EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Alejandro Córdova asegura que transformó una institución debilitada en una entidad más equipada, presente y comprometida con la población. Habla sobre la expansión de oficinas, el fortalecimiento del personal, el papel de la educación y la atención a migrantes y privados de libertad. También cuestiona el rol del Ministerio de Educación (Mineduc) frente al paro magisterial que afecta a miles de estudiantes.
¿Cómo encontró la PDH?
— En estado crítico. La institución estaba abandonada, precarizada y casi sin recursos operativos: el 96 % del presupuesto se destinaba a salarios. Por eso impulsamos un plan estructurado con ocho ejes, el primero enfocado en fortalecer la estructura institucional y dignificar al trabajador.
¿Qué medidas tomaron para revertir ese abandono?
— Logramos un aumento de presupuesto en 2023 por las gestiones con el Congreso. Pudimos comprar computadoras para todos los colaboradores, no solo en la capital, sino en las 35 auxiliaturas del país. Dotamos de papelería, escáneres, fotocopiadoras y tinta. Todo lo necesario para que el personal pudiera brindar atención efectiva a la ciudadanía.
¿Además del equipo, hubo incentivos para el personal?
— Se otorgó un bono de GTQ 3000 en 2022, luego de 15 años sin beneficios. Posteriormente, implementamos nivelación salarial y tres aumentos consecutivos. Hoy, cada trabajador percibe hasta 18 sueldos al año. Con herramientas y motivación en mano, exigimos trabajo concreto y metas alcanzables. El objetivo es devolverles a los guatemaltecos lo que merecen por su contribución como contribuyentes.
¿Cuál es la visión actual de la PDH?
— Somos una institución apolítica, neutral y objetiva. La única ideología que seguimos es el respeto a los derechos humanos. Fiscalizamos al Estado, como lo hace la Contraloría en el gasto público. Nos debemos solo a la población guatemalteca, y actuamos dentro de lo que establece la Constitución y la ley del procurador.
¿Qué lugar ocupa la educación en el enfoque de derechos humanos?
— Es columna vertebral. Como docente universitario, desde hace más de 30 años, creo que un país educado es un país desarrollado. En 2024, capacitamos a más de 299 000 personas en 2215 eventos. Cada auxiliatura tiene al menos un educador, y estamos incorporando uno más. La meta es fortalecer el conocimiento y la credibilidad de la población en los derechos humanos.
¿Cómo se enseña a la población sobre sus derechos?
— A través de talleres, charlas, visitas a universidades, escuelas públicas y privadas. Incluso llevamos obras de teatro a departamentos alejados. Creemos que los derechos humanos deben aprenderse desde la infancia, al igual que matemáticas, historia o ciencias.
¿Qué rol asumió la PDH durante el paro magisterial?
— Desde el 10 de abril acompañamos el movimiento sindical y mantuvimos contacto con el Ministerio de Educación. Cuando el sindicato se instaló en el Palacio Nacional, emitimos un pronunciamiento: lo más importante es la educación de nuestros niños. Son el tesoro más valioso del país.
¿Propusieron alguna solución?
— Sí. Ofrecimos nuestras instalaciones como espacio neutral para que ambas partes pudieran negociar. La PDH no toma partido, pero defiende el derecho humano a la educación. Ante la falta de respuesta oficial, formalizamos la oferta mediante notificaciones al sindicato y al ministerio.
¿Hubo seguimiento ante la afectación a clases?
— Sí. La PDH abrió un expediente por suspensión de clases: ¿Dónde está el plan B del Ministerio? Según datos internos, más de 500 escuelas detuvieron clases por el paro. Si bien el conflicto sindical es relevante, eso no exime al Ministerio de tener alternativas. En pandemia lo hicieron con guías de trabajo. Las soluciones existen si hay voluntad.
¿El Ministerio respondió al llamado?
— El sindicato mostró disposición para negociar. Comunicamos esa intención al Ministerio y propusimos dos fechas tentativas. Hasta la fecha, seguimos esperando confirmación. A su vez, iniciamos otro expediente pidiendo directamente a la ministra qué estrategias tiene para garantizar la educación.
¿Cómo equilibrar manifestaciones y derechos educativos?
— Apelamos al artículo 33 sobre derecho a la manifestación, y al artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que amalgamar ambos derechos, priorizando el interés superior del niño. El diálogo es urgente, no podemos seguir perdiendo días de clase.
¿Cómo enfrenta la PDH los desafíos en centros de privación de libertad?
— Tenemos una defensoría especializada que se encarga de evaluar condiciones de vida, trato recibido y respeto al debido proceso. También velamos por los derechos de los guardias penitenciarios. La sobrepoblación es alarmante: el preventivo de zona 18 tiene un 400 % de ocupación.
¿Y sobre la prisión preventiva?
— Esa figura no existe jurídicamente como muchos la entienden. Como exmagistrado de Sala de Apelaciones, sé que las medidas cautelares tienen vigencia limitada. No pueden renovarse indefinidamente. La ley debe ser pronta y cumplida, de lo contrario, no es justicia.
