Perú es formalmente una república presidencialista. En la práctica, sin embargo, ha derivado hacia algo más cercano a un régimen parlamentario, pero sin las características estabilizadoras del parlamentarismo.
Es noticia. El 17 de febrero, el Congreso votó abrumadoramente para destituir al presidente interino José Jerí tras solo cuatro meses en el cargo. Los legisladores citaron acusaciones de corrupción y tráfico de influencias como motivos de su destitución. Tras la salida de Jerí, el Congreso eligió al izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente interino. A sus 83 años, Balcázar se convirtió en el octavo presidente en diez años y ejercerá solo hasta las elecciones generales de abril.
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Inmediatamente, múltiples reportes de prensa señalaron que Balcázar enfrenta numerosas controversias pasadas y cuestionamientos legales, incluidas investigaciones y denuncias por corrupción, fraude y tráfico de influencias.
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Solo un día después, el izquierdista fue citado por la justicia peruana a juicio oral por presunta apropiación ilícita, indicando que el péndulo antipresidencial peruano no tendrá piedad, una vez más.
Por qué importa. La clave constitucional de este ciclo reside en la interpretación expansiva de la “incapacidad moral”, la cláusula que el Congreso ha invocado repetidamente para destituir presidentes. Lo que fue diseñado como un mecanismo extraordinario se ha convertido en un instrumento político rutinario. Esta facultad ha convertido al Congreso en un verdugo político sin rendición de cuentas, por lo que el Ejecutivo ha perdido la certeza de mandato fijo que define al presidencialismo. El presidente se ha vuelto una figura provisional y está constantemente negociando su supervivencia.
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Pero Perú no se rediseñó como un sistema parlamentario con votos de confianza, disciplina de coalición o un primer ministro responsable ante un bloque mayoritario.
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En cambio, creó una asimetría con un Congreso altamente fragmentado con poder de destituir y un presidente sin la infraestructura partidaria para defenderse.
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El resultado es una tiranía parlamentaria de facto, no en sentido ideológico, sino estructural. El Congreso puede remover presidentes a voluntad, pero no asume una responsabilidad coherente por los resultados del gobierno.
Cómo funciona. Para este caldo de cultivo convergieron tres factores. Lo primero fue el colapso del sistema de partidos. Los partidos tradicionales de Perú se erosionaron durante décadas, reemplazados por partidos franquicia personalistas que se desintegran después de cada elección —caso similar al guatemalteco—. Sin coaliciones partidarias estables, los presidentes llegan al poder sin respaldo legislativo confiable. El Congreso, igualmente fragmentado, opera mediante alianzas cambiantes en lugar de bloques programáticos.
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Lo segundo fue un diseño constitucional que incentiva la confrontación. El presidente y el Congreso pueden disolverse mutuamente bajo ciertas condiciones. Esta destrucción mutuamente asegurada convierte la política en un juego de supervivencia.
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Ante la más mínima confrontación, la política se vuelve una carrera por ver quién destituye a quién primero. Como tercer eje, la política anticorrupción se ha convertido en el principal lenguaje de legitimidad política.
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El activismo fiscal y la desconfianza pública vuelven políticamente letales las acusaciones, dándoles legitimidad. El resultado es un sistema donde ningún presidente dura y el Congreso sigue siendo impopular. Sin embargo, el Estado no colapsa.
Sí, pero. La paradoja es que, el caos institucional de Perú coexiste con la estabilidad macroeconómica. En el centro de esa continuidad se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú y su presidente de larga data, Julio Velarde. Mientras los jefes de Estado suben y caen, Velarde ha conducido a Perú a través de ciclos de materias primas, turbulencias financieras globales, pandemias y ahora latigazos políticos.
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En efecto, el Banco Central se ha convertido en el ancla del régimen. Los inversionistas y los mercados suelen ignorar el ruido político y ven a Perú a través del mandato de Velarde, y no de su presidente ni de su Congreso.
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Velarde le ha dado a Perú una autonomía del banco creíble, inflación controlada, una moneda comparativamente fuerte y una disciplina fiscal que, aunque tensionada, no ha sido abandonada.
Entre líneas. Velarde funciona menos como un tecnócrata y más como un monarca institucional —no por decreto, sino por permanencia—. Encierra en su figura la continuidad en un sistema que, por lo demás, premia la disrupción. Su permanencia señala que, mientras las instituciones políticas se fragmentan, las instituciones económicas han resistido la captura.
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Esta dualidad explica la resiliencia del Perú. El sistema político es inestable porque los incentivos premian la remoción por encima de la cooperación.
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No obstante, el sistema económico es estable porque la institución político-económica clave está aislada de aquella lógica.
En conclusión. Esta estabilidad no debe ser tomada por asegurada. El riesgo es estructural. Si la volatilidad parlamentaria se extendiera —alguna vez— a la gobernanza monetaria o fiscal, el amortiguador desaparecería.
- Hasta ahora, esa línea se ha mantenido, pero una institución que ha canibalizado la estabilidad del país y acumulado poder absoluto sobre la gobernabilidad, rara vez limitará su alcance meramente al control sobre el Ejecutivo solamente.
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De momento, Perú demuestra que la decadencia institucional en una rama no infecta automáticamente a las demás, pero también muestra cuán frágil es ese equilibrio.
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Con presidentes temporales, una Constitución instrumentalizada y un Congreso que gobierna sin gobernar, Perú se convertirá en un caso de estudio de un sistema presidencialista que mutó a una tiranía parlamentaria inestable, pero con una administración macroeconómica exitosa.
