El descontento con el sistema político llevó a Colombia a elegir, en 2022, a un exguerrillero como presidente: Gustavo Petro. Ahora, menos de dos años después, el país se encamina en el peligroso camino de una reforma constitucional, tan recurrido por los autócratas.
Es noticia. Tras un sinfín de reveses políticos, el presidente colombiano ha hecho pública su intención de reformar la Constitución de su país. Al llegar al poder, sin embargo, Petro dejó dijo que no lo haría. Sin embargo, poco duró su promesa. El presidente anunció que el proceso de consulta popular para una constituyente ya inició. Petro se refiere a las manifestaciones del Día de los Trabajadores, que ha interpretado como apoyos en pro de un cambio constitucional.
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Petro no cuenta con el apoyo legislativo para iniciar un proceso de esta naturaleza; eso no parece preocuparlo.
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El presidente ha manifestado su intención de llevar a cabo una especie de plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente, evitando así tanto al legislativo como al judicial.
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Petro busca saltarse todos los mecanismos de control intermedios y, así, lograr su cometido. No queda claro cómo lo hará, puesto que —más allá de ser inconstitucional—, no cuenta con el capital político para sobrevivir una ofensiva de esa naturaleza.
Por qué importa. Con una aprobación de solo un 36%, el panorama es cada vez más complicado para el exguerrillero. Su hijo, Nicolás, atraviesa un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito para la campaña de su padre, en la cual, presuntamente, hubo dineros provenientes del narco. Adicionalmente, su gobierno ha sido señalado por el sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades vulnerables y el presunto pago de sobornos a congresistas —para apoyar su agenda legislativa— con ese dinero.
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No obstante, el más reciente escándalo surgió por la denuncia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta violación al límite máximo de dinero para su campaña en 2022.
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Petro podría verse involucrado en un caso de esos que, para su Ministro de Defensa Iván Velásquez, constituye “el pecado original de la democracia”. Este caso —del cuál ha sido directamente beneficiado— no parece molestarle.
Sí, pero. Petro ha iniciado una campaña para cerrar filas y movilizar apoyos entre los barrios más pobres del país. La gira es una respuesta a los recientes escándalos y el crecimiento de la oposición. El pasado 1 de mayo, el presidente se adueñó de la causa del Día de los Trabajadores y movilizó a sus simpatizantes a las calles. Ante una concentración de unas 55 mil personas, afirmó: “no vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa y ésta es la demostración popular de esa decisión”.
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El presidente libra una batalla contra sí mismo y su gobierno, con cifras descontroladas de violencia y una inflación interanual de más de un 7%.
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Su gobierno se ha radicalizado. Pocos meses después de haber tomado posesión, el presidente destituyó a los cuadros moderados de su gabinete.
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Actualmente, no cuenta con las alianzas necesarias para impulsar su agenda.
En conclusión. La falta de apoyo político le ha hecho optar por la vía más efectiva para los gobiernos socialistas en Sudamérica: la de Hugo Chávez. Petro busca saltarse los frenos y contrapesos de la República y dejar su huella reformando la constitución unilateralmente. Su poca popularidad, la ideologización de su gabinete y los escándalos de corrupción que lo rodean han puesto a Petro contra las cuerdas. El presidente está peleando como mejor saben hacerlo los de izquierdas: a través de la radicalización.
El descontento con el sistema político llevó a Colombia a elegir, en 2022, a un exguerrillero como presidente: Gustavo Petro. Ahora, menos de dos años después, el país se encamina en el peligroso camino de una reforma constitucional, tan recurrido por los autócratas.
Es noticia. Tras un sinfín de reveses políticos, el presidente colombiano ha hecho pública su intención de reformar la Constitución de su país. Al llegar al poder, sin embargo, Petro dejó dijo que no lo haría. Sin embargo, poco duró su promesa. El presidente anunció que el proceso de consulta popular para una constituyente ya inició. Petro se refiere a las manifestaciones del Día de los Trabajadores, que ha interpretado como apoyos en pro de un cambio constitucional.
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Petro no cuenta con el apoyo legislativo para iniciar un proceso de esta naturaleza; eso no parece preocuparlo.
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Petro busca saltarse todos los mecanismos de control intermedios y, así, lograr su cometido. No queda claro cómo lo hará, puesto que —más allá de ser inconstitucional—, no cuenta con el capital político para sobrevivir una ofensiva de esa naturaleza.
Por qué importa. Con una aprobación de solo un 36%, el panorama es cada vez más complicado para el exguerrillero. Su hijo, Nicolás, atraviesa un proceso judicial por financiamiento electoral ilícito para la campaña de su padre, en la cual, presuntamente, hubo dineros provenientes del narco. Adicionalmente, su gobierno ha sido señalado por el sobrecosto en la compra de carrotanques para llevar agua potable a las comunidades vulnerables y el presunto pago de sobornos a congresistas —para apoyar su agenda legislativa— con ese dinero.
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No obstante, el más reciente escándalo surgió por la denuncia de dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por una presunta violación al límite máximo de dinero para su campaña en 2022.
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Petro podría verse involucrado en un caso de esos que, para su Ministro de Defensa Iván Velásquez, constituye “el pecado original de la democracia”. Este caso —del cuál ha sido directamente beneficiado— no parece molestarle.
Sí, pero. Petro ha iniciado una campaña para cerrar filas y movilizar apoyos entre los barrios más pobres del país. La gira es una respuesta a los recientes escándalos y el crecimiento de la oposición. El pasado 1 de mayo, el presidente se adueñó de la causa del Día de los Trabajadores y movilizó a sus simpatizantes a las calles. Ante una concentración de unas 55 mil personas, afirmó: “no vamos a retroceder. La historia de Colombia ha cambiado definitivamente y no tiene reversa y ésta es la demostración popular de esa decisión”.
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El presidente libra una batalla contra sí mismo y su gobierno, con cifras descontroladas de violencia y una inflación interanual de más de un 7%.
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Su gobierno se ha radicalizado. Pocos meses después de haber tomado posesión, el presidente destituyó a los cuadros moderados de su gabinete.
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Actualmente, no cuenta con las alianzas necesarias para impulsar su agenda.
En conclusión. La falta de apoyo político le ha hecho optar por la vía más efectiva para los gobiernos socialistas en Sudamérica: la de Hugo Chávez. Petro busca saltarse los frenos y contrapesos de la República y dejar su huella reformando la constitución unilateralmente. Su poca popularidad, la ideologización de su gabinete y los escándalos de corrupción que lo rodean han puesto a Petro contra las cuerdas. El presidente está peleando como mejor saben hacerlo los de izquierdas: a través de la radicalización.