¿Cuántas personas se encuentran actualmente en prisión preventiva?
— Los datos varían a diario porque dependen de audiencias y modificaciones. Pero lo cierto es que hay hacinamiento y vulneración de derechos. Hay 21 centros de privación en el país que ya no se dan abasto. Este también es un tema de seguridad nacional.
¿Qué acciones concretas ha tomado la PDH?
— Hemos dialogado con el Ministro de Gobernación, y estamos trabajando para garantizar la seguridad sin que se vulneren los derechos fundamentales. Nuestra labor se centra en salud, educación y seguridad: los temas que afectan al guatemalteco cada día.
¿Cuál es la postura de la PDH respecto a los migrantes?
— Velamos por todos: nacionales, extranjeros, personas en tránsito. Nadie debe ser extorsionado por bandas o funcionarios corruptos. Hemos presentado denuncias por extorsión contra migrantes y creado programas de apoyo. Las PDH móviles y nuevas oficinas en El Ceibo, Esquipulas, Río Dulce y Huehuetenango fortalecen nuestra presencia.
¿Ha crecido la presencia institucional de la PDH?
— Sí. Iniciamos con 33 auxiliaturas y estamos por cerrar el año con 38. Queremos sumar ocho más en 2025. Hay regiones donde la población tarda más de ocho horas en llegar a una oficina. Eso ya no puede pasar.
¿La población confía más en la PDH?
— Lo vemos día a día. En bloqueos, protestas o desalojos, lo primero que piden es que la PDH esté presente. Eso demuestra que la institución está recuperando su credibilidad. El año pasado recibimos más de 13 000 denuncias; más de 12 000 ya fueron resueltas.
¿Qué opina la PDH sobre los señalamientos de exjueces, exfiscales y periodistas que se declaran perseguidos políticos?
— Lo primero es dejar claro que el derecho a denunciar es un derecho humano. Si cualquier persona —sea exjuez, exfiscal, periodista o defensor de derechos humanos— considera que sus derechos han sido vulnerados, debe acudir a la Procuraduría. Estamos dispuestos a recibir la denuncia, abrir un expediente e investigar. Tenemos una defensoría especializada para periodistas y defensores de derechos humanos. Esta unidad se enfoca específicamente en atender casos de amenazas, intimidaciones o persecuciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. No hacemos distinciones políticas ni ideológicas. Para nosotros, lo que importa es que se respete el marco constitucional y el derecho al debido proceso.
Alejandro Córdova asegura que transformó una institución debilitada en una entidad más equipada, presente y comprometida con la población. Habla sobre la expansión de oficinas, el fortalecimiento del personal, el papel de la educación y la atención a migrantes y privados de libertad. También cuestiona el rol del Ministerio de Educación (Mineduc) frente al paro magisterial que afecta a miles de estudiantes.
¿Cómo encontró la PDH?
— En estado crítico. La institución estaba abandonada, precarizada y casi sin recursos operativos: el 96 % del presupuesto se destinaba a salarios. Por eso impulsamos un plan estructurado con ocho ejes, el primero enfocado en fortalecer la estructura institucional y dignificar al trabajador.
¿Qué medidas tomaron para revertir ese abandono?
— Logramos un aumento de presupuesto en 2023 por las gestiones con el Congreso. Pudimos comprar computadoras para todos los colaboradores, no solo en la capital, sino en las 35 auxiliaturas del país. Dotamos de papelería, escáneres, fotocopiadoras y tinta. Todo lo necesario para que el personal pudiera brindar atención efectiva a la ciudadanía.
¿Además del equipo, hubo incentivos para el personal?
— Se otorgó un bono de GTQ 3000 en 2022, luego de 15 años sin beneficios. Posteriormente, implementamos nivelación salarial y tres aumentos consecutivos. Hoy, cada trabajador percibe hasta 18 sueldos al año. Con herramientas y motivación en mano, exigimos trabajo concreto y metas alcanzables. El objetivo es devolverles a los guatemaltecos lo que merecen por su contribución como contribuyentes.
¿Cuál es la visión actual de la PDH?
— Somos una institución apolítica, neutral y objetiva. La única ideología que seguimos es el respeto a los derechos humanos. Fiscalizamos al Estado, como lo hace la Contraloría en el gasto público. Nos debemos solo a la población guatemalteca, y actuamos dentro de lo que establece la Constitución y la ley del procurador.
¿Qué lugar ocupa la educación en el enfoque de derechos humanos?
— Es columna vertebral. Como docente universitario, desde hace más de 30 años, creo que un país educado es un país desarrollado. En 2024, capacitamos a más de 299 000 personas en 2215 eventos. Cada auxiliatura tiene al menos un educador, y estamos incorporando uno más. La meta es fortalecer el conocimiento y la credibilidad de la población en los derechos humanos.
¿Cómo se enseña a la población sobre sus derechos?
