En el análisis anterior se mencionaron los riesgos del aumento irresponsable del gasto y déficit fiscal, lo que no refleja un compromiso a largo plazo del gobierno, dada la indisciplina fiscal.
- No obstante, más allá de la desmesura del presupuesto 2025, otra preocupación importante es la falta de prioridades.
- Exceptuando los aumentos en algunos renglones de gasto, el presupuesto presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) supone una continuación en las tendencias de gasto de las administraciones anteriores.
- Como consecuencia, este sería el segundo año del gobierno de Arévalo en el que las prioridades de política pública no encuentran un espacio para desarrollarse a partir de los recursos estatales.
En el radar. En términos comparados, el presupuesto estatal guatemalteco se engloba entre uno de los más rígidos de la región, debido a las obligaciones constitucionales y legales que comprometen al Estado.
- Del total del presupuesto, al menos el 37 % se destina para gastos de funcionamiento, lo cual comprende los renglones de remuneraciones y servicios no personales.
- Seguidamente, más del 30 % del presupuesto es consumido por los aportes y transferencias a otras entidades públicas, mayoritariamente municipalidades y Consejos de Desarrollo, cuyo gasto no se alinea con las políticas del gobierno central. El rubro de transferencias de capital ha sido altamente criticado, ya que, a pesar de que dispone de 13 % de los recursos, normalmente se pone a disposición de las agendas de las municipalidades, es como entregarles un cheque en blanco.
- Así pues, según estos datos, únicamente el 18 % está disponible para inversión real y la gestión de las políticas públicas; el resto se destina para los gastos del Ejecutivo, incluyendo secretarías y ministerios.
Lo indispensable. Aunque el margen de maniobra es estrecho, la distribución presupuestaria no refleja una ruta clara de política pública, ni el desarrollo de las promesas hechas durante la campaña.
- En el plan de gobierno del presidente Bernardo Arévalo se prometió una inversión total de más de GTQ 110 000M para la “transformación educativa” y una de GTQ 61 000M para salud durante los cuatro años. No obstante, con relación al Presupuesto 2024 —con ampliación—, ambos rubros registran una disminución en cuanto al porcentaje que representan del presupuesto total.
- Asimismo, mientras que el Ministerio de Economía reporta un aumento de más de GTQ 480M, el Ministerio de Energía y Minas disminuye su asignación significativamente, con GTQ 136M menos.
- Por último, aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es la entidad que más crecerá en términos relativos, dado el aumento de más de GTQ 3500M, preocupa que muchos de los proyectos destino no cuentan con los estudios de factibilidad o las partidas presupuestarias, lo cual reduce la transparencia en el gasto. Adicionalmente, aunque dentro del plan de gobierno —y durante el primer año de gestión— se prometió el avance en la primera línea del Metro en la capital, ese compromiso no se refleja en el proyecto de presupuesto.
Entre líneas. Los expertos indican que no se prioriza y falta inversión; falta compromiso con otras entidades del Estado, que podría generar problemas a largo plazo.
- Aunque existe un claro divorcio entre la gestión central y la local, el aumento exponencial de las asignaciones municipales y de los Consejos de Desarrollo, sugiere la existencia de compromisos poco transparentes entre el Ejecutivo y los diputados distritales.
- Los indicadores sobre la inversión también generan preocupaciones; mientras que, en 2018, de cada quetzal, 18 centavos estaban destinados a la inversión, para 2025, de cada quetzal, únicamente cinco corresponden al rubro de inversión.
- Por lo tanto, el resultado es una pérdida de recursos, lo cual no contribuye al diseño de políticas públicas de desarrollo.
El balance. Si se toma en cuenta el riesgo planteado en el artículo anterior, sobre la existencia de un déficit fiscal superior al 2 %, este únicamente estaría justificado si existieran destinos de gasto claro y priorizado.
- En cambio, esta mala distribución de los recursos confirma la falta de una de hoja de ruta en la administración central.
- Por lo tanto, pese a la narrativa oficial, esta falta de planificación sugiere que únicamente existe una continuidad en la tendencia de los gobiernos anteriores, un gasto improvisado.
En el análisis anterior se mencionaron los riesgos del aumento irresponsable del gasto y déficit fiscal, lo que no refleja un compromiso a largo plazo del gobierno, dada la indisciplina fiscal.
- No obstante, más allá de la desmesura del presupuesto 2025, otra preocupación importante es la falta de prioridades.
- Exceptuando los aumentos en algunos renglones de gasto, el presupuesto presentado por el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) supone una continuación en las tendencias de gasto de las administraciones anteriores.
- Como consecuencia, este sería el segundo año del gobierno de Arévalo en el que las prioridades de política pública no encuentran un espacio para desarrollarse a partir de los recursos estatales.
En el radar. En términos comparados, el presupuesto estatal guatemalteco se engloba entre uno de los más rígidos de la región, debido a las obligaciones constitucionales y legales que comprometen al Estado.
- Del total del presupuesto, al menos el 37 % se destina para gastos de funcionamiento, lo cual comprende los renglones de remuneraciones y servicios no personales.
- Seguidamente, más del 30 % del presupuesto es consumido por los aportes y transferencias a otras entidades públicas, mayoritariamente municipalidades y Consejos de Desarrollo, cuyo gasto no se alinea con las políticas del gobierno central. El rubro de transferencias de capital ha sido altamente criticado, ya que, a pesar de que dispone de 13 % de los recursos, normalmente se pone a disposición de las agendas de las municipalidades, es como entregarles un cheque en blanco.
- Así pues, según estos datos, únicamente el 18 % está disponible para inversión real y la gestión de las políticas públicas; el resto se destina para los gastos del Ejecutivo, incluyendo secretarías y ministerios.
Lo indispensable. Aunque el margen de maniobra es estrecho, la distribución presupuestaria no refleja una ruta clara de política pública, ni el desarrollo de las promesas hechas durante la campaña.
- En el plan de gobierno del presidente Bernardo Arévalo se prometió una inversión total de más de GTQ 110 000M para la “transformación educativa” y una de GTQ 61 000M para salud durante los cuatro años. No obstante, con relación al Presupuesto 2024 —con ampliación—, ambos rubros registran una disminución en cuanto al porcentaje que representan del presupuesto total.
- Asimismo, mientras que el Ministerio de Economía reporta un aumento de más de GTQ 480M, el Ministerio de Energía y Minas disminuye su asignación significativamente, con GTQ 136M menos.
- Por último, aunque el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es la entidad que más crecerá en términos relativos, dado el aumento de más de GTQ 3500M, preocupa que muchos de los proyectos destino no cuentan con los estudios de factibilidad o las partidas presupuestarias, lo cual reduce la transparencia en el gasto. Adicionalmente, aunque dentro del plan de gobierno —y durante el primer año de gestión— se prometió el avance en la primera línea del Metro en la capital, ese compromiso no se refleja en el proyecto de presupuesto.
Entre líneas. Los expertos indican que no se prioriza y falta inversión; falta compromiso con otras entidades del Estado, que podría generar problemas a largo plazo.
- Aunque existe un claro divorcio entre la gestión central y la local, el aumento exponencial de las asignaciones municipales y de los Consejos de Desarrollo, sugiere la existencia de compromisos poco transparentes entre el Ejecutivo y los diputados distritales.
- Los indicadores sobre la inversión también generan preocupaciones; mientras que, en 2018, de cada quetzal, 18 centavos estaban destinados a la inversión, para 2025, de cada quetzal, únicamente cinco corresponden al rubro de inversión.
- Por lo tanto, el resultado es una pérdida de recursos, lo cual no contribuye al diseño de políticas públicas de desarrollo.
El balance. Si se toma en cuenta el riesgo planteado en el artículo anterior, sobre la existencia de un déficit fiscal superior al 2 %, este únicamente estaría justificado si existieran destinos de gasto claro y priorizado.
- En cambio, esta mala distribución de los recursos confirma la falta de una de hoja de ruta en la administración central.
- Por lo tanto, pese a la narrativa oficial, esta falta de planificación sugiere que únicamente existe una continuidad en la tendencia de los gobiernos anteriores, un gasto improvisado.