Perú es formalmente una república presidencialista. En la práctica, sin embargo, ha derivado hacia algo más cercano a un régimen parlamentario, pero sin las características estabilizadoras del parlamentarismo.
Es noticia. El 17 de febrero, el Congreso votó abrumadoramente para destituir al presidente interino José Jerí tras solo cuatro meses en el cargo. Los legisladores citaron acusaciones de corrupción y tráfico de influencias como motivos de su destitución. Tras la salida de Jerí, el Congreso eligió al izquierdista José María Balcázar como nuevo presidente interino. A sus 83 años, Balcázar se convirtió en el octavo presidente en diez años y ejercerá solo hasta las elecciones generales de abril.
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Inmediatamente, múltiples reportes de prensa señalaron que Balcázar enfrenta numerosas controversias pasadas y cuestionamientos legales, incluidas investigaciones y denuncias por corrupción, fraude y tráfico de influencias.
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Solo un día después, el izquierdista fue citado por la justicia peruana a juicio oral por presunta apropiación ilícita, indicando que el péndulo antipresidencial peruano no tendrá piedad, una vez más.
Por qué importa. La clave constitucional de este ciclo reside en la interpretación expansiva de la “incapacidad moral”, la cláusula que el Congreso ha invocado repetidamente para destituir presidentes. Lo que fue diseñado como un mecanismo extraordinario se ha convertido en un instrumento político rutinario. Esta facultad ha convertido al Congreso en un verdugo político sin rendición de cuentas, por lo que el Ejecutivo ha perdido la certeza de mandato fijo que define al presidencialismo. El presidente se ha vuelto una figura provisional y está constantemente negociando su supervivencia.
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Pero Perú no se rediseñó como un sistema parlamentario con votos de confianza, disciplina de coalición o un primer ministro responsable ante un bloque mayoritario.
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En cambio, creó una asimetría con un Congreso altamente fragmentado con poder de destituir y un presidente sin la infraestructura partidaria para defenderse.
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El resultado es una tiranía parlamentaria de facto, no en sentido ideológico, sino estructural. El Congreso puede remover presidentes a voluntad, pero no asume una responsabilidad coherente por los resultados del gobierno.
Cómo funciona. Para este caldo de cultivo convergieron tres factores. Lo primero fue el colapso del sistema de partidos. Los partidos tradicionales de Perú se erosionaron durante décadas, reemplazados por partidos franquicia personalistas que se desintegran después de cada elección —caso similar al guatemalteco—. Sin coaliciones partidarias estables, los presidentes llegan al poder sin respaldo legislativo confiable. El Congreso, igualmente fragmentado, opera mediante alianzas cambiantes en lugar de bloques programáticos.
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Lo segundo fue un diseño constitucional que incentiva la confrontación. El presidente y el Congreso pueden disolverse mutuamente bajo ciertas condiciones. Esta destrucción mutuamente asegurada convierte la política en un juego de supervivencia.
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Ante la más mínima confrontación, la política se vuelve una carrera por ver quién destituye a quién primero. Como tercer eje, la política anticorrupción se ha convertido en el principal lenguaje de legitimidad política.
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El activismo fiscal y la desconfianza pública vuelven políticamente letales las acusaciones, dándoles legitimidad. El resultado es un sistema donde ningún presidente dura y el Congreso sigue siendo impopular. Sin embargo, el Estado no colapsa.
Sí, pero. La paradoja es que, el caos institucional de Perú coexiste con la estabilidad macroeconómica. En el centro de esa continuidad se encuentra el Banco Central de Reserva del Perú y su presidente de larga data, Julio Velarde. Mientras los jefes de Estado suben y caen, Velarde ha conducido a Perú a través de ciclos de materias primas, turbulencias financieras globales, pandemias y ahora latigazos políticos.
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En efecto, el Banco Central se ha convertido en el ancla del régimen. Los inversionistas y los mercados suelen ignorar el ruido político y ven a Perú a través del mandato de Velarde, y no de su presidente ni de su Congreso.
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Velarde le ha dado a Perú una autonomía del banco creíble, inflación controlada, una moneda comparativamente fuerte y una disciplina fiscal que, aunque tensionada, no ha sido abandonada.
Entre líneas. Velarde funciona menos como un tecnócrata y más como un monarca institucional —no por decreto, sino por permanencia—. Encierra en su figura la continuidad en un sistema que, por lo demás, premia la disrupción. Su permanencia señala que, mientras las instituciones políticas se fragmentan, las instituciones económicas han resistido la captura.
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Esta dualidad explica la resiliencia del Perú. El sistema político es inestable porque los incentivos premian la remoción por encima de la cooperación.
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No obstante, el sistema económico es estable porque la institución político-económica clave está aislada de aquella lógica.
En conclusión. Esta estabilidad no debe ser tomada por asegurada. El riesgo es estructural. Si la volatilidad parlamentaria se extendiera —alguna vez— a la gobernanza monetaria o fiscal, el amortiguador desaparecería.
- Hasta ahora, esa línea se ha mantenido, pero una institución que ha canibalizado la estabilidad del país y acumulado poder absoluto sobre la gobernabilidad, rara vez limitará su alcance meramente al control sobre el Ejecutivo solamente.
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De momento, Perú demuestra que la decadencia institucional en una rama no infecta automáticamente a las demás, pero también muestra cuán frágil es ese equilibrio.
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Con presidentes temporales, una Constitución instrumentalizada y un Congreso que gobierna sin gobernar, Perú se convertirá en un caso de estudio de un sistema presidencialista que mutó a una tiranía parlamentaria inestable, pero con una administración macroeconómica exitosa.
EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: