La Planilla 4 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), encabezada por Gregorio José “Goyo” Saavedra Zepeda, disputa la segunda vuelta para representar al gremio en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 13 de enero de 2026. En la primera ronda obtuvo 5973 votos y avanzó junto a la Planilla 5, en un proceso con participación inédita del gremio. La disputa no es menor: la postuladora definirá el listado de 20 aspirantes que el Congreso elegirá para dirigir las elecciones 2027–2031.
El discurso de independencia de la Planilla 4 se descose al revisar los vínculos familiares y contractuales de Saavedra con el Estado. Registros oficiales dan cuenta de que, en 2025, firmó un contrato por GTQ 70 000 como asesor de la Empresa Portuaria Quetzal. Su entorno cercano profundiza el conflicto de interés: su esposa, Bianka Espósito Macdonald, fue juramentada subdirectora general del INGUAT en marzo de 2025; y su hermano, Julio Saavedra, es el Procurador General de la Nación. Todo ello cuestiona la promesa de “independencia” que vende la Planilla 4.
La afinidad político-partidaria de Saavedra, además, se expresa en Ciudadanía Celeste, partido en formación que desde 2021 busca competir en 2027 y se define como una propuesta de centro‑derecha con agenda de movilidad, transparencia y “dignidad ciudadana”. La propia organización reconoce que está en la etapa de comité pro-formación, con metas de adhesión y presencia territorial, lo que en los hechos acerca la Planilla 4 a una operación para condicionar la composición del TSE en beneficio de su proyecto político.
El brazo legislativo de esta apuesta es el diputado Luis Aguirre, secretario general de CABAL, partido que ha tejido alianzas decisivas en el Congreso —como la que facilitó la elección de la Junta Directiva 2026 que presidirá Luis Contreras— y que incorporó a Roberto Arzú con rol de conducción interna. Estos movimientos le han dado a Aguirre capacidad real para negociar votaciones clave que impactan en designaciones institucionales (incluido el TSE) y en el reparto de poder parlamentario.
Pero CABAL no es un actor neutro. Es un partido cuestionado por abrir sus filas a personajes con señalamientos por vínculos con el crimen organizado. En agosto de 2024, Aguirre reconoció públicamente en el Congreso a José Manuel “Che Manuel” López Morales, condenado por narcotráfico en EE. UU.; y en noviembre de 2025, analistas advirtieron que CABAL “camina la ruta de la UCN” —partido cancelado tras la condena de su líder en Estados Unidos—, por la incorporación de figuras con bases territoriales y cuestionamientos de narco‑política (incluidos Esduin “Tres Kiebres” y Roberto Arzú con señalamientos en medios de comunicación y redes sociales). Aunque tales vínculos no equivalen a condenas penales vigentes, sí son políticamente tóxicos para un partido que aspira a incidir en designaciones del sistema de justicia y del árbitro electoral.
La estrategia en dos pasos luce evidente: Ganar la segunda vuelta del CANG con la Planilla 4 para influir en la integración del listado de aspirantes a magistrados del TSE; y trasladar la estafeta al Congreso, donde Aguirre/CABAL han demostrado capacidad de operación para construir mayorías y negociar nombramientos en favor de sus intereses y aliados. Si esto cuaja, las elecciones que dirigirá el TSE en 2027 y 2031 podrían reflejar alineamientos políticos y alianzas lejos de la independencia que exige la administración electoral.
En conclusión, la Planilla 4 se vende como “renovación”, pero los hechos (contratos estatales, vínculos familiares en el Ejecutivo, partido propio en formación) y sus alianzas (CABAL, cuestionado por integrar perfiles con señalamientos de narco‑política) dibujan un proyecto de captura institucional del TSE. El riesgo no es solo el control de una comisión; es la colonización del árbitro electoral por redes partidarias y operadores con intereses cruzados.
En una democracia frágil, permitir que la postuladora y el Congreso se conviertan en tuberías para colocar magistrados afines sería aceptar que las elecciones de 2027 se jueguen con el árbitro inclinado. La sociedad civil y el propio gremio jurídico deberían exigir reglas claras, incompatibilidades estrictas y voto informado en la segunda vuelta del CANG.
