta práctica debe abandonarse de inmediato”.
- Según ICEFI, al 31 de agosto de 2025, la ejecución de los CODEDE era baja: 65.3 % en el aporte ordinario de 2024, 65.1 % en el extraordinario de ese mismo año, 28.2 %, y apenas 11.3 % en el 2025, respectivamente.
En conclusión. El presupuesto 2026 refleja un problema estructural: el Ejecutivo busca asignar dinero sin garantizar previamente controles efectivos ni disciplina institucional. Más que incrementar montos, la discusión debería centrarse en reglas claras, control institucional y un Estado limitado a sus funciones esenciales.
- Los analistas coinciden en que esta debería ser la oportunidad para “ordenar la casa”: fortalecer las reglas presupuestarias, mejorar la transparencia y asegurar que cada proyecto cuente con respaldo técnico e impacto socioeconómico medible, antes de aprobar más recursos.
El proyecto del presupuesto 2026 abre un debate sobre prioridades, déficit y controles. Aunque mantiene el gasto en torno al 16 % del PIB, la discrecionalidad en la asignación de fondos y la falta de reglas claras generan preocupaciones respecto a la disciplina fiscal y los límites al Estado.
Por qué importa. El proyecto presentado por el Ejecutivo mantiene la misma estructura tradicional de años previos, con pocas modificaciones sustanciales y un exceso de discrecionalidad en el gasto público.
- Unido al Decreto 7-2025 —que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) retener y ampliar sus fondos sin control—, la propuesta enfrenta fuertes críticas y un alto riesgo de no ser aprobada.
- Aunque el monto global del gasto se mantiene relativamente alineado con el plan presentado previamente —16.2 % del PIB frente al 16.1 % previsto—, surgen diferencias importantes en la composición. El gasto de funcionamiento asciende al 11.2 % del PIB (frente al 10.5 % estimado), mientras que la inversión pública cae a 2.8 % (frente al 4.2 % planificado).
- En paralelo, los ingresos tributarios proyectados son más bajos de lo esperado: 11.8 % del PIB frente al 12.7 % contemplado inicialmente.
Voces. Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), advierte que este desajuste explica que el déficit también supere lo estimado.
- Por su parte, Sigfrido Lee, también investigador asociado del CIEN, recordó que, históricamente, Guatemala ha buscado mantener el déficit por debajo del 2 % como garantía de estabilidad fiscal. “El Gobierno presenta un presupuesto de GTQ 163 783M, lo que implica un déficit de 3.3 % del PIB, un nivel alto para los parámetros históricos del país”
- Lee advirtió que, si se incluyen compromisos adicionales —como los GTQ 2000M previstos en el artículo 127 y que no figuran en los rubros generales—, el déficit podría llegar a 3.5 % del PIB.
- Además, los CODEDE recibieron este año GTQ 12 000M, de los cuales probablemente solo se ejecuten unos GTQ 5000M. Los GTQ 7000M restantes podrían trasladarse a 2026 sin pasar por el Congreso, lo que, de hecho, elevaría el presupuesto a GTQ 170 000M.
Punto de fricción. El problema no es solo el monto, sino la forma en que se asignan los recursos. Se destinan fondos sin proyectos definidos, lo que abre espacio al favorecimiento político y al debilitamiento de los controles democráticos. Lee lo resume como “dar un cheque en blanco”. El orden lógico debería ser claro: primero diseñar proyectos, calcular costos y luego incluirlos en el presupuesto.
- Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos cuestiona especialmente el artículo 59, que reproduce parte del controvertido Decreto 7-2025.
- “Este artículo permite que en 2026 se ejecuten aportes ordinarios y extraordinarios aprobados para 2024 y 2025 que aún no han sido utilizados. Nuestra posición es clara: esta práctica debe abandonarse de inmediato”.
- Según ICEFI, al 31 de agosto de 2025, la ejecución de los CODEDE era baja: 65.3 % en el aporte ordinario de 2024, 65.1 % en el extraordinario de ese mismo año, 28.2 %, y apenas 11.3 % en el 2025, respectivamente.
En conclusión. El presupuesto 2026 refleja un problema estructural: el Ejecutivo busca asignar dinero sin garantizar previamente controles efectivos ni disciplina institucional. Más que incrementar montos, la discusión debería centrarse en reglas claras, control institucional y un Estado limitado a sus funciones esenciales.
- Los analistas coinciden en que esta debería ser la oportunidad para “ordenar la casa”: fortalecer las reglas presupuestarias, mejorar la transparencia y asegurar que cada proyecto cuente con respaldo técnico e impacto socioeconómico medible, antes de aprobar más recursos.
