EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: La noche del martes —luego de un largo recorrido—el Congreso aprobó una reforma trascendental para el desarrollo del país: la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Esta pieza de legislación representa un avance crucial hacia la modernización de las principales vías de transporte del país, esenciales para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de todos los guatemaltecos.
La LIVP establece un modelo de contratación que fomenta la competencia y la eficiencia, prometiendo carreteras —no solo construidas, sino también mantenidas— en condiciones óptimas; el enfoque de pago por disponibilidad asegura que las empresas contratadas solo recibirán su pago una vez que la infraestructura esté finalizada y en uso, un cambio radical del sistema previo, en donde los pagos eran frecuentes sin garantizar la calidad o la finalización oportuna de las obras, y donde la corrupción campeaba.
La conectividad es el corazón de esta normativa, que prioriza rutas estratégicas de “frontera a frontera” y “puerto a puerto”, así como los anillos periféricos, que son significativos para la movilidad sin tener que atravesar la congestión de la Ciudad de Guatemala. Esto no solo beneficiará al comercio internacional, reduciendo costos y tiempos de transporte, sino también al comercio local, permitiendo una distribución más eficiente de bienes y servicios a lo largo y ancho del país. El turismo es, también, uno de los grandes ganadores.
La ley contempla la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), una entidad que se encargará específicamente de la gestión de proyectos viales prioritarios. Esta dirección tendrá la capacidad de actuar con agilidad, algo que el sistema actual, —con su burocracia y lentitud— no ofrecía.
Es importante no perder de vista que esta ley debe ser implementada con transparencia y rigor. La historia reciente de Guatemala ha mostrado que la corrupción puede infiltrarse en cualquier proceso de contratación pública. Es fundamental que la DIPP opere bajo estrictos controles; la auditoría —para asegurar que los proyectos se desarrollen sin desvíos de fondo o forma— es esencial.
El éxito dependerá de su ejecución. Con la voluntad política y la vigilancia adecuada, Guatemala puede transformar su red vial en una plataforma de crecimiento económico y desarrollo sostenible.
De forma constante —tristemente— salen a luz las carencias, deficiencias y la negligencia de la administración pública, pasadas y presente; una y otra vez somos testigos de las malas decisiones gubernamentales; la pérdida de la confianza en las instituciones y el desencanto con la democracia liberal no son en balde.
Que se den pasos en la vía correcta —del desarrollo económico y beneficio para la población en general— es digno de elogio. República ha sostenido desde el día uno que se criticarán las acciones gubernamentales en detrimento de los ciudadanos —limitando la libertad individual, por ejemplo—, pero también que aplaudirá todas las medidas, sean administrativas o legislativas que, en lugar de entorpecer, promuevan los valores en los que se fundamenta la república. La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es, sin duda, una de estas últimas.
La noche del martes —luego de un largo recorrido—el Congreso aprobó una reforma trascendental para el desarrollo del país: la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). Esta pieza de legislación representa un avance crucial hacia la modernización de las principales vías de transporte del país, esenciales para el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de todos los guatemaltecos.
La LIVP establece un modelo de contratación que fomenta la competencia y la eficiencia, prometiendo carreteras —no solo construidas, sino también mantenidas— en condiciones óptimas; el enfoque de pago por disponibilidad asegura que las empresas contratadas solo recibirán su pago una vez que la infraestructura esté finalizada y en uso, un cambio radical del sistema previo, en donde los pagos eran frecuentes sin garantizar la calidad o la finalización oportuna de las obras, y donde la corrupción campeaba.
La conectividad es el corazón de esta normativa, que prioriza rutas estratégicas de “frontera a frontera” y “puerto a puerto”, así como los anillos periféricos, que son significativos para la movilidad sin tener que atravesar la congestión de la Ciudad de Guatemala. Esto no solo beneficiará al comercio internacional, reduciendo costos y tiempos de transporte, sino también al comercio local, permitiendo una distribución más eficiente de bienes y servicios a lo largo y ancho del país. El turismo es, también, uno de los grandes ganadores.
La ley contempla la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), una entidad que se encargará específicamente de la gestión de proyectos viales prioritarios. Esta dirección tendrá la capacidad de actuar con agilidad, algo que el sistema actual, —con su burocracia y lentitud— no ofrecía.
Es importante no perder de vista que esta ley debe ser implementada con transparencia y rigor. La historia reciente de Guatemala ha mostrado que la corrupción puede infiltrarse en cualquier proceso de contratación pública. Es fundamental que la DIPP opere bajo estrictos controles; la auditoría —para asegurar que los proyectos se desarrollen sin desvíos de fondo o forma— es esencial.
El éxito dependerá de su ejecución. Con la voluntad política y la vigilancia adecuada, Guatemala puede transformar su red vial en una plataforma de crecimiento económico y desarrollo sostenible.
De forma constante —tristemente— salen a luz las carencias, deficiencias y la negligencia de la administración pública, pasadas y presente; una y otra vez somos testigos de las malas decisiones gubernamentales; la pérdida de la confianza en las instituciones y el desencanto con la democracia liberal no son en balde.
Que se den pasos en la vía correcta —del desarrollo económico y beneficio para la población en general— es digno de elogio. República ha sostenido desde el día uno que se criticarán las acciones gubernamentales en detrimento de los ciudadanos —limitando la libertad individual, por ejemplo—, pero también que aplaudirá todas las medidas, sean administrativas o legislativas que, en lugar de entorpecer, promuevan los valores en los que se fundamenta la república. La aprobación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es, sin duda, una de estas últimas.