La Planilla 4 del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), encabezada por Gregorio José “Goyo” Saavedra Zepeda, disputa la segunda vuelta para representar al gremio en la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 13 de enero de 2026. En la primera ronda obtuvo 5973 votos y avanzó junto a la Planilla 5, en un proceso con participación inédita del gremio. La disputa no es menor: la postuladora definirá el listado de 20 aspirantes que el Congreso elegirá para dirigir las elecciones 2027–2031.
El discurso de independencia de la Planilla 4 se descose al revisar los vínculos familiares y contractuales de Saavedra con el Estado. Registros oficiales dan cuenta de que, en 2025, firmó un contrato por GTQ 70 000 como asesor de la Empresa Portuaria Quetzal. Su entorno cercano profundiza el conflicto de interés: su esposa, Bianka Espósito Macdonald, fue juramentada subdirectora general del INGUAT en marzo de 2025; y su hermano, Julio Saavedra, es el Procurador General de la Nación. Todo ello cuestiona la promesa de “independencia” que vende la Planilla 4.
La afinidad político-partidaria de Saavedra, además, se expresa en Ciudadanía Celeste, partido en formación que desde 2021 busca competir en 2027 y se define como una propuesta de centro‑derecha con agenda de movilidad, transparencia y “dignidad ciudadana”. La propia organización reconoce que está en la etapa de comité pro-formación, con metas de adhesión y presencia territorial, lo que en los hechos acerca la Planilla 4 a una operación para condicionar la composición del TSE en beneficio de su proyecto político.
El brazo legislativo de esta apuesta es el diputado Luis Aguirre, secretario general de CABAL, partido que ha tejido alianzas decisivas en el Congreso —como la que facilitó la elección de la Junta Directiva 2026 que presidirá Luis Contreras— y que incorporó a Roberto Arzú con rol de conducción interna. Estos movimientos le han dado a Aguirre capacidad real para negociar votaciones clave que impactan en designaciones institucionales (incluido el TSE) y en el reparto de poder parlamentario.
Pero CABAL no es un actor neutro. Es un partido cuestionado por abrir sus filas a personajes con señalamientos por vínculos con el crimen organizado. En agosto de 2024, Aguirre reconoció públicamente en el Congreso a José Manuel “Che Manuel” López Morales, condenado por narcotráfico en EE. UU.; y en noviembre de 2025, analistas advirtieron que CABAL “camina la ruta de la UCN” —partido cancelado tras la condena de su líder en Estados Unidos—, por la incorporación de figuras con bases territoriales y cuestionamientos de narco‑política (incluidos Esduin “Tres Kiebres” y Roberto Arzú con señalamientos en medios de comunicación y redes sociales). Aunque tales vínculos no equivalen a condenas penales vigentes, sí son políticamente tóxicos para un partido que aspira a incidir en designaciones del sistema de justicia y del árbitro electoral.
La estrategia en dos pasos luce evidente: Ganar la segunda vuelta del CANG con la Planilla 4 para influir en la integración del listado de aspirantes a magistrados del TSE; y trasladar la estafeta al Congreso, donde Aguirre/CABAL han demostrado capacidad de operación para construir mayorías y negociar nombramientos en favor de sus intereses y aliados. Si esto cuaja, las elecciones que dirigirá el TSE en 2027 y 2031 podrían reflejar alineamientos políticos y alianzas lejos de la independencia que exige la administración electoral.
En conclusión, la Planilla 4 se vende como “renovación”, pero los hechos (contratos estatales, vínculos familiares en el Ejecutivo, partido propio en formación) y sus alianzas (CABAL, cuestionado por integrar perfiles con señalamientos de narco‑política) dibujan un proyecto de captura institucional del TSE. El riesgo no es solo el control de una comisión; es la colonización del árbitro electoral por redes partidarias y operadores con intereses cruzados.
En una democracia frágil, permitir que la postuladora y el Congreso se conviertan en tuberías para colocar magistrados afines sería aceptar que las elecciones de 2027 se jueguen con el árbitro inclinado. La sociedad civil y el propio gremio jurídico deberían exigir reglas claras, incompatibilidades estrictas y voto informado en la segunda vuelta del CANG.