— A través de talleres, charlas, visitas a universidades, escuelas públicas y privadas. Incluso llevamos obras de teatro a departamentos alejados. Creemos que los derechos humanos deben aprenderse desde la infancia, al igual que matemáticas, historia o ciencias.
¿Qué rol asumió la PDH durante el paro magisterial?
— Desde el 10 de abril acompañamos el movimiento sindical y mantuvimos contacto con el Ministerio de Educación. Cuando el sindicato se instaló en el Palacio Nacional, emitimos un pronunciamiento: lo más importante es la educación de nuestros niños. Son el tesoro más valioso del país.
¿Propusieron alguna solución?
— Sí. Ofrecimos nuestras instalaciones como espacio neutral para que ambas partes pudieran negociar. La PDH no toma partido, pero defiende el derecho humano a la educación. Ante la falta de respuesta oficial, formalizamos la oferta mediante notificaciones al sindicato y al ministerio.
¿Hubo seguimiento ante la afectación a clases?
— Sí. La PDH abrió un expediente por suspensión de clases: ¿Dónde está el plan B del Ministerio? Según datos internos, más de 500 escuelas detuvieron clases por el paro. Si bien el conflicto sindical es relevante, eso no exime al Ministerio de tener alternativas. En pandemia lo hicieron con guías de trabajo. Las soluciones existen si hay voluntad.
¿El Ministerio respondió al llamado?
— El sindicato mostró disposición para negociar. Comunicamos esa intención al Ministerio y propusimos dos fechas tentativas. Hasta la fecha, seguimos esperando confirmación. A su vez, iniciamos otro expediente pidiendo directamente a la ministra qué estrategias tiene para garantizar la educación.
¿Cómo equilibrar manifestaciones y derechos educativos?
— Apelamos al artículo 33 sobre derecho a la manifestación, y al artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que amalgamar ambos derechos, priorizando el interés superior del niño. El diálogo es urgente, no podemos seguir perdiendo días de clase.
¿Cómo enfrenta la PDH los desafíos en centros de privación de libertad?
— Tenemos una defensoría especializada que se encarga de evaluar condiciones de vida, trato recibido y respeto al debido proceso. También velamos por los derechos de los guardias penitenciarios. La sobrepoblación es alarmante: el preventivo de zona 18 tiene un 400 % de ocupación.
¿Y sobre la prisión preventiva?
— Esa figura no existe jurídicamente como muchos la entienden. Como exmagistrado de Sala de Apelaciones, sé que las medidas cautelares tienen vigencia limitada. No pueden renovarse indefinidamente. La ley debe ser pronta y cumplida, de lo contrario, no es justicia.
¿Cuántas personas se encuentran actualmente en prisión preventiva?
— Los datos varían a diario porque dependen de audiencias y modificaciones. Pero lo cierto es que hay hacinamiento y vulneración de derechos. Hay 21 centros de privación en el país que ya no se dan abasto. Este también es un tema de seguridad nacional.
¿Qué acciones concretas ha tomado la PDH?
— Hemos dialogado con el Ministro de Gobernación, y estamos trabajando para garantizar la seguridad sin que se vulneren los derechos fundamentales. Nuestra labor se centra en salud, educación y seguridad: los temas que afectan al guatemalteco cada día.
¿Cuál es la postura de la PDH respecto a los migrantes?
— Velamos por todos: nacionales, extranjeros, personas en tránsito. Nadie debe ser extorsionado por bandas o funcionarios corruptos. Hemos presentado denuncias por extorsión contra migrantes y creado programas de apoyo. Las PDH móviles y nuevas oficinas en El Ceibo, Esquipulas, Río Dulce y Huehuetenango fortalecen nuestra presencia.
¿Ha crecido la presencia institucional de la PDH?
— Sí. Iniciamos con 33 auxiliaturas y estamos por cerrar el año con 38. Queremos sumar ocho más en 2025. Hay regiones donde la población tarda más de ocho horas en llegar a una oficina. Eso ya no puede pasar.
¿La población confía más en la PDH?
— Lo vemos día a día. En bloqueos, protestas o desalojos, lo primero que piden es que la PDH esté presente. Eso demuestra que la institución está recuperando su credibilidad. El año pasado recibimos más de 13 000 denuncias; más de 12 000 ya fueron resueltas.
¿Qué opina la PDH sobre los señalamientos de exjueces, exfiscales y periodistas que se declaran perseguidos políticos?
— Lo primero es dejar claro que el derecho a denunciar es un derecho humano. Si cualquier persona —sea exjuez, exfiscal, periodista o defensor de derechos humanos— considera que sus derechos han sido vulnerados, debe acudir a la Procuraduría. Estamos dispuestos a recibir la denuncia, abrir un expediente e investigar. Tenemos una defensoría especializada para periodistas y defensores de derechos humanos. Esta unidad se enfoca específicamente en atender casos de amenazas, intimidaciones o persecuciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. No hacemos distinciones políticas ni ideológicas. Para nosotros, lo que importa es que se respete el marco constitucional y el derecho al debido proceso.
